La comunidad de Santa María Chi, en Yucatán, está en contra de la operación de la “Granja Porcícola Santa María”, señalan que contamina el agua y los ecosistemas locales poniendo en riesgo a la niñez y habitantes de la zona maya, por lo que han emprendido desde el 2023 una batalla legal contra la empresa con el apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), para que “Pecuaria Peninsular” detenga la producción de cerdos.
Aunque se han defendido por todos los medios haciendo denuncias directas a las autoridades ambientales federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Agua Potable (Conagua), autoridades estatales y municipales de Mérida y Tixkokob, recientemente, recibieron un golpe fuerte en materia legal, buscando detener el funcionamiento de la granja y exigir la reparación de daños ambientales generados.
Pues el subcomisario de Santa María Chi, Wilberth Alfonso Náhuatl Puc, uno de los principales actores que ha denunciado la contaminación de la granja porcícola y mantiene las demandas contra la empresa y sus representantes, le respondieron con una denuncia penal, donde lo señalan por un presunto despojo de inmueble y privación ilegal de la libertad, por actos que presuntamente ocurrieron en un protesta el pasado 14 de mayo de 2023.
Para el Instituto Federal de Defensoría Pública, la denuncia que interpuso la empresa porcícola es un acto de criminalización hacia personas como el subcomisario Wilberth Alfonso Náhuatl Puc, que defienden su derecho a un medio ambiente sano, que está marcado en la Constitución Política de México y tratados internacionales.
El Instituto condenó el uso indebido de la justicia penal para intimidar a activistas o representantes de las comunidades mayas para inhibir su derecho a la protesta social y la defensa de los derechos ambientales en Yucatán, y también hizo un llamado para que las autoridades del país ayuden con el caso de la comunidad Santa María Chi y proteger a defensores ambientales.
Actualmente la granja de cerdos ubicada en la comunidad de Santa María Chi, cuenta con la instalación de 72 naves industriales y la operación de un sistema de aguas residuales con una superficie superior a los 3 millones 381 mil 597 metros cuadrados.
La comunidad de Santa María Chi se ha defendido con sus propios recursos, pues ha denunciado en varias ocasiones que la granja porcícola está contaminando el entorno y afecta directamente a la población indígena.
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