La Fiscalía de Guatemala acusó este martes al gobierno del presidente Bernardo Arévalo de presunta corrupción por la firma de un contrato con una agencia de las Naciones Unidas destinado a la compra de medicamentos y equipos médicos. El caso, que involucra a altos funcionarios del Ministerio de Salud y a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), ha desatado una nueva crisis política en el país centroamericano.

Según el fiscal Rafael Curruchiche, el contrato, firmado en abril de 2024, representa un “acto lesivo para los intereses del Estado”, al haber sido suscrito sin la aprobación del Congreso, lo que —a su juicio— constituye una violación a la normativa guatemalteca.

El contrato bajo sospecha

De acuerdo con la fiscalía, el convenio firmado entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Unops asciende a 943.9 millones de dólares y tenía como objetivo la compra de insumos médicos y equipos hospitalarios.

El entonces ministro de Salud, Óscar Cordón, y el director local de la Unops en Guatemala son señalados de haber firmado el acuerdo sin los controles legales correspondientes. El fiscal Curruchiche aseguró que el contrato debió ser aprobado por el Congreso de la República, y sostuvo que su ejecución pudo implicar un mal uso de fondos públicos.

Como resultado de la investigación, un juez emitió una orden de captura contra Cordón, mientras que la fiscalía solicitó retirar la inmunidad al actual ministro de Salud, Joaquín Barnoya, a quienes se acusa de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado.

Curruchiche también afirmó que la operación fue ordenada directamente por el presidente Arévalo y su hermano Martín Arévalo, quien trabaja como funcionario de la Unops en Roma.

Respuesta del presidente Arévalo

El presidente Bernardo Arévalo rechazó de manera tajante las acusaciones del Ministerio Público, calificándolas de “ficción” y “fantasías animadas”. En una conferencia de prensa, sostuvo que la denuncia forma parte de una campaña de persecución política impulsada por sectores que buscan desacreditar a su gobierno.

“Inventan casos como el que se está inventando ahora, es una ficción”, afirmó Arévalo ante los medios, insistiendo en que el proceso fue transparente y que el contrato con la ONU buscaba garantizar la compra eficiente de medicamentos mediante un organismo internacional reconocido por su experiencia.

El mandatario también desmintió cualquier participación de su hermano en las gestiones relacionadas con el contrato, recordando que Martín Arévalo es representante de la Unops ante la FAO y que su cargo en Roma no tiene vínculo alguno con las operaciones en Guatemala.

“Mi hermano no tiene nada que ver, ni remotamente, con las gestiones que se hacen a nivel nacional”, señaló.

Un conflicto institucional en aumento

La disputa entre el presidente Bernardo Arévalo y la Fiscalía General no es nueva. Desde antes de su toma de posesión en enero de 2024, el mandatario ha acusado a la fiscal general Consuelo Porras y al propio Curruchiche de intentar impedir su llegada al poder mediante investigaciones cuestionadas y acusaciones sin sustento.

Arévalo ha denunciado reiteradamente que el Ministerio Público actúa con motivaciones políticas, buscando frenar las políticas anticorrupción de su gobierno. Por su parte, la fiscal general —cuyo mandato se extiende hasta mayo de 2026— ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla “corrupta” y “antidemocrática”.

El enfrentamiento entre ambos poderes ha generado tensiones institucionales y preocupación entre organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos, quienes temen un deterioro del Estado de derecho en Guatemala.

Contexto internacional y repercusiones

La Unops, agencia de la ONU especializada en la gestión de adquisiciones y proyectos, suele ser contratada por gobiernos que buscan mayor transparencia y eficiencia en procesos de compra pública. Sin embargo, los señalamientos de la fiscalía podrían afectar la relación del gobierno guatemalteco con organismos internacionales, en un momento en que el país intenta fortalecer su cooperación externa.

Analistas locales han advertido que este nuevo caso podría profundizar la polarización política y debilitar los esfuerzos del presidente Arévalo por recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

Asimismo, observadores internacionales consideran que el caso refleja una lucha de poder entre un gobierno reformista y una fiscalía señalada por su cercanía con estructuras tradicionales del poder político y judicial en Guatemala.

La acusación de la Fiscalía de Guatemala contra el gobierno de Bernardo Arévalo por presunta corrupción en un contrato con la ONU marca un nuevo episodio en la compleja crisis política e institucional que vive el país.

Mientras el Ministerio Público insiste en que el acuerdo fue ilegal y perjudicial para los intereses del Estado, el presidente sostiene que se trata de una ofensiva política destinada a frenar su agenda de reformas y transparencia.

El caso pone nuevamente en evidencia la fragilidad del sistema judicial guatemalteco y la profunda desconfianza entre el Ejecutivo y la Fiscalía, una confrontación que amenaza con afectar la gobernabilidad y la estabilidad del país en los próximos meses.

La comunidad internacional, por su parte, observa con cautela el desarrollo de este conflicto, consciente de que su desenlace podría definir el rumbo democrático y anticorrupción de Guatemala en los años por venir.