El intento del Ayuntamiento de Mérida por incrementar de manera significativa los cobros a tianguistas, comerciantes fijos y semifijos abrió un debate público sobre la coherencia financiera y política del gobierno municipal.
La propuesta, incluida inicialmente en la Ley de Ingresos 2026, se justificó con el argumento de la falta de recursos para obras y servicios, pero se presentó en un contexto marcado por un gasto superior a 214 millones de pesos destinados a publicidad institucional y promoción de la imagen de la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada.
La iniciativa de Ley de Hacienda 2026 de Mérida contemplaba aumentos de hasta 600% en algunos casos. De acuerdo con legisladores locales, un comerciante que ocupa dos metros cuadrados y pagaba alrededor de 311 pesos mensuales habría pasado a cubrir cuotas superiores a los 2 mil 200 pesos.
La medida generó inconformidad entre vendedores que operan en parques, ferias y calles de la ciudad, para quienes estos cobros representan un impacto directo a su economía y subsistencia familiar.
De acuerdo con un censo reciente realizado por el Ayuntamiento de Mérida, en toda la ciudad se contabilizan aproximadamente 8 mil 790 vendedores entre ambulantes, tianguistas y locatarios de mercados municipales.
De ese total, mil 230 son vendedores ambulantes que operan en calles y espacios públicos sin sitio fijo, 3 mil 940 son tianguistas que venden en parques y ferias, y otros 3 mil 620 son comerciantes con local concesionado en mercados municipales, aunque muchos ocupan espacios exteriores adicionales.
Si a cada uno de estos comerciantes se les cobrara los 2,200 pesos que según el incremento se pretendía gravar por cada dos metros cuadrados, el municipio habría ingresado a sus arcas al menos 232 millones 56 mil pesos anuales.
Rechazo al incremento de Cecilia Patrón
Desde el Congreso del Estado, la bancada de Morena fijó una postura de rechazo al considerar que el incremento carecía de proporcionalidad social.
La diputada Estefanía Baeza Martínez explicó que la propuesta enviada por el Ayuntamiento ya contemplaba el aumento y que fue hasta la presión social y legislativa cuando se modificó.
“Los tianguistas están ahí muchas veces por supervivencia y estos cobros implican un golpe muy duro a su economía”, señaló al referirse a los diálogos sostenidos con comerciantes de su distrito.
Baeza detalló que, durante el análisis en la Comisión de Presupuesto, se evidenció que el propio Ayuntamiento impulsó los cambios y posteriormente dio marcha atrás. “Le bajaron otra vez al 2.5 por la presión social y por la presión que estuvimos haciendo los diputados”, afirmó.
También subrayó que, en el caso de los puestos fijos y semifijos, la administración municipal continuó cobrando bajo un esquema anterior, pese a que ya existía una nueva fórmula aprobada, lo que habría generado cobros por encima de lo establecido.
Cobros irregulares
Desde el Cabildo de Mérida, el regidor Adrián Gorocica sostuvo que la fracción de Morena advirtió desde un inicio que fijar el cobro en 10 UMAS por metro cuadrado implicaba un nuevo gravamen y un aumento legalmente significativo.
“Exigimos que se verifique que no se estén cobrando cantidades de más y que pudieran ser ilegales”, indicó, al señalar que el tema no avanzó por casualidad, sino por la presión ejercida tanto a nivel municipal como legislativo.
Gorocica añadió que una de las principales preocupaciones fue que, durante meses, se siguiera aplicando el cobro en UMAS sin notificar a los comerciantes sobre el cambio de fórmula vigente.
“Esto queda claro: el Ayuntamiento pretendía realizar un aumento desproporcionado para 2026”, afirmó, al reconocer el respaldo del Congreso para frenar la medida.
Recursos para el municipio, la excusa municipal
El Ayuntamiento de Mérida, por su parte, sostuvo públicamente que no se incrementaron las cuotas y que los cobros actuales derivan de la actualización anual de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), vigente desde 2017. En su postura oficial, señaló que las cuotas permiten financiar servicios como recolección de basura, baños portátiles y labores de supervisión en la vía pública, a cargo de más de 70 inspectores municipales.
Sin embargo, la discusión fiscal se desarrolló en paralelo a la revelación del gasto en comunicación social. Investigaciones periodísticas documentaron que el municipio destina más de 214 millones de pesos anuales a publicidad, una cifra similar a lo que se pretendía cobrar a los comerciantes para obtener recursos para obra pública.
Cuotas que no se reflejan en la ciudad de Mérida
La diputada Estefanía Baeza contrastó ambos escenarios al señalar que la justificación del Ayuntamiento fue la necesidad de mayores ingresos, sin que ello se refleje en mejoras visibles.
“Continuamos con baches, falta de alumbrado y atención a parques; pero se gasta demasiado en publicidad”, expresó, al apuntar que existen márgenes para redireccionar recursos sin trasladar la carga a los sectores de menores ingresos.
En el mismo sentido, los legisladores morenistas recordaron que los recursos recaudados de comerciantes populares deberían traducirse en servicios públicos de calidad, lo que no siempre ocurre. Esta percepción fue uno de los argumentos centrales para rechazar la modificación a la Ley de Hacienda Municipal.
LA PRESIÓN SOCIAL FUE UN FACTOR DETERMINANTE
Protestas de tianguistas, reuniones con autoridades y el posicionamiento público de regidores y diputados derivaron en la eliminación del aumento propuesto por el gobierno de Cecilia Patrón Laviada.
No obstante, el retiro de la medida fue presentado por el gobierno municipal como resultado de su apertura al diálogo, una narrativa que contrasta con la secuencia de hechos documentada en el proceso legislativo.
El episodio dejó en evidencia tensiones entre el discurso de austeridad y la práctica presupuestal, mientras se planteaba la necesidad de mayores ingresos provenientes del comercio popular, el gasto en promoción institucional se mantuvo intacto, incluso con un énfasis notable en la imagen personal de la alcaldesa en medios tradicionales y plataformas digitales.
Baeza y Gorocica coincidieron en que el Cabildo tiene facultades para redistribuir el presupuesto y priorizar rubros sensibles como servicios públicos, infraestructura urbana y apoyo al comercio local. La discusión, señalaron, no es solo técnica, sino política, al definir a qué sectores se les exige mayor contribución y en qué se utilizan los recursos públicos.
En este contexto, el freno al incremento no cerró el debate. Legisladores y regidores anunciaron que mantendrán vigilancia sobre los cobros vigentes y el destino del gasto municipal, en particular en materia de comunicación social, para verificar que las decisiones fiscales se apeguen a criterios de legalidad y equidad.
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