Traslado de reos peligrosos es la medida que aplicó el gobierno federal al mover a 25 internos de alta peligrosidad de cárceles estatales de Michoacán hacia distintos penales federales, como parte de una estrategia para reducir riesgos de violencia, extorsión y control criminal dentro de los centros penitenciarios locales. La acción, encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se integra a un plan más amplio para recuperar la gobernabilidad y fortalecer la seguridad en la entidad.

Estrategia federal para contener el reagrupamiento criminal

Las autoridades federales explicaron que la permanencia de estos internos en penales estatales representaba un alto riesgo de reagrupamiento criminal, incremento de tensiones internas, posibles motines y actos de presión colectiva. De acuerdo con el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, los reos trasladados presentaban liderazgo negativo, capacidad económica para corromper personal penitenciario y vínculos delictivos activos que podían desestabilizar los centros de reclusión.

El traslado se realizó vía aérea hacia Centros Federales de Reinserción Social (Cefereso) ubicados en Durango, Nayarit, Coahuila y Veracruz, lo que permitió dispersar a los internos y reducir su capacidad de influencia dentro de un solo penal.

Operativo coordinado con fuerzas federales

Para ejecutar el traslado de reos peligrosos, se desplegó un operativo de gran escala que involucró a 225 elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y el Sistema Penitenciario. El dispositivo incluyó traslados terrestres y aéreos, con protocolos de seguridad reforzados para evitar incidentes durante el movimiento de los internos.

Las autoridades subrayaron que este tipo de acciones buscan prevenir hechos violentos antes de que ocurran, en lugar de reaccionar una vez que los conflictos estallan dentro de las cárceles estatales.

Plan de Michoacán por la Paz y la Justicia

El traslado forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del Plan de Michoacán por la Paz y la Justicia, iniciativas diseñadas para debilitar las estructuras criminales que operan tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios. Según la SSPC, los penales estatales han sido utilizados históricamente como centros de operación delictiva, desde donde se coordinan extorsiones, tráfico de drogas y otros delitos.

Al reubicar a los internos más peligrosos en penales federales con mayor control y vigilancia, el gobierno busca cortar esos canales de comunicación y operación criminal.

Decomisos revelan la magnitud del problema penitenciario

Durante una conferencia de prensa, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, informó que en lo que va del año se han realizado más de mil 500 revisiones en centros penitenciarios federales y estatales del país. Estos operativos evidencian la magnitud de los problemas de seguridad dentro de las cárceles.

En total, se llevaron a cabo mil 571 revisiones en 275 centros penitenciarios —14 federales y 261 estatales—. Como resultado, se aseguraron 195 armas de fuego, mil 685 cartuchos, 276 cargadores, además de 5 mil 675 armas punzocortantes.

Uno de los hallazgos más preocupantes fue el decomiso de 2 mil 610 teléfonos celulares, 913 chips y 134 módems, herramientas clave para la comisión de delitos como la extorsión telefónica desde el interior de las prisiones.

Drogas, dinero y túneles clandestinos

Las revisiones también permitieron asegurar 4 mil 897 dosis de mariguana, 858 de cocaína, 108 de metanfetamina y más de 1.3 millones de pesos en efectivo, además de la clausura de un túnel, lo que demuestra el nivel de sofisticación de algunas redes criminales al interior de los centros penitenciarios.

Estos decomisos refuerzan el argumento de las autoridades sobre la necesidad de reordenar el sistema penitenciario y evitar que las cárceles se conviertan en espacios de impunidad y operación criminal.

Un mensaje de control y prevención

El traslado de reos peligrosos desde Michoacán a penales federales envía un mensaje claro: el Estado busca retomar el control de los centros penitenciarios y reducir la influencia del crimen organizado. Si bien estas acciones no resuelven por sí solas el problema de la violencia, sí representan un paso importante para disminuir los riesgos inmediatos dentro de las cárceles y limitar la capacidad de los grupos delictivos para operar desde prisión.

A mediano plazo, las autoridades han señalado que será necesario complementar estas medidas con reformas estructurales, profesionalización del personal penitenciario y una vigilancia constante para evitar que los avances se reviertan.