Reforma Electoral es hoy una de las principales demandas de los pueblos indígenas y del pueblo afromexicano en México. A más de dos siglos de vida independiente, estas comunidades buscan que el sistema político reconozca plenamente su derecho a la participación y representación política, acorde con su visión colectiva, sus normas propias y su carácter de sujetos de derecho público.

El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), en representación de 70 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano, presentó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral una serie de propuestas orientadas a transformar un sistema que, aseguran, ha sido históricamente ajeno a sus realidades sociales, culturales y políticas.

Exclusión histórica en el sistema electoral

Desde la perspectiva del CNPI, el actual modelo electoral no refleja la pluralidad cultural del país. A pesar de los avances normativos, el sistema sigue careciendo de representantes que cuenten con el respaldo directo de las comunidades indígenas y afromexicanas. Esto ha generado una brecha entre la estructura institucional del Estado y las formas tradicionales de organización política de los pueblos.

El Consejo sostiene que la exclusión no es solo numérica, sino estructural: las reglas del juego electoral no reconocen los procesos colectivos, las asambleas comunitarias ni los sistemas normativos propios, lo que limita la participación real y efectiva.

El artículo 2º constitucional como base del cambio

Uno de los pilares de la propuesta del CNPI es la reciente modificación al artículo 2º de la Constitución, derivada de la reforma judicial y la reforma en materia de derechos indígenas. Este artículo reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, lo que abre la puerta a replantear la manera en que se eligen las y los representantes populares.

La Reforma Electoral, señalan, debe armonizarse con este nuevo marco constitucional para permitir que las candidaturas y los procesos de elección respondan a los procedimientos y normas internas de los pueblos, garantizando así el ejercicio de sus derechos colectivos.

Reforma electoral: Representación en el Congreso y legislaturas locales

Entre las propuestas centrales se encuentra la garantía de representación política efectiva en el Congreso de la Unión y en las legislaturas estatales. El CNPI plantea que todos los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano tengan presencia en los espacios donde se toman decisiones nacionales y locales.

Esto implicaría modificar las reglas de acceso a cargos de elección popular para asegurar que las comunidades no solo sean consideradas como cuotas, sino como actores políticos con voz propia y legitimidad comunitaria.

Candidaturas directas y sistemas normativos propios

Otro punto clave es el reconocimiento del derecho a presentar candidaturas de manera directa, sin intermediación de partidos políticos, cuando así lo determinen las comunidades. Estas candidaturas deberían ser electas conforme a los sistemas normativos indígenas, respetando las decisiones de las Asambleas Generales.

En el ámbito municipal, el CNPI propone fortalecer el reconocimiento de los municipios que se rigen por usos y costumbres, así como garantizar que, en los municipios bajo régimen de partidos, los representantes indígenas y afromexicanos cuenten con prerrogativas plenas para competir y gobernar.

Coordinación regional y sujetos de derecho público

La propuesta también incluye el reconocimiento de la coordinación y asociación regional entre municipios y comunidades indígenas, tomando en cuenta su filiación étnica, cultural, lingüística, territorial e histórica. Estas formas de organización colectiva deberían tener carácter jurídico pleno como sujetos de derecho público, fortaleciendo la autonomía y la gestión regional.

Este enfoque busca superar la fragmentación administrativa y permitir que los pueblos ejerzan su derecho a la libre determinación de manera articulada.

Obligaciones de las autoridades electorales

El CNPI plantea que la Reforma Electoral establezca de forma expresa la obligación de los Institutos y Tribunales Electorales de garantizar los principios de pluriculturalidad, interculturalidad, pluralismo jurídico y libre determinación. Esto implicaría cambios en criterios, procedimientos y resoluciones, alineados con la diversidad cultural del país.

Un proceso respaldado por consulta y diálogo

Las propuestas no surgen de manera aislada. El Consejo destaca que son el resultado de un amplio proceso de consulta iniciado en 2019, con 54 foros regionales y 62 asambleas realizadas hasta 2021. Este trabajo colectivo respalda el carácter legítimo y representativo de la iniciativa.

La Reforma Electoral representa una oportunidad histórica para que los pueblos indígenas y afromexicanos ejerzan, por fin, su derecho a una representación plena y efectiva. Para el CNPI, no se trata solo de una reforma legal, sino de saldar una deuda histórica y consolidar una democracia verdaderamente pluricultural y justa. El voto y la voz colectiva de estas comunidades reclaman el espacio que les corresponde en la toma de decisiones del país.