La Ley de Aguas Nacionales se convirtió nuevamente en el centro del debate nacional. Y como en todo conflicto que divide posturas, la historia real comienza lejos de las cámaras. En este caso, empezó en los campos agrícolas, donde los ejidatarios preguntaban qué pasaría con sus pozos, sus derechos y su futuro. Esa inquietud llegó hasta Palacio Nacional, y ahí la presidenta Claudia Sheinbaum decidió responder con una frase contundente:
“Estamos poniendo orden y poniendo fin a la corrupción”.
Desde el inicio de su gobierno, la mandataria había advertido que uno de los temas que más urgía atender era el uso del agua. No solo por la crisis hídrica que atraviesan estados completos, sino porque por décadas el sistema se llenó de privilegios, concesiones injustificadas, transmisiones opacas y un modelo que trató el agua como mercancía. Hoy, con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales aprobada en la Cámara de Diputados, Sheinbaum afirma que ese ciclo terminó.
Sheinbaum defiende el nuevo marco regulatorio
La presidenta celebró que los cambios aprobados fueran resultado de un diálogo amplio. Organizaciones civiles expresaron apoyo en un desplegado público, mientras que grupos de productores de Puebla, Tlaxcala y Veracruz realizaron bloqueos para presionar por aclaraciones. Ese contraste reflejó lo que estaba en juego: garantizar certeza jurídica sin repetir viejos abusos.
Sheinbaum explicó que una de las aclaraciones más importantes fue sobre el uso del agua para riego. Muchos ejidatarios temían que ceder sus derechos a un familiar pudiera poner en riesgo el pozo del que depende su producción. La nueva ley establece un mecanismo expedito y transparente para esa transmisión.
También se confirmó que el agua destinada a agricultura podrá usarse en ganadería sin necesidad de tramitar un permiso nuevo, reconociendo que ambas actividades forman parte del mismo ciclo productivo agropecuario.
Ley de Aguas Nacionales: por qué Sheinbaum asegura que termina la corrupción
A mitad de este debate nacional, la presidenta insistió en un punto clave: “La esencia de los cambios es proteger el recurso, evitar su sobreexplotación y garantizar el derecho al agua”. Esta visión, asegura, solo puede lograrse con una Ley de Aguas Nacionales que cierre la puerta a la mercantilización de los derechos.
Durante años, miles de concesiones cambiaron de manos sin supervisión, creando un mercado paralelo del agua. La reforma obliga a que toda transmisión pase por Conagua, de forma ágil pero totalmente verificable. Sin intermediarios. Sin pagos ocultos. Sin monopolios.
Esto significa que los grandes acumuladores de derechos —aquellos que “no usan el agua o la usan ilegalmente”— pierden el beneficio de operar en la sombra.
Un nuevo modelo hídrico: transparencia, reglas claras y una base nacional unificada
Sheinbaum recordó que incluso desde la transición de gobierno, Andrés Manuel López Obrador le pidió ordenar el sistema de concesiones. Lo que encontró fue un laberinto: bases de datos duplicadas, registros incompletos y permisos que no coincidían con el uso real del agua en campo.
La nueva plataforma unificada de derechos cambia ese panorama. “Por primera vez tenemos una sola base de datos. Eso nos da transparencia total”, afirmó.
Desde ahora, todos los permisos, transmisiones y verificaciones deberán registrarse en este sistema. Para zonas con escasez, la prioridad será siempre garantizar el consumo humano por encima de cualquier actividad económica.
Un país dividido entre temores y esperanzas
La reforma avanza en medio de tensiones. Para algunos productores, los cambios representan incertidumbre. Para otros, es la oportunidad de recuperar un recurso que muchos sienten que les fue arrebatado durante décadas.
En los recorridos que realizaron funcionarios federales, surgieron historias que explican la urgencia del cambio: ejidos enteros que perdieron pozos por trámites ilegales, agricultores que recibían menos agua que los megaproyectos cercanos, comités que jamás fueron consultados.
Este contraste permitió construir el nuevo marco. Un modelo más estricto para grandes acumuladores y más ágil para productores familiares. Una ley que busca equilibrar la balanza.
El inicio de una nueva etapa para el agua en México
El gobierno asegura que la reforma marca un antes y un después. Para Sheinbaum, es una pieza central de su visión ambiental y social: un país donde el agua deje de ser un lujo y recupere su valor como derecho humano.
La Ley de Aguas Nacionales abre una nueva etapa: más transparencia, menos corrupción y un sistema hídrico que ya no se define por los privilegios, sino por la justicia y la protección del recurso más indispensable del país. Y aunque falta camino, el rumbo —dice la presidenta— ya está trazado.
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