En días recientes, la posible solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) al Congreso de una prórroga de 90 días para las elecciones de jueces, magistrados y ministros ha levantado críticas y dudas sobre la viabilidad de este proceso. Aunque el INE ya ha aprobado acuerdos clave, como el calendario de actividades, las suspensiones judiciales y las limitaciones operativas han encendido las alarmas.
El problema de fondo radica en cómo se diseñó y aprobó esta reforma judicial. Desde el principio, el proceso legislativo que la impulsó careció de un análisis integral: sin estudios técnicos, consulta a expertos o planeación suficiente, se forzó una transformación estructural que ahora enfrenta desafíos enormes.
La falta de planeación: un obstáculo insalvable
La reforma judicial de 2023 buscaba renovar uno de los pilares de la democracia mexicana: el Poder Judicial. Sin embargo, la implementación de este cambio parece haber ignorado una regla básica de la política pública: la viabilidad técnica y operativa.
El INE enfrenta múltiples retos para organizar unas elecciones de esta magnitud:
- Incompatibilidad geográfica: La división electoral no coincide con las jurisdicciones judiciales, lo que requiere ajustes técnicos.
- Material y capacitación: La producción de materiales y la formación de funcionarios electorales suelen comenzar meses antes de la elección.
- Aprobación tardía de normativas estatales: Las legislaturas locales tienen hasta marzo de 2025 para definir las reglas de sus sistemas judiciales, un plazo insuficiente para un proceso tan complejo.
La prisa por aprobar esta reforma no dejó espacio para atender estos detalles. Como resultado, la calidad del proceso electoral está en riesgo, lo que podría traducirse en violaciones a derechos fundamentales y en una baja participación ciudadana.
Implicaciones legales y técnicas
El contexto jurídico también complica el panorama. Aunque el Tribunal Electoral ordenó al INE continuar con el proceso, otras resoluciones judiciales han dictado suspensiones que ponen en pausa elementos clave de la reforma.
Además, la reforma judicial requería una reconfiguración profunda del marco legal, un proceso que suele tardar años. En su lugar, se dio prioridad a una implementación acelerada para cumplir con los tiempos políticos del gobierno saliente.
La ciudadanía, la más afectada
El resultado de esta falta de planeación es una creciente incertidumbre para la ciudadanía. Los derechos fundamentales de participación y representación están en juego, y las decisiones apresuradas comprometen la legitimidad de este proceso histórico.
La participación ciudadana, elemento central de cualquier reforma democrática, está quedando relegada. Sin una correcta comunicación y una infraestructura adecuada, el riesgo es que estas elecciones se perciban como un ejercicio burocrático sin impacto real en la justicia.
¿Qué podemos hacer? Un llamado a la reflexión
El caos actual debe ser una lección para el futuro. La urgencia por cumplir con plazos políticos no puede estar por encima de la planeación estratégica y el respeto al Estado de derecho.
Para garantizar que esta reforma tenga un impacto positivo, es necesario:
- Revisar los plazos: El Congreso debe considerar seriamente una prórroga que permita al INE cumplir con estándares mínimos de calidad.
- Fortalecer la coordinación: Las legislaturas estatales y el INE deben trabajar de manera conjunta para garantizar que las normativas locales estén listas a tiempo.
- Informar a la ciudadanía: Es crucial implementar campañas de comunicación que expliquen el proceso y fomenten la participación activa.
Una oportunidad que no podemos desperdiciar
La reforma judicial es una apuesta audaz por transformar el sistema judicial en México. Sin embargo, sin el tiempo y los recursos necesarios, corre el riesgo de convertirse en una crisis más que en una solución.
Este es el momento de actuar con sensatez, priorizando la calidad del proceso sobre la prisa política. La democracia mexicana lo exige, y la ciudadanía merece un sistema judicial renovado que realmente funcione.
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