Bernardo Arévalo denuncia al juez Orellana por intentar invalidar su triunfo electoral
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presentó una denuncia formal contra el juez Fredy Orellana, quien en octubre pasado intentó anular la personería jurídica de su partido político, Semilla, con el objetivo de invalidar los resultados de las elecciones de 2023 que lo llevaron al poder.
La acción judicial de Orellana, respaldada por la fiscal general Consuelo Porras, fue calificada por Arévalo como un intento de golpe de Estado encubierto, al buscar deslegitimar el proceso electoral y desconocer la voluntad popular expresada en las urnas.
Arévalo, quien asumió la presidencia en enero de 2024, ha convertido esta denuncia en un símbolo de resistencia frente a los intentos de sectores del poder judicial y político que, según él, buscan frenar el proceso democrático y reformista que encabeza.
Un juez sancionado por la comunidad internacional
El juez Fredy Orellana no es un desconocido para la comunidad internacional. Gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos lo han sancionado por socavar la democracia en Guatemala y promover resoluciones judiciales con fines políticos.
Estas sanciones llegaron después de varios fallos controvertidos que Orellana emitió en procesos donde se cuestionaba su imparcialidad y su uso del poder judicial para perseguir a opositores o críticos del sistema.
La nueva denuncia de Arévalo agrava el escenario institucional guatemalteco, pues evidencia una lucha abierta entre el Ejecutivo y un sector del poder judicial que durante años ha sido señalado de corrupción y manipulación política.
Los delitos por los que Arévalo acusa al juez Orellana
En su denuncia, Arévalo acusa a Orellana de los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y usurpación de atribuciones. El presidente presentó el caso ante la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial, solicitando la suspensión provisional del juez y su inhabilitación definitiva para ejercer funciones públicas.
Según el mandatario, Orellana incurrió en faltas graves al intentar alterar el debido proceso y al interferir en otros poderes del Estado, al dirigir oficios al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Congreso de la República, ordenándoles acatar un fallo judicial sin validez constitucional.
La Corte de Constitucionalidad revierte el intento de anulación
Tras el intento del juez, la Corte de Constitucionalidad (CC) actuó de manera contundente. A solicitud de dos abogados independientes, el máximo tribunal revirtió la decisión de Orellana y advirtió que no debía emitir resoluciones que contradijeran las elecciones presidenciales ya declaradas válidas por el TSE.
La decisión de la CC fue vista como un respiro para el gobierno de Arévalo y para la estabilidad democrática de Guatemala. Sin embargo, dejó claro que los intentos de desestabilización institucional siguen latentes en el sistema judicial.
Consuelo Porras, una figura en el centro de la tormenta política
La fiscal general Consuelo Porras ha sido una de las principales opositoras del presidente Arévalo. Desde su llegada al poder, el mandatario ha enfrentado más de 13 solicitudes de retiro de inmunidad promovidas por el Ministerio Público, que buscan investigarlo por distintos cargos.
Estas acciones han sido interpretadas como una ofensiva política para debilitar al Ejecutivo y abrir la puerta a su destitución. No obstante, Arévalo ha contado con el respaldo de organizaciones civiles y de la comunidad internacional, que han denunciado la persecución judicial como un ataque directo a la democracia guatemalteca.
Una lucha por el futuro democrático de Guatemala
La denuncia contra Orellana representa un nuevo capítulo en la batalla entre la renovación democrática que impulsa Arévalo y el viejo poder judicial que busca mantener privilegios e impunidad.
El presidente ha insistido en que su gobierno no se dejará intimidar por amenazas ni por intentos de manipular el sistema judicial. “No vamos a permitir que se pisotee la voluntad del pueblo”, declaró en conferencia de prensa tras presentar la denuncia.
Guatemala vive un momento decisivo. La estabilidad del país depende de que sus instituciones actúen con independencia, transparencia y compromiso con el Estado de derecho. Lo que está en juego no es solo el destino de un gobierno, sino el futuro de una nación que busca reconstruir la confianza en la justicia y en su sistema democrático.
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