La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum continúa con una política de militarización heredada de Andrés Manuel López Obrador, quien asignó a las Fuerzas Armadas funciones que van más allá de la seguridad. Este fenómeno genera inquietud entre expertos y ciudadanos, quienes se preguntan hasta qué punto el ejército debería involucrarse en tareas civiles.
Exploramos cómo esta creciente militarización afecta la vida cotidiana y los derechos humanos en México, especialmente en temas sensibles como la migración y la construcción de infraestructuras estratégicas.
El debate de la militarización: ¿Un camino hacia la seguridad o una amenaza a los derechos?
En sus primeras semanas de mandato, Sheinbaum rechazó las críticas sobre la militarización del país: «En México no hay estado de excepción, no hay violaciones a derechos humanos». Sin embargo, esta postura choca con la percepción de muchos especialistas, quienes argumentan que el ejército ha asumido más de 300 funciones civiles, lo que representa un poder amplio y sin precedentes.
René Gerez, investigador de Causa en Común, subraya que “no solo se trata de seguridad pública, sino de una amplia gama de tareas para las cuales los militares no fueron capacitados”.
Las fuerzas armadas en tareas cotidianas: Más allá de la seguridad
La construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la administración del Banco del Bienestar y hasta la distribución de vacunas durante la pandemia son algunas de las funciones civiles que ahora recae en el ejército.
Los expertos temen que, al otorgarle tanto poder a las Fuerzas Armadas, se promueva una falta de transparencia y riesgos de corrupción, ya que estas actividades generalmente no están bajo escrutinio civil.
Migración y militarización: Los migrantes como “amenaza” en la frontera
Uno de los temas más delicados es el involucramiento del ejército en la administración de la migración. En su informe, la Universidad Iberoamericana expuso cómo se ha construido la imagen del migrante como un “enemigo” a controlar. Esta narrativa no solo legitima el uso de armas de alto calibre contra migrantes, sino que también se traduce en abusos de poder. En repetidas ocasiones, los migrantes son detenidos y tratados como delincuentes, lo cual contradice los derechos de protección internacional.
La situación se vuelve aún más preocupante con la asignación de funciones de control migratorio a la Guardia Nacional, entidad que opera bajo un carácter militar y cuyos agentes reciben órdenes directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta estructura militar ha generado casos documentados de intimidación y violación de derechos humanos.
Construcción de infraestructuras: El ejército en el desarrollo de México
Las Fuerzas Armadas han desempeñado un papel central en la construcción de proyectos clave de infraestructura, como el Aeropuerto Internacional de Tulum y el Acueducto de Nuevo León. Esta práctica ha provocado críticas respecto a la transparencia y la idoneidad de estos procesos.
Además, la asignación de proyectos de infraestructura a las Fuerzas Armadas ha suscitado preguntas sobre la eficiencia y la corrupción potencial, pues estos proyectos están exentos de ciertos mecanismos de rendición de cuentas aplicables a otras entidades.
¿Por qué la sociedad rechaza la palabra “militarización”?
El término «militarización» evoca, para muchos, abusos de derechos humanos, opacidad y una falta de responsabilidad pública. Gerez sostiene que esta palabra es un “tabú” porque simboliza represión y control excesivo del gobierno. En el contexto mexicano, es imposible no recordar episodios históricos donde el ejército ha estado implicado en violaciones graves a los derechos humanos. Los críticos argumentan que la presencia del ejército en tantas áreas civiles crea un ambiente de desconfianza y temor.
Las consecuencias sociales y políticas de una militarización prolongada
El aumento del poder de las Fuerzas Armadas en la vida civil mexicana no solo modifica la percepción de seguridad, sino que también implica cambios estructurales en cómo operan las instituciones. Al establecer al ejército como actor dominante en la seguridad y otros ámbitos, el país podría estar minando la capacidad de instituciones civiles para realizar tareas de manera independiente y respetuosa con los derechos humanos.
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