Justicia fallida es el término que sigue describiendo la realidad de los feminicidios en México, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). Justicia fallida es también la palabra clave que resume un sistema donde los casos solo avanzan cuando las familias de las víctimas, acompañadas por organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos, asumen tareas que corresponden al Estado. Así lo afirmó María de la Luz Estrada, directora del OCNF, al presentar la Guía de buenas prácticas en el acompañamiento de casos de violencia feminicida.

OCNF Justicia fallida: Feminicidios y la ausencia de una justicia garantizada

En México, la justicia para las víctimas de feminicidio no está asegurada por el sistema de procuración y administración de justicia. Integrantes del OCNF y de diversas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres señalaron que, en muchos casos, aún es necesario demostrar que los asesinatos no fueron suicidios, accidentes o hechos aislados, y que las víctimas no eran responsables de la violencia que enfrentaron.

Esta carga probatoria adicional recae de forma sistemática en las familias, quienes deben enfrentar ministerios públicos sin empatía, investigaciones incompletas y procesos judiciales marcados por prejuicios de género. El OCNF subrayó que estas prácticas no son excepcionales, sino parte de un patrón que reproduce la impunidad.

Impunidad y malas prácticas en las investigaciones

Las cifras reflejan la gravedad del problema. En el país se registran más de 10 asesinatos de mujeres, niñas y adolescentes cada día, y uno de cada cinco feminicidios cometidos en la última década fue clasificado por las autoridades bajo un delito distinto o incluso como una muerte accidental. Esta mala clasificación impide el acceso a la verdad, retrasa los procesos judiciales y profundiza la impunidad.

El OCNF alertó sobre patrones que se repiten en distintas entidades: pérdida o no levantamiento de pruebas, ausencia de peritajes con perspectiva de género, criminalización de las víctimas y exclusión de agresores cercanos como principales sospechosos. Estas fallas, señalaron, evidencian un problema estructural del sistema de justicia.

Defensoras de derechos humanos suplen al Estado

Ante este escenario, las defensoras de derechos humanos han tenido que asumir funciones que deberían ser responsabilidad de las autoridades. Entre ellas se encuentran la elaboración de planes de investigación, la propuesta de peritajes independientes, la documentación de omisiones y la vigilancia del actuar de fiscalías y tribunales para evitar que los casos sean archivados sin resolución.

Con 18 años de experiencia acompañando a víctimas de violencia feminicida, el OCNF explicó que la Guía de buenas prácticas no surge porque el sistema funcione, sino porque falla. El documento sistematiza las rutas que han permitido acceder a la justicia cuando el Estado no investiga con debida diligencia ni con perspectiva de género.

Guía de buenas prácticas como herramienta contra la revictimización

La Guía reúne experiencias acumuladas en casos acompañados por el OCNF en diversas entidades del país, incluidos procesos emblemáticos que lograron sentencias por feminicidio y el reconocimiento de las razones de género. Estos casos demuestran que la justicia es posible, pero únicamente cuando las familias cuentan con acompañamiento técnico independiente, constante y especializado.

El OCNF enfatizó que, pese a los avances normativos en el reconocimiento del delito de feminicidio, persiste un patrón de revictimización. Las familias y sobrevivientes enfrentan discursos institucionales que las responsabilizan del crimen, investigaciones lentas y sin rigor técnico, y la protección indirecta de los agresores por parte de un sistema que históricamente ha normalizado la violencia contra las mujeres.

Violencia contra las mujeres y fallas del sistema judicial

La organización identificó tres niveles críticos de impunidad: un sistema que protege la conducta de los agresores, la falta de debida diligencia en las investigaciones y la revictimización constante de las familias. Estas condiciones permiten la pérdida de pruebas fundamentales, la fuga de responsables y el desgaste emocional y económico de quienes buscan justicia.

María de la Luz Estrada advirtió que el hecho de que existan rutas para llegar a sentencias no debe interpretarse como un logro institucional. Por el contrario, es una señal de alerta sobre un sistema que obliga a las familias a organizarse y aprender derecho penal para que sus casos avancen.

Acceso a la justicia como deuda del Estado

Más que una publicación, la Guía de buenas prácticas en el acompañamiento de casos de violencia feminicida se presenta como una herramienta política y técnica orientada al empoderamiento de las víctimas y de las defensoras de derechos humanos. Su objetivo es exigir que el Estado cumpla con su obligación de garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño.

El OCNF concluyó que mientras la justicia fallida siga siendo la norma en los feminicidios, la lucha de las familias y de la sociedad civil continuará siendo indispensable para romper el ciclo de impunidad que persiste en México.