La discusión sobre la Ley de Aguas llegó a un punto decisivo esta semana. En los pasillos de San Lázaro, donde cada puerta parece guardar una historia de negociación, productores de todo el país caminaron con la incertidumbre cargada sobre los hombros. No buscaban un privilegio, decían, sino la garantía de que sus tierras seguirían teniendo el agua suficiente para sobrevivir.
En medio de ese ambiente tenso, diputados de Morena comenzaron a preparar más de 30 ajustes a fondo a la iniciativa presidencial, un movimiento que pocos anticipaban y que ahora podría redefinir el futuro de la gestión hídrica en México.
Productores presionan cambios profundos en la Ley de Aguas
La presión de organizaciones campesinas creció durante los últimos días. Las reuniones, inicialmente pensadas como consultas rápidas, se convirtieron en verdaderas mesas de negociación que avanzan hasta la madrugada. Los productores pidieron claridad, certidumbre y, sobre todo, que la ley no criminalizara prácticas que llevan décadas realizando para sobrevivir.
Sus principales preocupaciones fueron tres:
- Que se garantice el binomio agua-tierra en la venta o herencia de parcelas.
- Que se respete el volumen de agua que ya usan sus comunidades.
- Que no se les sancione injustamente por trasladar agua a los agostaderos.
Mientras tanto, dentro de la Comisión de Recursos Hidráulicos, el lápiz no deja de sonar sobre el papel. “Estamos trabajando una reforma responsable”, repetía un legislador cercano a las mesas de trabajo. “Queremos orden, no castigo”.
Las negociaciones que frenaron el dictamen
El proyecto de dictamen estuvo a punto de circular desde el lunes, pero cada reunión abría una nueva ventana de dudas. Por eso la votación se aplazó una y otra vez.
El diputado Ricardo Monreal confirmó que ha hablado con 20 organizaciones de 16 estados, además de gobernadores de diversos partidos preocupados por las implicaciones de la ley.
La presencia casi diaria del director de la Conagua, Efraín Morales, en la Cámara de Diputados confirmaba que se trataba de un tema de alta prioridad.
“Estamos reafirmando la sensibilidad de la Presidenta”, dijo Monreal, subrayando que el espíritu de la reforma no es afectar ejidatarios o pequeños propietarios, sino evitar el acaparamiento y ordenar un sistema de concesiones que durante años operó con enormes vacíos legales.
Un borrador con más de 30 correcciones
El borrador elaborado por Morena incluye más de 30 modificaciones que buscan atender las inquietudes de los campesinos. Aunque aún no se han detallado públicamente, fuentes legislativas confirmaron que varias de las propuestas ya están evaluándose como viables.
Las mesas coordinadas por el diputado Gabriel García continuarán al menos hasta este viernes, y si se logra un acuerdo final, el dictamen podría circular ese mismo día.
A mitad de esta historia, el debate sobre la Ley de Aguas dejó de ser una discusión técnica para convertirse en una cruzada política donde cada palabra pesa y cada coma puede definir el acceso al agua durante los próximos años.
Certidumbre jurídica y freno al acaparamiento
El objetivo central de la iniciativa sigue siendo claro:
- frenar el acaparamiento,
- poner orden en las concesiones,
- y dar certeza jurídica a quienes dependen del agua para trabajar.
La postura oficial es que la reforma no pretende perjudicar a los pequeños productores. Por el contrario, recordó Monreal, busca protegerlos de quienes han abusado del sistema por décadas.
La Ley de Aguas como punto de quiebre político y social
La historia aún no termina. En los próximos días sabremos si los acuerdos construidos en las mesas de San Lá-zaro logran satisfacer a los productores y, al mismo tiempo, impulsar la modernización del marco hídrico en México.
Lo único seguro es que la Ley de Aguas seguirá siendo el eje de un debate que toca la tierra, la política, el agua… y el futuro de miles de comunidades.
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