El fondo y la forma: el desafío de la transformación nacional
Cada decisión política tiene dos componentes esenciales: el fondo, que refleja el objetivo, y la forma, que define cómo se implementa. En el caso del gobierno de la Cuarta Transformación (4T), liderado por Morena y sus aliados, ambos aspectos están generando debate, pero es la forma la que parece poner en riesgo la estabilidad del país.
Con un proyecto de nación basado en la lucha contra la corrupción, la austeridad republicana, la justicia social y la soberanía, la 4T busca implementar cambios profundos. Sin embargo, los métodos utilizados para alcanzar esos objetivos están generando una creciente volatilidad política y social.
Una agenda de cambio radical
El contenido de la 4T, ampliamente divulgado en campañas y conferencias mañaneras, ha sido claro desde el inicio:
- Austeridad republicana: Reducción del gasto público y eliminación de privilegios.
- Combate a la corrupción: Una narrativa central para legitimar las reformas propuestas.
- Justicia social: Programas sociales masivos para reducir la desigualdad.
- Soberanía nacional: Reducción de la dependencia de actores extranjeros en sectores estratégicos.
Este proyecto ha sido respaldado por una mayoría legislativa que, con rapidez, ha aprobado reformas constitucionales y leyes secundarias para materializar esta visión.
El caso de los organismos autónomos: un ejemplo del cómo
La reciente reforma constitucional que elimina siete organismos autónomos ilustra los riesgos de priorizar la rapidez sobre el cuidado en la ejecución. La Cámara de Diputados aprobó la reforma con dos controversias principales:
- Uso de un texto constitucional desactualizado: Se trabajó sobre un documento que no incluía reformas recientes, como la de la Guardia Nacional, generando un desorden legal que se intentó resolver con una fe de erratas.
- Reservas de última hora: Para evitar conflictos con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se decidió conservar algunas funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Estos ajustes improvisados reflejan un proceso apresurado que deja espacio para errores legales y políticos, comprometiendo la estabilidad institucional.
La forma importa: lecciones de gobernabilidad
Aunque se puede debatir sobre los méritos del proyecto de la 4T, el desorden en su implementación crea incertidumbre en múltiples frentes:
- Inseguridad jurídica: Cambios realizados de manera abrupta pueden generar conflictos legales internos y con socios internacionales, como los miembros del T-MEC.
- Desconfianza en las instituciones: La desaparición de organismos autónomos debilita los contrapesos y concentra el poder, lo que preocupa a sectores que ven en esto un retroceso democrático.
- Riesgo económico: La incertidumbre sobre regulaciones y reformas afecta la inversión extranjera y local, especialmente en sectores como telecomunicaciones y competencia económica.
¿Qué está en juego?
La forma en que se implementan los cambios puede definir el éxito o fracaso de la 4T. Una transformación mal ejecutada no solo puede desestabilizar al país, sino también erosionar los avances logrados en los últimos años.
El caso de los organismos autónomos es solo un ejemplo de cómo el apresuramiento y la falta de atención a los detalles pueden tener consecuencias graves. Sin un proceso cuidadoso, las reformas corren el riesgo de ser impugnadas o de generar un impacto negativo mayor al beneficio que pretenden lograr.
El equilibrio entre velocidad y estabilidad
La Cuarta Transformación enfrenta un dilema: ¿cómo equilibrar la urgencia de sus cambios con la necesidad de estabilidad? La respuesta pasa por reforzar los procesos legislativos y priorizar la transparencia en la toma de decisiones.
Un enfoque más reflexivo no solo garantizaría que las reformas sean duraderas, sino que también permitiría construir confianza entre ciudadanos, actores económicos y aliados internacionales.
La 4T tiene un proyecto ambicioso que podría redefinir a México, pero su éxito depende tanto del fondo como de la forma. Cuidar los procesos y garantizar que los cambios sean sostenibles y legales no es una opción, sino una necesidad para evitar que la transformación se convierta en inestabilidad.
Es momento de que el gobierno valore tanto el qué como el cómo. Solo así podrá construir un legado sólido y evitar que las fracturas en el proceso terminen por debilitar el país que busca transformar.
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