El 21 de noviembre de 2024, la Cámara de Diputados discutirá en lo particular una reforma que plantea la extinción de siete organismos autónomos, una medida que ya fue aprobada en lo general. Este movimiento, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha desatado una ola de controversia y preocupación entre organizaciones civiles, expertos en transparencia y la ciudadanía en general.
La reforma de Morena sugiere que las funciones de estos organismos sean absorbidas por otras instancias gubernamentales, lo que podría afectar gravemente la rendición de cuentas en el país.
Entre los organismos que se verían afectados por esta reforma se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual ha sido clave para garantizar que los ciudadanos puedan acceder a información pública y que los datos personales estén protegidos de posibles abusos por parte de las autoridades.
La crítica de artículo 19 y Fundar
«Grave retroceso en la transparencia y acceso a la información» es el mensaje central que han transmitido organizaciones como Artículo 19, Fundar Centro de Análisis e Investigación, y Designaciones Públicas. Estas agrupaciones alertan que la desaparición del INAI y otros organismos autónomos representaría un retroceso importante en los avances logrados en materia de acceso a la información y transparencia, los cuales han sido fundamentales en la democracia mexicana de los últimos 20 años.
El INAI ha desempeñado un papel crucial en la protección de los derechos ciudadanos, permitiendo que la sociedad pueda acceder a datos vitales sobre la administración pública y la gestión de los recursos del gobierno. De acuerdo con las organizaciones, al desaparecer el INAI, los ciudadanos quedarían desprotegidos ante la negativa de las autoridades para entregar información, lo que incrementaría los riesgos de corrupción y opacidad.
Las implicaciones de la desaparición del INAI
De acuerdo con el comunicado de las organizaciones, la desaparición del INAI significaría también la pérdida de millones de datos importantes que están resguardados en la Plataforma Nacional de Transparencia, una herramienta que permite a los ciudadanos consultar información sobre el uso de los recursos públicos y otros aspectos de la gestión gubernamental. Este cambio no solo afectaría la transparencia del gobierno, sino también la lucha contra la corrupción y el abuso del poder.
«Lo que ya no vamos a saber», es el lema de la campaña lanzada por estas organizaciones, que busca concienciar sobre los peligros de la reforma. Según las mismas, sin un acceso claro a la información pública, las y los ciudadanos no podrán conocer detalles cruciales sobre cómo se están utilizando los recursos públicos, qué decisiones están tomando las autoridades y cómo se están gestionando los fondos destinados a programas sociales y otros sectores clave.
El riesgo de politización de la transparencia
El gobierno federal ha defendido esta reforma argumentando que los organismos autónomos son costosos y, en algunos casos, representan intereses particulares que no sirven al pueblo mexicano. Sin embargo, muchas voces disidentes señalan que la reforma de AMLO está poniendo en peligro la estructura misma que garantiza que el poder público se mantenga vigilado y que las decisiones del gobierno se tomen de manera transparente y responsable.
Al absorber el INAI y otras entidades en dependencias gubernamentales como la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Energía o el INE, algunos temen que la transparencia y la rendición de cuentas se vean subordinadas a intereses políticos y partidistas, lo que podría generar un clima de mayor opacidad y control por parte del Ejecutivo.
Otros organismos que desaparecerían con la reforma
Además del INAI, la reforma también contempla la extinción de otros seis organismos autónomos, lo que podría tener un impacto negativo en varias áreas clave de la vida pública en México. Estos organismos incluyen:
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece): Propuesta para que sus funciones sean asumidas por la Secretaría de Economía.
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): Sus funciones pasarían a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval): Se prevé que sus responsabilidades sean asumidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH): Pasarían a formar parte de la Secretaría de Energía (Sener).
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu): Sus funciones se trasladarían a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Estas instituciones fueron creadas en el periodo neoliberal con el objetivo de evitar la concentración de poder en el Ejecutivo y garantizar que las políticas públicas se implementaran de manera objetiva y profesional. Su eliminación, sin un debate informado y sin un diagnóstico adecuado, podría poner en riesgo la estabilidad institucional y la efectividad de las políticas públicas en el país.
La preocupación de los expertos: ¿un camino hacia el fracaso?
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha señalado que la desaparición de estos organismos no se basa en una evaluación objetiva de sus fallas, sino en intereses políticos que no consideran las necesidades del país:
“Estas reformas, sin evidencia ni diagnóstico adecuado, están destinadas al fracaso”, advierten los expertos, quienes temen que, al no fortalecer estas instituciones, México podría enfrentar una crisis institucional y un retroceso en áreas clave como la transparencia, la competencia económica y la educación.
¿Qué nos espera sin el INAI?
La posible extinción del INAI y otros organismos autónomos pone en juego las conquistas de la democracia mexicana en materia de transparencia y acceso a la información. Las organizaciones civiles han sido claras al advertir sobre los peligros de esta reforma, que podría dar paso a un gobierno menos transparente y más controlado, poniendo en riesgo la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
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