Una nueva tragedia sacude el sistema penitenciario de Ecuador, luego de que un motín en la cárcel de Machala, provincia de El Oro, dejara al menos 27 reclusos muertos este domingo, según informaron medios locales y fuentes oficiales. El violento suceso se produjo apenas horas después de otro enfrentamiento en el mismo penal que ya había dejado cuatro reos asesinados y 34 heridos, entre ellos un agente policial.
Con esta cifra, el número total de fallecidos asciende a 31 internos, consolidando una de las jornadas más sangrientas registradas en el país en lo que va del año. La situación, que se desarrolló en medio de un estado de excepción vigente en la provincia, vuelve a evidenciar la grave crisis carcelaria y de seguridad que atraviesa Ecuador.
Violencia incontrolable dentro del penal de Machala
De acuerdo con los reportes de la prensa local, los cuerpos de los reclusos fueron hallados al interior de varios pabellones de la cárcel, tras una serie de enfrentamientos ocurridos durante la madrugada y la mañana del domingo.
El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), entidad encargada de la administración de las prisiones en Ecuador, confirmó que los disturbios comenzaron en la madrugada cuando un grupo de internos se opuso a un plan de traslado hacia una nueva cárcel de máxima seguridad ubicada en la provincia de Santa Elena, próxima a inaugurarse.
Según las primeras investigaciones, el anuncio de estos traslados desencadenó una ola de violencia interna, protagonizada por bandas rivales que mantienen el control de distintas zonas del penal. Las fuerzas de seguridad tardaron varias horas en recuperar el control total del centro penitenciario, mientras los disturbios se extendían a distintos pabellones.
Hasta el cierre de esta edición, no se ha emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre la situación actual del penal ni sobre el número de detenidos o heridos adicionales tras el motín.
Estado de excepción y crisis penitenciaria en Ecuador
El motín en Machala ocurre en un contexto de grave crisis de seguridad que afecta al país desde hace varios años. En enero de 2024, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa decretó un estado de excepción en varias provincias, incluida El Oro, tras un incremento de la violencia atribuida a grupos de delincuencia organizada que operan tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.
Ecuador enfrenta una ola de violencia sin precedentes, impulsada por el narcotráfico y las pugnas entre bandas criminales que disputan el control territorial y el tráfico de drogas hacia el exterior. Estas organizaciones han extendido su influencia dentro del sistema penitenciario, donde los enfrentamientos entre grupos rivales son cada vez más frecuentes y mortales.
Desde 2021, el país ha registrado más de 500 muertes en cárceles como resultado de motines, ajustes de cuentas y enfrentamientos entre pandillas. Pese a los esfuerzos del gobierno por implementar reformas y nuevas medidas de seguridad, los episodios violentos siguen ocurriendo con alarmante regularidad.
Gobierno busca retomar el control de las prisiones
Tras conocerse los hechos, el SNAI informó que se encuentra coordinando con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en el penal de Machala y en otros centros penitenciarios del país, ante el riesgo de represalias o nuevos disturbios.
El gobierno también reiteró que continuará con los traslados de presos de alta peligrosidad hacia la nueva cárcel de máxima seguridad de Santa Elena, considerada una de las más modernas de Ecuador, pese a la oposición de algunos internos y organizaciones de derechos humanos.
Especialistas en seguridad advierten que la violencia dentro de las cárceles refleja el poder estructural que mantienen las bandas criminales, así como la insuficiencia de personal penitenciario y la falta de control estatal en los recintos. La sobrepoblación, la corrupción y la escasez de recursos agravan una situación que ya se considera crítica.
El motín ocurrido en la cárcel de Machala deja en evidencia la fragilidad del sistema penitenciario ecuatoriano y la necesidad urgente de reformas estructurales que aborden las causas profundas de la violencia carcelaria.
Con 31 reos muertos en una sola jornada, Ecuador vuelve a enfrentar un duro golpe a su política de seguridad, en medio de un contexto nacional marcado por el temor y la expansión del crimen organizado.
Mientras las autoridades trabajan por recuperar el control y garantizar la estabilidad, las familias de los reclusos exigen respuestas claras y justicia ante una tragedia que, lamentablemente, se repite con demasiada frecuencia en las cárceles del país.


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