El director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO), Rafael Hernández Kotasek, presentó los resultados del estudio “Financiamiento del Transporte Público en América Latina y el Caribe”, durante el Foro Latinoamericano de Movilidad “Ciudades en Movimiento”, en el que se analizaron los desafíos estructurales para la sostenibilidad económica de los sistemas urbanos.
La investigación fue elaborada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Asociación Internacional de Transporte Público (UITP), y concluye que los sistemas de transporte no pueden sostenerse únicamente con la tarifa pagada por los usuarios. En diversas ciudades de la región, el subsidio público cubre hasta 60% del costo total, e incluso alcanza 72% en algunos casos.
Durante su exposición, el titular de IMOVEQROO explicó que el aumento de costos operativos, la disminución de pasajeros en ciertos contextos urbanos y el crecimiento acelerado del parque vehicular privado han colocado al transporte público ante un desafío financiero persistente.
El estudio comparó indicadores como costo e ingreso por kilómetro, estructura de insumos, evolución de la demanda, esquemas tarifarios y modelos de subsidio aplicados en distintas ciudades latinoamericanas. El análisis técnico identifica la necesidad de establecer políticas tarifarias claras, sostenibles y socialmente equitativas.
Entre las conclusiones estratégicas se plantea diversificar las fuentes de financiamiento más allá de la tarifa, fortalecer la planeación de largo plazo y consolidar capacidades institucionales para garantizar servicios confiables, seguros y accesibles, especialmente para sectores vulnerables.
Asimismo, se advirtió que el crecimiento exponencial del vehículo particular en las últimas dos décadas, sin una expansión proporcional del transporte colectivo, ha generado un desequilibrio que afecta la competitividad urbana y la calidad de vida.
El foro reunió a autoridades, especialistas y representantes de organismos internacionales, quienes coincidieron en que la transformación del transporte público en América Latina requiere una agenda integral que combine sostenibilidad financiera, equidad social y fortalecimiento institucional como política de Estado.
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