México se prepara para su primera elección judicial el 1 de junio en medio de críticas por posible politización, candidatos cuestionados y dudas sobre transparencia.
A pocos días de la inédita elección judicial del 1 de junio, México enfrenta un panorama de alta controversia. La reforma que busca elegir jueces por voto popular, impulsada para combatir la corrupción, genera serias dudas sobre la independencia del Poder Judicial y la idoneidad de los candidatos.
México se encuentra en la antesala de un ejercicio democrático sin precedentes: la primera elección popular de jueces y magistrados, programada para el próximo 1 de junio de 2025. Con más de 2,600 contendientes disputando 881 cargos que van desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta tribunales electorales y juzgados de distrito, esta reforma, impulsada como un ariete contra la corrupción judicial, concluye su periodo de campañas este 28 de mayo en un ambiente cargado de cuestionamientos sobre su impacto en la independencia judicial y la calidad de la justicia.
La Reforma Judicial: Objetivos y Mecanismos
La reforma constitucional, uno de los últimos legados significativos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca transformar radicalmente la manera en que se designan los impartidores de justicia en el país. El argumento central es que la elección directa por parte de la ciudadanía hará que los jueces rindan cuentas al pueblo y se erradique la corrupción enquistada en el sistema. Entre los cambios estructurales, se reduce el número de ministros de la SCJN de 11 a 9, con un mandato limitado a 12 años, y se sustituye el Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Los candidatos que aparecerán en las boletas fueron postulados por los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y, tras un proceso de evaluación por comités técnicos, su selección final se realizó mediante sorteo. Para ser considerados, debían cumplir requisitos como poseer título de abogado, acreditar al menos cinco años de práctica profesional, presentar un ensayo y cartas de recomendación. No obstante, el proceso de conformación de estos comités ya generó polémica, pues el comité evaluador del Congreso, por ejemplo, contó con juristas recomendados únicamente por el partido oficialista Morena y sus aliados, mientras la oposición boicoteó el proceso en protesta por la reforma.
Principales Puntos de Controversia
La implementación de esta reforma no ha estado exenta de profundas críticas, tanto a nivel nacional como internacional:
Riesgo de Politización y Merma de Independencia
Una de las preocupaciones más recurrentes, expresada por organizaciones de la sociedad civil mexicana, analistas políticos e incluso gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos, es el riesgo de que la elección popular de jueces conduzca a una politización del Poder Judicial. Se teme que los jueces electos respondan más a intereses partidistas o a quienes financiaron sus campañas que a la estricta aplicación de la ley, minando así la independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia. La posibilidad de que jueces parciales o con vínculos con el crimen organizado puedan ser electos es una alarma constante.
Idoneidad de los Candidatos Cuestionada
Han surgido serios señalamientos sobre el perfil de algunos aspirantes. Se ha identificado que al menos veinte candidatos cuentan con antecedentes penales, han sido vinculados con la defensa de narcotraficantes o enfrentan denuncias por corrupción. Un caso que ha resonado es el de Silvia Delgado García, candidata a jueza penal en Chihuahua, quien en el pasado representó legalmente a Joaquín «El Chapo» Guzmán. Aunque Delgado García defiende su derecho a ejercer la abogacía y la presunción de inocencia, su postulación aviva el debate sobre los filtros y la idoneidad.
Además, la solicitud de algunos candidatos para aparecer en la boleta con alias como «Juez de AMLO» o «Ministra del Pueblo», aunque finalmente rechazadas, evidencian para algunos críticos la intención de capitalizar políticamente el proceso.
Procesos Locales Antidemocráticos
La situación en algunos estados agrava las preocupaciones. En Durango, por ejemplo, se presentarán 49 candidatos únicos para cubrir igual número de plazas judiciales, resultado de un acuerdo entre los tres poderes estatales para nominar a una sola persona por cargo. Este escenario ha sido calificado como antidemocrático y un dispendio de recursos públicos, pues el resultado parece predeterminado.
«La elección de jueces por voto popular, si bien puede sonar atractiva en un discurso de democratización, conlleva el enorme riesgo de sacrificar la pericia técnica y la imparcialidad por la popularidad o la lealtad política», advirtió un representante de una organización civil especializada en temas judiciales.
Transparencia del Proceso Electoral en Duda
La confianza en la limpieza del proceso también se ha visto afectada por varios factores:
* Cambios en el Conteo de Votos: Por primera vez en 34 años, los ciudadanos que fungen como funcionarios de casilla no participarán directamente en el conteo de los votos para cada candidato. Las actas de las casillas solo registrarán el número de boletas, y el conteo detallado comenzará una vez que las urnas lleguen a las oficinas distritales.
* Plazos Extensos para Resultados: El Instituto Nacional Electoral (INE) dispondrá de hasta 12 días para entregar los resultados finales, un periodo considerablemente más largo que en elecciones anteriores, lo que podría generar incertidumbre.
* Observadores Electorales y «Acordeones»: El INE calificó de «inusual» el elevado número de solicitudes para ser observador electoral (más de 317,000), especialmente en comparación con las 34,000 de la elección general de 2024. Más de 38,000 fueron rechazadas por afiliación política, incluyendo más de 20,000 de Morena, lo que ha llevado a consejeros del INE a expresar preocupación sobre posibles intentos de monitorear o coaccionar votantes. Adicionalmente, se ha denunciado la distribución de «acordeones» o guías de voto por parte de partidos políticos, favoreciendo a jueces específicos.
Participación Ciudadana y Protestas
Se espera una participación ciudadana relativamente baja. La propia presidenta del INE ha estimado que podría oscilar entre el 8% y el 15% del padrón electoral. A esto se suma la exclusión del voto para personas en prisión preventiva, un sector directamente afectado por el sistema de justicia.
En este contexto, han surgido llamados al boicot por parte de figuras públicas como el empresario Ricardo Salinas Pliego y el expresidente Vicente Fox, quienes califican la elección como una «farsa». Organizaciones civiles como México Unido han convocado a una protesta nacional el mismo día de la elección, el 1 de junio a las 11:00 horas, con una concentración principal en el Ángel de la Independencia en Ciudad de México.
La Voz de los Candidatos y la Opinión Pública
A pesar de las críticas, algunos candidatos defienden el proceso como una oportunidad para renovar el Poder Judicial. Perfiles como el de Delia Quiroa, activista buscadora de desaparecidos y candidata a jueza de distrito en Sinaloa, o Mauricio Tapia Maltos, joven abogado que hace campaña en plazas públicas de la CDMX, buscan conectar con la ciudadanía de formas novedosas. Arístides Rodrigo Guerrero, conocido como «Justicia Chicharrones» por un video viral, compite por un puesto en la SCJN con una campaña disruptiva.
Curiosamente, y en una aparente paradoja frente a las advertencias de expertos, una encuesta del Pew Research Center publicada una semana antes de la elección reveló que el 66% de los mexicanos aprueba la reforma judicial, mientras que un 29% la desaprueba. Este apoyo popular podría reflejar un profundo hartazgo ciudadano con la percepción de corrupción e ineficacia del sistema judicial actual, lo que los haría más receptivos a cambios drásticos, incluso si estos conllevan nuevos riesgos.
Tabla: Controversias Clave de la Elección Judicial 2025
| Aspecto Controvertido | Descripción del Problema/Crítica | Fuente/Ejemplo Concreto |
|—|—|—|
| Selección de Candidatos | Proceso dominado por el oficialismo; uso de sorteo cuestionado; perfiles de candidatos con posibles conflictos de interés o falta de idoneidad. | Boicot de oposición a comités; caso Durango; candidatos con antecedentes. |
| Independencia Judicial | Temor a que jueces electos respondan a intereses políticos o de quienes financiaron sus campañas, en lugar de a la ley. | Críticas de sociedad civil y analistas. |
| Transparencia del Voto | Cambios en el conteo de votos (ciudadanos no cuentan en casilla); plazos extensos para resultados; dudas sobre observadores. | INE sin conteo ciudadano en casilla; 12 días para resultados. |
| Idoneidad de Candidatos | Postulación de personas con antecedentes penales, vínculos con crimen organizado o denuncias de corrupción. | 20 candidatos señalados; caso Silvia Delgado García. |
| Legitimidad del Proceso | Baja participación esperada; llamados al boicot; exclusión de ciertos sectores (presos preventivos). | Estimación INE 8-15% participación; protestas convocadas. |
Con la veda electoral iniciando tras el cierre de campañas el 28 de mayo, México se encamina a una jornada electoral que podría redefinir uno de sus tres poderes fundamentales, con implicaciones aún inciertas para el Estado de Derecho y la impartición de justicia en el país.
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