El asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido el sábado en Uruapan, Michoacán, desató una ola de indignación que no solo se expresó en redes sociales, sino también en el homenaje público realizado este domingo, donde su esposa, Grecia Quiroz, lanzó un mensaje de resistencia: “Aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha”. La viuda del edil aseguró que la ciudadanía no se rendirá ante el clima de violencia que afecta a la región y que seguirá defendiendo el legado de Manzo, quien ganó la alcaldía como candidato independiente en 2024.

El caso provocó también reacciones institucionales: la Iglesia católica y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) exigieron al gobierno mexicano una estrategia real contra los grupos armados que operan en distintas zonas del país. El ataque contra Manzo no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de agresiones contra funcionarios, activistas, empresarios y ciudadanos que denuncian el control del crimen organizado en municipios estratégicos.

La voz de la esposa: del duelo a la resistencia pública

Durante el homenaje celebrado en la plaza principal de Uruapan, Grecia Quiroz habló ante cientos de personas que acudieron con flores, pancartas y, sobre todo, con el símbolo que acompañó la campaña de Manzo: el sombrero de ala ancha que él usaba en actos públicos. Ella también lo portaba.

“Hoy no mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a decir la verdad sin miedo”, declaró. Su mensaje buscó convertir la tragedia en bandera política y social, asegurando que el movimiento que él encabezaba, conocido como “el movimiento del sombrero”, seguirá activo.

Como presidenta honoraria del DIF local, Quiroz pidió a los funcionarios del propio gobierno municipal —la administración que Manzo encabezaba— que no retrocedan frente a las presiones criminales. Su discurso mezcló duelo personal con una convocatoria ciudadana: “Defendamos a nuestros hijos con uñas y dientes. Defendamos ese Uruapan de antes”.

Reacción pública: indignación, exigencia y desconfianza política

El funeral estuvo marcado también por tensiones políticas. La presencia del gobernador de Michoacán, Alfredo Bedolla, fue recibida con gritos de “¡Fuera, fuera!”, una señal de hartazgo ante la percepción de que el crimen organizado avanza mientras las autoridades no garantizan seguridad ni resultados.

No es la primera vez que Uruapan vive un episodio de violencia contra figuras públicas. El estado de Michoacán acumula una larga lista de agresiones, secuestros y asesinatos de alcaldes, empresarios y funcionarios municipales, muchos de ellos ocurridos en contextos electorales o tras disputas por el control territorial entre cárteles.

El asesinato de Manzo también reactivó un debate recurrente: ¿los gobiernos locales tienen realmente capacidad de protegerse frente a organizaciones criminales que superan en armamento, recursos y capacidad territorial a las policías municipales?

La Iglesia y el sector empresarial rompen el silencio

La Iglesia católica emitió un comunicado contundente: el problema no es solo el asesinato de figuras públicas, sino la existencia normalizada de grupos armados que controlan la vida civil en distintas regiones. Calificó esa situación como “el verdadero crimen a enfrentar” y pidió al gobierno federal actuar con determinación e inteligencia, no solo con operativos reactivos o detenciones aisladas.

La Concanaco se sumó al reclamo, alertando que la violencia contra autoridades locales afecta no solo a la seguridad pública, sino también a la actividad económica, al comercio y a la inversión. Para el sector empresarial, el asesinato del alcalde envía un mensaje de riesgo para cualquiera que intente gobernar o emprender sin “negociar” con grupos criminales.

Un municipio que representa un síntoma nacional

El caso de Uruapan no es excepcional. En los últimos años, México ha registrado un número creciente de asesinatos de autoridades municipales, especialmente en regiones con fuerte presencia de cárteles. La debilidad institucional, la falta de coordinación en seguridad pública y la ausencia de blindaje político colocan a alcaldes y candidatos en la primera línea de riesgo.

Organismos civiles han documentado que muchos gobiernos locales enfrentan no solo amenazas y extorsiones, sino presiones para entregar contratos, tolerar actividades ilegales o permitir la infiltración criminal en cuerpos policiacos.

Lo que viene: continuidad, resistencia o vacío de poder

El gobierno de Manzo deberá ser asumido por un sucesor legal, pero también simbólico: el riesgo de que la estructura política municipal quede paralizada o cooptada es real. La pregunta ahora no es solo quién gobernará Uruapan, sino si podrá hacerlo sin pactar con los grupos armados.

El llamado de la viuda, la reacción social y la condena institucional crean un escenario de presión pública, pero también revelan un dilema profundo: en zonas donde la autoridad estatal no controla el territorio, la heroización individual no basta para garantizar seguridad.

El asesinato de Carlos Manzo deja al descubierto una verdad incómoda: quienes desafían al crimen organizado en México pueden ganar elecciones, pero no siempre pueden conservar la vida. El legado que su esposa jura defender depende ahora de algo más grande que el duelo o la voluntad ciudadana: una respuesta de Estado que aún no llega.