La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga a la alcaldesa de Tenancingo, Nancy “N”, por su presunta participación en la simulación de un secuestro que, presuntamente, tenía como objetivo obtener 40 millones de pesos para cubrir un posible faltante en las finanzas municipales.
El caso ha generado gran controversia debido a que la funcionaria, quien además fue diputada local por Morena y actualmente preside el Consejo Estatal de ese partido en la entidad, denunció haber sido víctima de secuestro a principios de junio. Sin embargo, las investigaciones apuntan ahora a que todo habría sido un montaje cuidadosamente planeado.
Fiscalía detecta inconsistencias en la denuncia de la alcaldesa
De acuerdo con la carpeta de investigación, la alcaldesa de Tenancingo presentó una denuncia el 1 de junio, en la que aseguró que había sido privada de la libertad un día antes y que posteriormente logró escapar de sus captores.
No obstante, la Fiscalía mexiquense informó que diversas entrevistas, registros telefónicos y grabaciones de cámaras de videovigilancia permitió identificar diversos elementos que contradicen la versión de la alcaldesa.
Entre las principales inconsistencias destaca que en los videos no se observan actos de violencia física, sometimiento o resistencia durante el supuesto secuestro, situación que despertó sospechas. Las autoridades sostienen que la evidencia recopilada apunta a una posible simulación del delito.
Pidió 40 millones de pesos para el rescate
Según la investigación ministerial, el objetivo principal del presunto montaje era obtener 40 millones de pesos, recursos que habrían sido utilizados para cubrir un posible faltante en las finanzas del Ayuntamiento de Tenancingo.
La Fiscalía señaló que, durante el supuesto secuestro, los presuntos responsables habrían amenazado a la alcaldesa asegurándole que habían sido enviados para asesinarla junto con algunos familiares cercanos.
Posteriormente, le exigieron la entrega de 40 millones de pesos a cambio de su libertad y, de acuerdo con la versión presentada por las autoridades, incluso le sugirieron obtener ese dinero directamente de los recursos municipales.
Ante estos hallazgos, la FGJEM dio vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para que revisen una posible afectación al patrimonio público.
Esposo y familiares también son investigados
Entre los señalados aparecen su esposo de la alcaldesa, José Roberto “N”, y su cuñado, Oscar “N”, quienes presuntamente habrían participado en la planeación de la simulación. La Fiscalía también investiga a Víctor Manuel “N”, Karla Valeria “N”, Christian “N”, Oscar “N” y José Roberto “N”
Según la dependencia, estas personas habrían colaborado en la organización de los hechos y en las exigencias económicas realizadas durante el supuesto secuestro.
Hasta el momento, Víctor Manuel “N”, Karla Valeria “N” y Christian“N” ya fueron detenidos. En tanto, José Roberto “N” y Oscar “N” cuentan con órdenes de aprehensión vigentes y permanecen prófugos.
La Fiscalía informó que los particulares involucrados en una simulación de secuestro podrían enfrentar penas de hasta 16 años de prisión, conforme a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
Además, Karla Valeria y Víctor Manuel son investigados por el delito de extorsión debido a las exigencias económicas que habrían realizado durante los hechos. Por este delito podrían recibir condenas de hasta 25 años de prisión.
En el caso de la alcaldesa, la legislación contempla sanciones que podrían llegar hasta 700 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, aunque la situación jurídica aún deberá ser definida por un juez.

Alcaldesa enfrentará audiencia
La FGJEM confirmó que existe un mandamiento judicial vigente relacionado con el caso y que ya fue solicitada la audiencia de formulación de imputación contra la servidora pública. La audiencia fue programada para el próximo 9 de julio.
Será en esa fecha cuando un juez determine si existen elementos suficientes para vincularla a proceso y si debe enfrentar el procedimiento en libertad o bajo alguna medida cautelar más restrictiva, incluida la prisión preventiva.


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