La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 19 constitucional que amplía la lista de delitos que imponen la prisión preventiva oficiosa, medida que obliga a los jueces a encarcelar a los acusados durante su proceso penal, sin opción a una evaluación previa de riesgos o pruebas.
Esta medida, que afecta directamente derechos fundamentales como la libertad personal y la presunción de inocencia, enfrenta críticas por parte de expertos en derechos humanos, abogados y organizaciones internacionales. Sin embargo, el Ejecutivo parece decidido a consolidar este régimen que no solo concentra más poder en manos del Estado, sino que también erosiona principios básicos del debido proceso.
¿Qué implica esta reforma al artículo 19?
La reforma aprobada incluye delitos relacionados con drogas sintéticas, como su adquisición o transporte, mientras elimina algunos conceptos que inicialmente generaron controversia, como el «narcomenudeo» y la «defraudación fiscal». Sin embargo, el trasfondo de esta medida revela algo más profundo:
- Automatización de la prisión preventiva:
Los jueces no tendrán margen para analizar si la prisión preventiva es necesaria en ciertos casos. Esto limita su independencia y los convierte en meros ejecutores de decisiones predefinidas. - Violación a la presunción de inocencia:
Al tratar a los acusados como «presuntos delincuentes», el sistema invierte la carga de la prueba, obligando al acusado a demostrar su inocencia antes de ser juzgado. - Jueces sin rostro:
Otra reforma paralela permite que ciertos jueces evalúen casos de delitos graves de manera anónima, bajo la justificación de proteger su seguridad. Sin embargo, esto plantea dudas sobre la transparencia y posibles presiones políticas.
Las palabras de Sheinbaum y su implicación en el debate
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la medida con el argumento de que las fiscalías deben presentar pruebas antes de que los jueces apliquen la prisión preventiva. Sin embargo, su lenguaje, al referirse a los acusados como «presuntos delincuentes», refleja una visión que parece ignorar la presunción de inocencia, uno de los pilares de la justicia.
Además, la presidenta no abordó los riesgos inherentes a la ampliación de esta figura:
- Criminalización de sectores vulnerables: Jóvenes y personas de bajos recursos suelen ser los más afectados por delitos como posesión simple de drogas.
- Congestión penitenciaria: México ya enfrenta una crisis en sus cárceles; la prisión preventiva solo agravará este problema.
¿Qué se está construyendo en México?
Las reformas recientes en materia de seguridad y justicia parecen dibujar un panorama preocupante:
- Militarización de la seguridad pública:
Con las fuerzas armadas encargadas de tareas civiles, las instituciones tradicionales pierden autonomía. - Régimen de excepción:
La ampliación de la prisión preventiva y el uso de jueces sin rostro conforman un sistema donde los derechos procesales son cada vez más limitados. - Concentración de poder:
El nuevo Tribunal de Disciplina, con amplias facultades para sancionar jueces, pone en riesgo la independencia judicial, alineándola más con intereses políticos que con la justicia.
¿Qué sigue para el sistema de justicia?
La discusión en el Senado será clave. A medida que estas reformas avancen, será fundamental el papel de las organizaciones de derechos humanos, las instituciones internacionales y la sociedad civil para exigir un sistema de justicia que respete los principios democráticos.
México enfrenta una encrucijada: proteger los derechos fundamentales o ceder a un modelo autoritario que prioriza la fuerza sobre el derecho.
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