El tabaco marcó el inicio de una semana decisiva en Ginebra, donde representantes de decenas de países se reunieron para intentar reactivar un acuerdo internacional que, aunque nació hace más de una década, sigue sin consolidarse plenamente.
En un ambiente tenso, diplomático y cargado de expectativas, la cuarta reunión del Protocolo contra el comercio ilícito de tabaco busca convertirse en un punto de inflexión histórico y, sobre todo, en una oportunidad para que las naciones asuman compromisos reales y verificables frente a una industria donde el contrabando, la evasión y la opacidad financiera han impactado profundamente las economías y la salud de millones de personas.
El reto de aplicar un protocolo que avanza lentamente
El Protocolo contra el comercio ilícito de productos derivados del tabaco nació para combatir un mercado que consume recursos, vulnera leyes y fortalece redes criminales. Sin embargo, después de tantos años, solo 71 países lo han firmado y apenas 54 lo han ratificado. La falta de adhesión ha permitido que el comercio ilegal continúe expandiéndose y, en algunos casos, sofisticándose a un ritmo mayor que la capacidad de reacción de los gobiernos.
En Ginebra, los delegados reconocieron que el retraso no solo es burocrático: también responde a intereses políticos, presiones económicas y a la enorme influencia de la industria tabacalera, que históricamente ha intentado intervenir en los sistemas de control. En medio de los debates, surgió una narrativa común: el tabaco ilícito no es únicamente un problema fiscal, sino un fenómeno que debilita políticas públicas, aumenta riesgos sanitarios y erosiona la capacidad regulatoria de los países.
La necesidad de sistemas independientes de trazabilidad
Uno de los puntos más discutidos durante la reunión fue la implementación de sistemas independientes —totalmente ajenos a la industria del tabaco— para rastrear cada etapa de la producción, distribución y comercialización. Para muchos representantes, este mecanismo es la piedra angular del Protocolo: sin él, no existe forma real de estimar la producción ni de frenar el comercio ilegal.
La trazabilidad permitiría conocer, en tiempo real, cuánto tabaco se produce, en qué puntos se distribuye y cómo circula dentro y fuera de las fronteras. Varios expertos insistieron en que la única manera de frenar el contrabando es mediante una red global de información que conecte a todas las aduanas, agencias fiscales y autoridades sanitarias. Esta red reduciría los vacíos normativos y, al mismo tiempo, permitiría estimar la recaudación fiscal que hoy se pierde por actividades ilícitas.
La dimensión económica del problema mundial
Los datos que manejan los organismos internacionales son alarmantes: se estima que el comercio ilícito del tabaco representa alrededor del 11 por ciento del mercado mundial y provoca pérdidas anuales superiores a 47 mil millones de dólares. Se trata de recursos que podrían transformarse en hospitales, medicinas, infraestructura, educación y programas de prevención.
Muchos delegados insistieron en que el tabaco ilícito opera como una sombra dentro de la economía formal: se alimenta de la corrupción, explota brechas regulatorias y se adapta rápidamente a cambios legislativos. Representa una amenaza para los sistemas fiscales porque reduce drásticamente la capacidad de los Estados para financiar políticas públicas cruciales.
Durante los diálogos, países latinoamericanos compartieron experiencias de cómo las redes criminales del tabaco se han entrelazado con otras estructuras ilegales dedicadas al tráfico de armas, drogas o personas, ampliando el impacto del problema.
Diplomacia, negociación y la lenta construcción de consensos
El tono diplomático dominó la MOP4. Aunque existe consenso en que el tabaco ilícito es un problema global, cada país enfrenta retos particulares, desde limitaciones tecnológicas hasta tensiones políticas internas que dificultan la ratificación del Protocolo.
México, por ejemplo, ha estado ausente en la lista de países firmantes, una situación que generó comentarios entre delegados latinoamericanos que consideran crucial su participación debido a la magnitud de su mercado interno y a su papel estratégico en cadenas comerciales regionales.
La presidencia de la MOP4 insistió en la importancia de reactivar la diplomacia sanitaria, fiscal y comercial para impulsar la firma del Protocolo. Se propuso una estrategia gradual que combine incentivos, cooperación técnica y presión internacional para que más países adopten los mecanismos de control.
Historias que ilustran la urgencia del problema
Durante la sesión plenaria, varios representantes expusieron casos concretos para mostrar el impacto del tabaco ilícito en la vida cotidiana. Un delegado africano narró la historia de un pequeño poblado fronterizo donde la aparición de fábricas clandestinas había multiplicado la presencia de organizaciones criminales. Las autoridades locales no solo perdieron ingresos, sino también seguridad.
Otro testimonio, procedente de Europa del Este, relató cómo el comercio ilegal de tabaco había desplazado a productores legales, destruyendo empleos y aumentando la dependencia económica de redes ilícitas. El representante destacó que el contrabando no es una actividad aislada: se articula con corrupción judicial, lavado de dinero y violencia local.
Estas historias resonaron entre los asistentes, quienes coincidieron en que el tabaco ilícito no puede combatirse únicamente con leyes: requiere cooperación internacional, tecnología avanzada y voluntad política.
El futuro: cooperación o retroceso
La MOP4 concluyó con un llamado urgente a los países miembros para que asuman compromisos concretos. El tabaco ilícito continúa creciendo, y cada año sin acción fortalece estructuras criminales que luego son más difíciles de desmantelar. Para los delegados, el futuro depende de una decisión colectiva: avanzar hacia una fiscalización global moderna o permitir que la industria ilícita siga erosionando instituciones y presupuestos.
En los pasillos de la conferencia quedó claro que el debate no termina en Ginebra. Los próximos meses serán críticos para evaluar si los compromisos se transforman en acciones concretas o si el tabaco ilícito seguirá dominando un mercado que debería ser regulado con transparencia y responsabilidad.
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