La reciente Reforma Judicial en México no solo implica cambios estructurales, sino también una profunda revisión de la ética y prácticas de quienes participan en la impartición de justicia. Desde personas litigantes hasta notarios, académicos y estudiantes de Derecho, todos los actores deben reflexionar sobre su papel en un sistema judicial que aspira a ser más transparente, eficaz y justo.
Las prácticas antiéticas que erosionan la confianza en la justicia
En los tribunales mexicanos, prácticas como:
- Ocultar o sustraer expedientes de forma ilegal.
- Obstaculizar notificaciones.
- Impugnar actuaciones como táctica dilatoria.
Estas estrategias no solo ralentizan la resolución de juicios, sino que también agravan la percepción de que la justicia es inaccesible y corrupta. Al fomentar la desconfianza, estas acciones contribuyen a que las personas opten por mecanismos informales o incluso ilegales para resolver disputas, debilitando así el Estado de Derecho.
La ética profesional: un eje perdido en la abogacía actual
La falta de ética en el ejercicio del Derecho ha generado un círculo vicioso:
- La corrupción y el compadrazgo alimentan la idea de que la justicia se compra.
- Grupos vulnerables, históricamente marginados, enfrentan mayores obstáculos para acceder a tribunales.
- La sociedad percibe a las autoridades como instancias de abuso, no de protección.
Esta realidad ha llevado a que muchas personas elijan resolver sus problemas al margen de las instituciones, lo que amenaza la paz social y perpetúa la desigualdad.
¿Qué tipo de justicia queremos?
Uno de los mayores desafíos es erradicar la percepción de que “conocer a las personas adecuadas” es más eficaz que contar con una estrategia legal sólida. Esta noción refuerza las desigualdades y daña la credibilidad de todo el sistema judicial.
Para cambiar esta narrativa, es indispensable:
- Fortalecer la formación ética en las universidades de Derecho.
- Implementar sanciones efectivas contra prácticas antiéticas.
- Promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas en los órganos jurisdiccionales.
Un llamado a la responsabilidad colectiva de los operadores jurídicos
La consolidación de un sistema judicial ético y eficaz no es tarea exclusiva de jueces y magistrados. El gremio jurídico en su totalidad tiene la obligación de asumir un compromiso ético que garantice un acceso pleno a la justicia.
Siguiendo las palabras de José María Morelos, el objetivo debe ser claro: “Todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda del arbitrario.”
Hacia un sistema judicial transparente y sin discriminación
Es momento de actuar en tres frentes:
- Imponer sanciones contra quienes utilizan prácticas dilatorias o corruptas.
- Garantizar el acceso a la justicia sin importar clase, género o etnia.
- Fomentar la educación continua en ética y derechos humanos para operadores jurídicos.
Solo mediante estas acciones será posible transformar el sistema judicial y consolidar una paz social basada en la confianza en las instituciones.
¡Únete a nuestro canal en WhatsApp! Las noticias más relevantes del día directamente en tu dispositivo móvil.
TE PODRÍA INTERESAR