Este miércoles, el oficialismo en la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, una medida polémica que muchos consideran un retroceso para la justicia en México.
A lo largo de los años, la prisión preventiva automática se ha utilizado como una herramienta de combate a la inseguridad, pero ¿realmente cumple su propósito? Las estadísticas y expertos en derechos humanos apuntan a que esta medida, lejos de resolver el problema, lo agrava.
La ampliación de la prisión preventiva oficiosa priva a los jueces de su facultad para decidir caso por caso si la privación de libertad es necesaria antes de la sentencia. En lugar de actuar como un recurso excepcional, la medida se convierte en un mecanismo automático, donde una mayoría legislativa decide quién debería ser encarcelado, sin consideración por las circunstancias individuales del caso.
Un sistema que sacrifica la justicia: ¿cómo llegamos hasta aquí?
La prisión preventiva oficiosa fue inicialmente pensada para delitos graves como homicidio y secuestro, pero en 2019 el artículo 19 de la Constitución se reformó para añadir delitos como el feminicidio, el robo a transporte y delitos electorales. Sin embargo, los resultados han sido insuficientes. A pesar de incluir estos delitos, el feminicidio apenas se redujo en un 6% y los robos a transporte aumentaron cuatro veces, lo que muestra que la medida no ha tenido un impacto significativo en reducir el delito.
Lo que verdaderamente queda en evidencia con esta reforma es la incapacidad del Estado para fortalecer un sistema de justicia que funcione de manera eficaz. En lugar de formar y capacitar policías, mejorar las fiscalías y proveer de los recursos necesarios a los jueces, se opta por un método simplista: llenar las prisiones de personas que aún no han sido declaradas culpables.
Prisión preventiva: ¿una herramienta efectiva o una amenaza a los derechos humanos?
Expertos en derechos humanos y organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han señalado en varias ocasiones que la prisión preventiva oficiosa viola los derechos fundamentales.
Los recientes casos de Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez vs. México destacan cómo esta medida afecta el derecho a la presunción de inocencia y permite la privación arbitraria de la libertad.
México ha sido advertido de que este tipo de prácticas no solo violan los derechos humanos, sino que también abren la puerta a un posible uso político de la prisión preventiva. En lugar de resolver los problemas de seguridad, el país se arriesga a una instrumentalización de la justicia donde bastaría una simple acusación para enviar a alguien a prisión, sin que el juez tenga oportunidad de evaluar pruebas o la situación del acusado.
La saturación de cárceles: una consecuencia inevitable
Uno de los problemas más inmediatos que trae esta reforma es la saturación de los centros penitenciarios. México ya cuenta con prisiones sobrepobladas y en condiciones críticas; sin embargo, la expansión de la prisión preventiva oficiosa generará un flujo aún mayor de personas privadas de su libertad sin sentencia. La falta de recursos para garantizar una defensa adecuada y las malas condiciones de los centros penitenciarios empeoran la situación, afectando principalmente a personas en situación de vulnerabilidad.
El impacto en los derechos humanos y el riesgo de abusos políticos
Más allá del problema de la sobrepoblación, el riesgo más profundo es el impacto de esta reforma en los derechos humanos. Al ampliar la lista de delitos que ameritan prisión preventiva, el Estado mexicano crea una herramienta que, en manos equivocadas, puede utilizarse para encarcelar a quienes resulten incómodos para el poder. Basta una denuncia para llevar a una persona a prisión sin derecho a un proceso justo, sin que se presenten pruebas contundentes y sin que un juez pueda evaluar la evidencia.
Esta medida crea un precedente peligroso: los derechos fundamentales y la libertad de los ciudadanos quedan vulnerables ante decisiones de legisladores que, en lugar de escuchar a la sociedad y respetar los principios de justicia, prefieren utilizar la prisión como una solución inmediata a problemas de seguridad.
¿Cuál es el verdadero camino hacia la seguridad en México?
Para alcanzar una justicia que verdaderamente proteja a los ciudadanos, el Estado debe centrarse en fortalecer todo el sistema de justicia y garantizar el respeto a los derechos humanos. Esto implica formar a policías y fiscales capaces de integrar investigaciones sólidas, dotar de herramientas a los jueces para aplicar la ley con objetividad y recursos adecuados, y brindar asistencia legal de calidad para evitar que los derechos de los acusados sean vulnerados.
El aumento de la prisión preventiva oficiosa no resuelve los problemas de inseguridad, sino que los profundiza. México necesita un sistema de justicia que priorice la profesionalización y la ética, que garantice el derecho a un juicio justo y que ponga la seguridad de los ciudadanos en manos de personas capacitadas.
Un retroceso en justicia y derechos humanos
La ampliación de la prisión preventiva oficiosa representa un retroceso en la protección de los derechos humanos y en el sistema de justicia en México. Lejos de fortalecer la seguridad, esta reforma contribuye a la sobrepoblación penitenciaria, perpetúa las deficiencias del sistema judicial y aumenta el riesgo de abusos de poder.
La justicia debe construirse sobre un sistema sólido y profesional, que respete los derechos y que evite las soluciones simplistas que sólo sacrifican la libertad y el derecho a la presunción de inocencia.
La verdadera seguridad debe estar acompañada de políticas integrales, que busquen soluciones de fondo, sin sacrificar los principios democráticos ni los derechos fundamentales de las personas. México enfrenta una encrucijada en su sistema de justicia; el camino que elija definirá el futuro de la libertad y la equidad en el país.
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