Genaro García Luna volvió al centro del debate judicial y político tras presentar formalmente una apelación a su condena en Estados Unidos, con la que busca revertir o anular las sentencias dictadas en su contra por delitos relacionados con el narcotráfico. El exsecretario de Seguridad Pública de México argumenta que el proceso estuvo viciado por irregularidades graves, uso de testimonios falsos y una pena desproporcionada, en lo que se perfila como una nueva etapa en uno de los casos más emblemáticos de la cooperación judicial entre México y Estados Unidos.

Genaro García Luna y los argumentos centrales de la apelación

La apelación presentada por Genaro García Luna, fechada el 18 de diciembre y entregada ante un tribunal federal de apelaciones, consta de 78 cuartillas, además de anexos. En el documento, la defensa sostiene que la condena fue “irrazonable tanto en el procedimiento como en el fondo”, al depender —según sus abogados— de información errónea y sanciones más severas de lo necesario para cumplir con los objetivos de la sentencia.

El primer argumento señala que el juicio estuvo contaminado por testimonios falsos de al menos dos testigos clave, así como por la omisión de evidencia relevante por parte de la fiscalía. La defensa afirma que el juez negó indebidamente una audiencia para presentar pruebas descubiertas después del juicio, lo que habría justificado la repetición del proceso.

Limitaciones a la defensa y presunto abuso judicial

Un segundo punto de la apelación de Genaro García Luna acusa al tribunal distrital de haber abusado de su discreción al impedir que los abogados defensores investigaran e interrogaran de manera adecuada a testigos cooperantes, muchos de ellos exlíderes de cárteles. Esta restricción, aseguran, debilitó de forma sustancial el derecho a una defensa plena.

El tercer argumento cuestiona la admisión de pruebas sin relevancia directa, las cuales —según la defensa— generaron un prejuicio indebido en el jurado. Este tipo de evidencia habría influido negativamente en la percepción del acusado, afectando la imparcialidad del veredicto

Evidencia clasificada y relación con agencias de EU

Uno de los puntos más sensibles de la apelación es la negativa de acceso a material clasificado en poder de la fiscalía estadounidense. Los abogados de García Luna sostienen que en esos documentos podría existir amplia evidencia de su relación con las más altas instancias de inteligencia y seguridad pública de Estados Unidos durante más de una década.

De haberse presentado, argumentan, dichos materiales habrían sido cruciales para demostrar que Genaro García Luna fue un aliado estratégico de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y otras iniciativas de seguridad bilateral, lo que habría contrarrestado el caso de la acusación.

La sentencia y su proporcionalidad en disputa

Finalmente, la defensa sostiene que la sentencia de 38 años de prisión y una multa de 2 millones de dólares es excesiva e injustificada. En la apelación se subraya que el fallo se basó principalmente en testimonios no corroborados de nueve exjefes de cárteles, todos ellos detenidos y extraditados mientras García Luna ocupaba un alto cargo en el gabinete mexicano encargado de coordinar la estrategia antinarcóticos con apoyo estadounidense.

Los abogados recalcan que el historial profesional de más de 20 años de García Luna fue revisado y validado durante largo tiempo por agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, sin que entonces se detectaran irregularidades.

Un caso histórico en la relación México–Estados Unidos

Genaro García Luna fue arrestado en Texas el 10 de diciembre de 2019 y presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York el 3 de enero de 2020. Su juicio comenzó el 17 de enero de 2023 y concluyó el 21 de febrero del mismo año, cuando el jurado lo declaró culpable de todos los cargos por aceptar sobornos multimillonarios del cártel de Sinaloa a cambio de protección. La sentencia fue dictada el 16 de octubre de 2024.

El caso marca un precedente histórico, ya que García Luna es el funcionario mexicano de más alto rango jamás enjuiciado por Estados Unidos, lo que le otorga una relevancia política y judicial que trasciende al propio acusado.

Un proceso que aún no termina

La apelación de Genaro García Luna abre un nuevo capítulo en un caso que continúa generando debate sobre la cooperación internacional, el uso de testigos colaboradores y los límites del sistema judicial en casos de alto perfil. Aunque el fallo original sigue vigente, la resolución del tribunal de apelaciones podría redefinir el rumbo de uno de los procesos más simbólicos en la lucha contra el narcotráfico en la región.