La Corte Internacional de Justicia (CIJ) analiza uno de los casos más trascendentales de la historia: la Opinión Consultiva sobre las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático.
La pregunta clave es si el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible debe ser reconocido como derecho internacional consuetudinario, lo que lo haría vinculante para todos los países, sin importar su reconocimiento en tratados o legislaciones nacionales.
De confirmarse esta postura, los Estados estarían obligados a garantizar la protección ambiental como un derecho humano, con implicaciones en políticas nacionales, litigios internacionales y la responsabilidad de empresas y gobiernos frente a la crisis climática.
El dilema legal: ¿un derecho vinculante o solo una aspiración?
La comunidad internacional está dividida. Durante las audiencias de diciembre de 2024, más de 60 países apoyaron que el derecho a un ambiente sano debe ser vinculante, mientras que diez naciones, entre ellas Estados Unidos, China y Alemania, se opusieron, argumentando que su reconocimiento en resoluciones de la ONU es solo político y no tiene fuerza legal.
La decisión de la CIJ no es solo un debate jurídico, sino una cuestión existencial para la humanidad. La triple crisis planetaria—cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad—afecta de manera desproporcionada a comunidades vulnerables.
Eventos extremos como huracanes, incendios, sequías y el aumento del nivel del mar están desplazando a millones de personas, evidenciando la urgencia de este debate.
El derecho internacional consuetudinario y la protección ambiental
Para que una norma sea considerada derecho internacional consuetudinario, debe cumplir dos condiciones:
- Práctica generalizada y consistente entre los Estados.
- Aceptación como obligatoria (opinio juris).
En este caso, ambos criterios se cumplen:
- Desde la década de 1970, más de 160 países han reconocido el derecho a un ambiente sano en sus legislaciones o constituciones.
- La Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos lo reconocieron en 2021 y 2022.
- Miles de sentencias judiciales han responsabilizado a gobiernos y empresas por daños ambientales.
El argumento en contra de que sea vinculante es que algunos Estados aún no lo reconocen, pero lo mismo ocurre con derechos como la prohibición de la tortura o el derecho a la vida, que siguen siendo vinculantes a nivel internacional.
Las implicaciones de la decisión de la CIJ
El reconocimiento del derecho a un ambiente sano como derecho internacional consuetudinario tendría consecuencias directas en la política global:
- Nuevas obligaciones para los Estados, que tendrían que adoptar leyes más estrictas para combatir la contaminación y la crisis climática.
- Posibilidad de litigios internacionales, permitiendo que comunidades afectadas demanden a gobiernos o empresas por daños ambientales.
- Mayor presión sobre industrias contaminantes, con implicaciones económicas para sectores como la energía, la minería y la agricultura.
- Reforzamiento de acuerdos climáticos, como el Acuerdo de París, al convertir el derecho ambiental en una norma obligatoria.
Si la CIJ confirma este derecho como vinculante, se crearía un precedente sin precedentes en la lucha contra la crisis climática.
Conclusión: el futuro de la justicia climática
El mundo enfrenta una crisis ambiental sin precedentes, y la decisión de la CIJ marcará el rumbo de la justicia climática en las próximas décadas.
Si el derecho a un ambiente sano es reconocido como una obligación internacional para los Estados, se abrirá una nueva era en la protección del planeta y los derechos humanos.
La lucha contra el cambio climático necesita más que compromisos políticos. Necesita normas jurídicas claras que obliguen a los gobiernos y las empresas a actuar antes de que sea demasiado tarde.
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