En Totalco, Perote, Veracruz, la comunidad ha dado una lección de resistencia y unidad al enfrentar y detener a un gigante industrial: Granjas Carroll de México. Después de décadas de denuncias por contaminación ambiental, afectaciones a la salud y complicidad gubernamental, la empresa fue clausurada temporalmente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Este logro histórico marca un antes y un después en la lucha por la justicia ambiental en México.
Granjas Carroll: una historia de impunidad ambiental
Desde su llegada en 1993, Granjas Carroll, subsidiaria de la estadounidense Smithfield Foods, se convirtió en un símbolo de explotación y deterioro ambiental. Operando en Veracruz y Puebla con 19 granjas porcinas, dos plantas de procesamiento y una concesión para extraer más de 3.8 millones de metros cúbicos de agua, la empresa fue constantemente señalada por su impacto negativo en el entorno.
La comunidad denunció que las operaciones de la compañía contaminaban el agua, afectaban la salud pública y dañaban irreversiblemente el ecosistema. Sin embargo, la impunidad prevaleció durante décadas, protegida por gobiernos que priorizaron los intereses corporativos sobre las necesidades de la población.
El papel de la resistencia social: una lucha teñida de dolor
El triunfo no llegó sin sacrificios. En su lucha por defender el medio ambiente, los habitantes de Totalco enfrentaron desalojos violentos, amenazas y la pérdida de vidas humanas. El asesinato de los hermanos Jorge y Alberto Cortina durante un desalojo marcó un punto crítico en la resistencia. Sin embargo, su memoria se convirtió en el motor que impulsó a la comunidad a seguir adelante.
Este caso demuestra que, aunque las instituciones gubernamentales fallan, la organización social puede ser un poderoso motor de cambio. La comunidad unida logró que la Profepa actuara y tomara medidas contra una empresa con un largo historial de violaciones ambientales.
Las irregularidades detectadas: un grave riesgo para el medio ambiente
En una inspección reciente, la Profepa encontró irregularidades graves en las instalaciones de Granjas Carroll. Entre los hallazgos más alarmantes se encuentra la situación de la Laguna de Reciclaje Sección 2, utilizada para almacenar aguas residuales. Esta carece de una cubierta adecuada para evitar filtraciones al subsuelo, utilizando solo una capa de arcilla compactada como barrera.
Ante estos riesgos, la Profepa ordenó:
- Clausura total temporal de la laguna.
- Prohibición de almacenar aguas residuales en la instalación.
- Análisis de los lodos generados en laboratorios acreditados.
Estas acciones reflejan la gravedad de las prácticas ambientales de la empresa, pero también abren preguntas: ¿por qué estas irregularidades se toleraron durante tantos años?
Granjas Carroll y su oscuro historial internacional
Granjas Carroll no solo ha enfrentado problemas en México. Su matriz, Smithfield Foods, tiene un largo historial de violaciones ambientales en Estados Unidos. Durante los años 80 y 90, acumuló multas por más de 285 mil dólares por contaminar el río Pagan y falsificar registros de descargas tóxicas.
El hecho de que una empresa con antecedentes tan cuestionables opere en México pone en evidencia la falta de regulación ambiental y la permisividad hacia las multinacionales.
¿Qué sigue para Totalco y el medio ambiente?
Aunque la clausura de Granjas Carroll en Totalco es un triunfo, el camino hacia la recuperación ambiental y la justicia aún está lejos de concluir. La vigilancia de las operaciones restantes de la empresa en Puebla y Veracruz será crucial para evitar que continúen las afectaciones.
Además, este caso plantea un desafío más amplio: ¿cómo fortalecer la regulación ambiental en México? La historia de Totalco debería ser un llamado de atención para las autoridades y un ejemplo para otras comunidades que enfrentan problemas similares.
Conclusión: una lucha que inspira
El pueblo de Totalco ha demostrado que la resistencia organizada puede más que la indiferencia oficial. Su triunfo es un recordatorio de que las comunidades tienen el poder de exigir justicia y proteger su entorno, incluso frente a gigantes corporativos.
Pero la batalla no termina aquí. A medida que avanzamos, es vital que los gobiernos y la sociedad civil se comprometan a fortalecer las políticas ambientales y garantizar que el desarrollo económico no sea a costa del medio ambiente y la vida de las comunidades.
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