El Congreso peruano archiva denuncias clave contra la presidenta Dina Boluarte mientras ataca a la Fiscalía. Descubre la alianza que la mantiene en el poder.
En una serie de maniobras políticas que agudizan la crisis institucional de Perú, una subcomisión del Congreso ha archivado denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes en protestas, mientras avanza en una ofensiva contra la fiscal de la Nación.
La ya frágil institucionalidad peruana enfrenta un nuevo capítulo de tensiones que apunta a un quiebre en la separación de poderes. El Congreso de la República, en el centro de la polémica, ha ejecutado una serie de acciones que son percibidas por analistas y la opinión pública como un «blindaje» a la presidenta Dina Boluarte, cuya aprobación se encuentra en mínimos históricos. Esta protección legislativa ocurre al mismo tiempo que el Parlamento arrecia su ofensiva contra el Ministerio Público, la institución encargada de investigar a la mandataria.
Congreso en la mira: Doble maniobra para proteger y atacar
La estrategia del Legislativo se ha desarrollado en dos frentes simultáneos. Primero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó como improcedentes cuatro denuncias presentadas contra la presidenta Boluarte por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas sociales de finales de 2022 e inicios de 2023.
Casi al mismo tiempo, la misma subcomisión dio luz verde para avanzar en una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y otros fiscales supremos. La acusación se basa en una supuesta infracción a la Constitución y delitos como resistencia a la autoridad y usurpación de funciones.
Esta dualidad de acciones no parece ser una coincidencia. Se interpreta como una maniobra coordinada: por un lado, se protege a la jefa del Ejecutivo de investigaciones críticas; por el otro, se ataca y debilita a la cúpula de la institución que lidera dichas investigaciones. Es una estrategia de neutralización que socava los cimientos del equilibrio de poderes en el país.
Una presidencia acorralada con un salvavidas parlamentario
La presidenta Dina Boluarte enfrenta un panorama judicial y político extremadamente complejo. Además de las denuncias por las muertes en protestas, es investigada por el escándalo de los relojes de lujo («Rolexgate»), presuntos aportes ilegales a su campaña y el «Caso Cirugías», por el cual se ausentó de sus funciones sin encargar el despacho. La Comisión de Fiscalización del Congreso incluso aprobó un informe que recomienda evaluar su vacancia por este último caso.
Este asedio legal y mediático se refleja en su popularidad: su aprobación ha caído a un histórico 3%, con una desaprobación que supera el 90% a nivel nacional, según la encuestadora Datum.
La pregunta que surge es: ¿cómo sobrevive políticamente una presidenta tan débil y acorralada? La respuesta parece estar en una alianza de conveniencia con el mismo Congreso que la investiga. Este Parlamento, con una bajísima aprobación popular y con 67 de sus 130 miembros bajo investigación penal por diversos delitos , necesita de una presidenta sin partido ni bancada propia para asegurar su propia supervivencia. Un adelanto de elecciones, consecuencia de una vacancia presidencial, significaría el fin del mandato de los actuales congresistas. Por lo tanto, proteger a Boluarte es, en esencia, protegerse a sí mismos.
Crisis en el Ministerio Público: El caldo de cultivo para la impunidad
La ofensiva del Congreso contra la Fiscalía no podría llegar en un peor momento para el Ministerio Público, que atraviesa su propia crisis interna. Descrita como una pugna de poder entre facciones, principalmente ligadas a la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y a la suspendida fiscal Patricia Benavides, la institución se encuentra paralizada por luchas internas y la polémica actuación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Este caos interno es funcional a la impunidad. Un Ministerio Público debilitado, politizado y distraído en sus propias batallas es incapaz de llevar adelante investigaciones complejas contra el poder político. La crisis en la Fiscalía y la crisis en el Congreso no son fenómenos aislados; son dos caras de la misma moneda de un profundo deterioro institucional que amenaza con cronificar la corrupción en Perú.
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