Demanda contra EU por ataque a presunta narcolancha abrió un nuevo frente judicial contra el gobierno estadounidense luego de que familiares de dos hombres fallecidos presentaran una acción legal por homicidio culposo. El caso surge tras un ataque con misiles contra una embarcación civil cerca de Venezuela, en el marco de operativos militares impulsados por Washington bajo el argumento del combate al narcotráfico marítimo.

Ataque militar y versión de los familiares

Los demandantes son familiares de Chad Joseph y Rishi Samaroo, ciudadanos de Trinidad y Tobago que murieron el 14 de octubre durante un ataque contra una embarcación señalada por autoridades estadounidenses como una presunta narcolancha. De acuerdo con la demanda, los hombres se encontraban realizando actividades de pesca y agricultura en Venezuela y regresaban a su comunidad en Las Cuevas, Trinidad, cuando fueron alcanzados por los misiles.

La acción legal fue presentada ante un tribunal federal en Boston y sostiene que las víctimas no participaban en actividades criminales ni representaban una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Por el contrario, los abogados argumentan que se trató de una embarcación civil atacada en aguas internacionales, lo que convierte el hecho en una violación grave al derecho internacional.

Demanda: Primer reto legal a la campaña de ataques

La demanda representa el primer desafío judicial directo a una serie de 36 ataques con misiles contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico, autorizados por el gobierno del presidente Donald Trump desde septiembre. Según los abogados de derechos civiles que impulsan el caso, estas operaciones han dejado más de 120 personas muertas, muchas de ellas sin vínculos comprobados con el narcotráfico.

El documento judicial califica la campaña como “manifiestamente ilegal” y acusa al gobierno estadounidense de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales bajo el pretexto de combatir el crimen organizado transnacional. Para los familiares, la falta de procesos de verificación y de rendición de cuentas convierte estas acciones en asesinatos cometidos con negligencia grave.

Argumentos jurídicos y derechos humanos

La demanda fue presentada por abogados del Centro de Derechos Constitucionales y cuenta con el respaldo de la Unión Americana de Libertades Civiles. Se sustenta en la Ley de Muertes en Alta Mar, que permite a familiares demandar por fallecimientos ocurridos fuera del territorio estadounidense cuando hay negligencia, así como en el Estatuto de Reclamación por Agravios contra Extranjeros, una norma de 1789 que habilita litigios por violaciones al derecho internacional.

Baher Azmy, uno de los abogados de los demandantes, afirmó que el caso busca que un tribunal declare ilegales estos ataques y siente un precedente que limite el uso de la fuerza militar contra civiles. Según su postura, permitir este tipo de operaciones sin control judicial erosiona principios básicos como el derecho a la vida y la protección de personas no combatientes.

Contexto regional y repercusiones internacionales

El ataque ocurrió cerca de Venezuela, una zona marcada por tensiones geopolíticas, rutas de tráfico marítimo y operaciones de interdicción impulsadas por Estados Unidos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han advertido que la militarización del combate al narcotráfico en alta mar incrementa el riesgo de errores letales y afecta a comunidades costeras que dependen de la pesca para subsistir.

El caso también plantea interrogantes sobre la soberanía de los países del Caribe y América Latina, así como sobre la legitimidad de operaciones militares unilaterales en aguas internacionales. Expertos señalan que, de prosperar la demanda, podría abrir la puerta a nuevas acciones legales por parte de familiares de otras víctimas.

Un precedente con impacto político y legal

Más allá de la reparación económica que buscan los familiares, la demanda apunta a un debate de fondo sobre los límites del poder militar estadounidense y la necesidad de mecanismos de supervisión más estrictos. El resultado del caso podría influir en futuras estrategias de seguridad y en la forma en que Washington justifica el uso de la fuerza letal fuera de su territorio.

En un escenario internacional cada vez más sensible al respeto de los derechos humanos, el proceso judicial en Boston se perfila como un punto de inflexión. Para las familias de las víctimas, se trata de una oportunidad para obtener justicia; para el gobierno estadounidense, de un reto que pone bajo escrutinio una política de seguridad polémica y de alto costo humano.