Viajar al extranjero implica planear cómo transportar y utilizar dinero de forma segura. Durante años, los cheques de viajero fueron una alternativa para evitar cargar grandes cantidades de efectivo. Sin embargo, hoy estas operaciones están bajo supervisión fiscal en México a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El SAT considera que la emisión y comercialización habitual de cheques de viajero puede representar un riesgo de lavado de dinero si no se cumplen obligaciones específicas. En caso de incumplimiento, las multas pueden alcanzar hasta 7.6 millones de pesos.
¿Qué son los cheques de viajero?
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los cheques de viajero son documentos emitidos por bancos o instituciones financieras que pueden intercambiarse por dinero en efectivo en otros países.
Se expiden por cantidades fijas y permiten a los viajeros disponer de recursos en el extranjero sin trasladar grandes sumas en efectivo. Además, en caso de robo o extravío, pueden reponerse si se cuenta con los números de serie.
¿Por qué el SAT los considera actividad vulnerable?
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece que la emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, cuando es realizada por entidades no financieras, es considerada una actividad vulnerable a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esto significa que si una empresa que no es banco se dedica a emitir o vender cheques de viajero, debe cumplir con obligaciones específicas de identificación y reporte ante la autoridad.
¿Cuándo deben avisar al SAT?
La ley señala que cuando la emisión o comercialización de cheques de viajero sea igual o mayor a 645 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se debe presentar aviso ante el SAT.
En 2026, la UMA tiene un valor de 117.31 pesos, por lo que el umbral equivale a 75,664.95 pesos. Si la operación alcanza o supera ese monto, debe reportarse.
La obligación recae en quien emite o comercializa los cheques, no directamente en el usuario que los adquiere.
Obligaciones para quienes realizan esta actividad
Las personas físicas o morales que ofrezcan este servicio deben registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e identificarse dentro de la actividad vulnerable correspondiente.
Entre sus principales obligaciones están identificar al beneficiario controlador, presentar avisos en un plazo máximo de 24 horas cuando exista sospecha de recursos ilícitos, conservar documentación por diez años y proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuando lo requiera.
Los avisos ordinarios deben presentarse a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda la operación.
Multas del SAT
El incumplimiento puede derivar en sanciones económicas que van de 200 a 65,000 veces la UMA, es decir, desde 23,462 pesos hasta aproximadamente 7.6 millones de pesos.
Las multas más bajas aplican por incumplir requerimientos o presentar avisos con errores o fuera de plazo. Las sanciones intermedias corresponden a avisos extemporáneos o incumplimientos específicos de la ley.
Las más altas, que pueden alcanzar los 7.6 millones de pesos o incluso entre el 10% y el 100% del valor de la operación, aplican cuando se omite por completo la presentación de avisos.
¿Afecta a viajeros comunes?
En términos generales, la carga administrativa recae sobre las empresas que emiten o comercializan cheques de viajero fuera del sistema financiero tradicional. Sin embargo, el marco legal forma parte de una estrategia más amplia para vigilar operaciones que puedan facilitar el lavado de dinero, incluso cuando los recursos se utilicen en el extranjero.
Por ello, antes de optar por este instrumento, es recomendable verificar que se adquiera a través de instituciones financieras reguladas, a fin de evitar riesgos legales o financieros.
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