A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, la FGR abrió cuatro nuevas líneas de investigación y reportó 30 detenciones en dos años.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en la conferencia mañanera que el caso Ayotzinapa no está cerrado y que la investigación continuará hasta esclarecer qué ocurrió con los 43 normalistas desaparecidos, localizar a los jóvenes y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables. La declaración ocurrió después de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un nuevo informe público sobre los avances de la investigación, a 12 años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
“No está cerrada la investigación y no se va a cerrar hasta que no se encuentre la verdad, se haga justicia y encontremos dónde están los jóvenes”, sostuvo la mandataria al referirse al compromiso de su gobierno con las madres y padres de los estudiantes.
La noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fueron atacados en Iguala. Seis personas fueron asesinadas, decenas resultaron heridas y 43 normalistas fueron desaparecidos. Doce años después, el paradero de la mayoría de ellos continúa sin esclarecerse. Hasta ahora, solamente se han identificado restos de tres estudiantes: Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Caso Ayotzinapa: la FGR abrió cuatro nuevas líneas
El informe presentado el 28 de septiembre por la FGR y la Secretaría de Gobernación establece que la investigación actual parte de un nuevo análisis de documentos, expedientes y registros telefónicos acumulados durante 12 años. La Fiscalía señaló que el objetivo es relacionar información que anteriormente no había sido investigada a profundidad.
La primera línea corresponde al análisis de comunicaciones. De acuerdo con la FGR, este trabajo permitió identificar patrones que llevaron a ubicar a 17 nuevos objetivos de investigación, además de reconstruir posibles vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias.
La segunda línea se concentra en los teléfonos de los propios estudiantes. La Fiscalía revisó tres equipos y reconstruyó la cadena de usuarios que tuvieron acceso a ellos después de la desaparición. En uno de los casos, este análisis permitió obtener una orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Otro teléfono fue utilizado por un policía municipal de Iguala, mientras que el análisis de un tercer dispositivo reforzó para los investigadores la hipótesis de que algunos estudiantes pudieron haber sido trasladados a la barandilla municipal.
La tercera línea surgió del reanálisis de los expedientes. La FGR identificó a una persona que tenía 14 años en 2014 y que no había sido ubicada anteriormente dentro de la investigación. Su declaración, rendida en julio de 2026, aportó información que, según la Fiscalía, refuerza las imputaciones contra integrantes de Guerreros Unidos.
La cuarta investigación se refiere al ocultamiento de videograbaciones de las cámaras del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero correspondientes a la noche del ataque. Según la FGR, esta revisión permitió reconstruir decisiones de servidores públicos de alto nivel relacionadas con el destino de ese material.
FGR reporta 30 detenciones en los últimos dos años
Uno de los datos centrales del nuevo informe es el número de personas detenidas durante la etapa reciente de la investigación. El reporte presentado públicamente señala 30 detenciones en los últimos dos años, mientras que el número de personas procesadas por el caso asciende a 168, de acuerdo con información reportada a partir de la presentación del gobierno federal.
Entre las detenciones más relevantes se encuentra la de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y la de una exvisitadora del mismo órgano. La FGR sostiene que las declaraciones obtenidas y otros elementos de prueba permitieron avanzar hacia la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, ocurrida el 6 de agosto de 2026, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada. Posteriormente fue vinculado a proceso.
La propia Fiscalía ha señalado que estas imputaciones están sujetas al debido proceso y corresponden a investigaciones que todavía deben determinar responsabilidades ante los tribunales.
La pista de las funerarias vuelve al centro de la investigación
Una de las líneas que tomó mayor relevancia en el nuevo informe está relacionada con funerarias, el Servicio Médico Forense y posibles procesos de incineración clandestina.
La investigación reportada por las autoridades contempla indicios localizados en una funeraria de Iguala, entre ellos restos óseos, documentos y un horno que los investigadores consideran relevante para determinar si pudo haber sido utilizado para desaparecer evidencia. También se analizan comunicaciones entre personas vinculadas con Guerreros Unidos y trabajadores o propietarios de servicios funerarios.
Esta línea todavía constituye una hipótesis de investigación y no una conclusión definitiva sobre el destino de los 43 estudiantes. El propio informe de la FGR establece que las indagatorias deberán profundizarse, particularmente en la relación entre funerarias, el SEMEFO y otros actores involucrados.
¿Qué ha pasado con el caso Ayotzinapa en 12 años?
La investigación ha atravesado distintas etapas y versiones sobre lo ocurrido aquella noche.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República presentó la llamada “verdad histórica”, según la cual los estudiantes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes de Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula. Esa explicación fue cuestionada posteriormente por investigadores independientes y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador concluyó que la desaparición de los 43 constituía un crimen de Estado, con participación de integrantes de Guerreros Unidos y agentes de distintas instituciones públicas. Ese informe también estableció que la investigación debía continuar hasta conocer el paradero de los estudiantes y deslindar responsabilidades.
Uno de los avances concretos ha sido la identificación genética de restos correspondientes a tres normalistas. Sin embargo, no se ha localizado a los otros 40 estudiantes.
Durante los últimos años también se han abierto procesos contra funcionarios y policías, se han realizado búsquedas en distintos puntos de Guerrero y se han incorporado nuevas herramientas de análisis de comunicaciones. La administración de Sheinbaum decidió continuar por líneas distintas a las investigaciones iniciales y utilizar información que, de acuerdo con la Fiscalía, no había sido examinada a profundidad.
En agosto de 2026, la presidenta ya había adelantado que el nuevo trabajo se apoyaba en registros de llamadas de la noche de los hechos y en información posterior sobre los teléfonos de los estudiantes. También había anunciado que se informarían públicamente las nuevas detenciones y los elementos científicos que sustentaban las líneas de investigación.
El caso sigue abierto y la pregunta central permanece
El nuevo informe representa un cambio en las líneas de investigación, pero no significa que el paradero de los 43 haya sido establecido.
La FGR anunció que continuará con cuatro tareas prioritarias: ampliar las búsquedas de los estudiantes; profundizar la investigación sobre las videograbaciones y la posible participación de funcionarios; avanzar en la línea relacionada con funerarias y el SEMEFO; y mantener la colaboración con expertos internacionales.
La Fiscalía también informó que existe una ruta de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para incorporar especialistas internacionales.
A 12 años de la noche de Iguala, el expediente acumula nuevas detenciones, nuevas líneas de investigación y millones de páginas de documentación, pero la principal pregunta continúa sin respuesta: qué ocurrió con los 43 estudiantes y dónde están.
Sheinbaum sostuvo que esa pregunta seguirá abierta hasta que se conozca la verdad, se haga justicia y se localice a los jóvenes.
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