México en transición: ¿Un cambio de régimen o una pérdida de derechos?
En los últimos años, México ha vivido una transformación política que va más allá de los discursos. Los cambios legislativos y la concentración del poder en el Ejecutivo han debilitado las instituciones democráticas, eliminando contrapesos clave como la independencia del Poder Judicial y el acceso efectivo a derechos constitucionales.
De ciudadanos con derechos a un pueblo dependiente
Antes, los ciudadanos tenían garantías respaldadas por la Constitución: el voto, la transparencia, la libertad de expresión y la rendición de cuentas. Ahora, esas garantías se han debilitado. La desaparición de organismos autónomos, la aprobación de leyes que aumentan la discrecionalidad del gobierno y la falta de mecanismos efectivos para supervisar a las autoridades nos convierten en un “pueblo” más sujeto a la voluntad del líder que a la protección del Estado de derecho.
División de poderes debilitada: Un Estado sin contrapesos
El Poder Judicial bajo presión
El debilitamiento del Poder Judicial ha sido evidente. Con reformas que subordinan la elección de jueces y magistrados al Congreso —controlado por Morena—, la independencia de los tribunales está en entredicho. La eliminación de contrapesos permite que decisiones gubernamentales cuestionables no encuentren oposición efectiva.
El árbitro electoral en la cuerda floja
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral han sido incapaces de frenar las elecciones de Estado. La declaratoria de una “supermayoría” legislativa para Morena, basada en el 54% de los votos, refleja cómo el sistema electoral se ha inclinado a favor del oficialismo.
Prisión preventiva y control social: La Doctrina Bukele en México
La expansión de la prisión preventiva oficiosa y el control sobre los datos personales son ejemplos de cómo el gobierno ha aumentado su capacidad de coacción. Ahora, cualquier ciudadano puede ser encarcelado sin pruebas concluyentes, bajo el argumento de prevenir el delito. Esto convierte a todos en sospechosos potenciales, minando la confianza en el sistema judicial.
Transparencia en crisis: El acceso a la información en peligro
La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (Inai) limita el acceso ciudadano a datos clave sobre seguridad, salud y educación. Incluso organismos como el INEGI han cedido a la presión gubernamental, excluyendo información sensible bajo el pretexto de no ser de “interés nacional”.
¿Cómo afecta esto a la ciudadanía?
- La falta de datos dificulta exigir rendición de cuentas.
- La manipulación de información oficial erosiona la confianza pública.
- Los derechos de participación y control social pierden efectividad.
Consecuencias económicas y sociales del nuevo régimen
Inversión en riesgo
El debilitamiento del Estado de derecho desincentiva la inversión extranjera. La posibilidad de perder el grado de inversión por parte de calificadoras internacionales es cada vez más real, afectando el crecimiento económico y la creación de empleos.
Impacto en la salud y la educación
La desaparición de organismos como el Coneval y el INEE dificulta la evaluación de políticas públicas, dejando a sectores clave como la salud y la educación en un limbo. La falta de vacunación adecuada contra el cáncer cervicouterino, por ejemplo, ya muestra consecuencias alarmantes.
¿Qué significa ser pueblo en lugar de ciudadanos?
Ser pueblo implica perder la capacidad de influir en el rumbo del país mediante mecanismos democráticos. La narrativa oficial reduce los derechos a concesiones otorgadas por el gobierno, eliminando la posibilidad de ejercerlos de manera efectiva.
¿Qué hacer ante esta transformación?
Recuperar espacios de participación
- Organización ciudadana: Las marchas y movimientos sociales pueden presionar para revertir decisiones.
- Alianzas estratégicas: Activistas, académicos y sectores empresariales deben unir fuerzas para defender la democracia.
Exigir transparencia y contrapesos
- Apostar por la reactivación de organismos autónomos como el Inai.
- Promover la independencia de los poderes y la transparencia en las elecciones.
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