Una oportunidad económica sin precedentes, el “nearshoring”, está atrayendo miles de millones de dólares a México. Pero esta bonanza choca con una cruda realidad: los cárteles no solo trafican drogas, ahora se especializan en extorsionar a estas nuevas empresas, poniendo en riesgo el futuro industrial del país.
México se encuentra en el umbral de una transformación económica histórica. El fenómeno del «nearshoring» —la relocalización de cadenas de suministro más cerca del mercado estadounidense— está provocando una avalancha de inversión extranjera directa (IED) sin precedentes. Sin embargo, esta oportunidad dorada está bajo la amenaza directa de una de las fuerzas más poderosas y destructivas del país: el crimen organizado.
Mientras las empresas multinacionales anuncian nuevas fábricas y centros logísticos, los principales consejos empresariales de México y expertos en seguridad lanzan una advertencia urgente: la extorsión, la violencia y la impunidad se han consolidado como el principal obstáculo para el crecimiento, amenazando con ahuyentar la inversión o, peor aún, integrarla a la fuerza en la economía criminal.
La promesa del Nearshoring: Cifras de un boom
Los datos confirman la magnitud de la oportunidad. Según la CEPAL, México se ha convertido en el segundo mayor receptor de IED en América Latina, captando el 24% del total regional, con un espectacular aumento del 47.9% en los flujos de inversión. Empresas de todo el mundo, buscando reducir su dependencia de las cadenas de suministro asiáticas, ven en la proximidad de México con Estados Unidos una ventaja estratégica insuperable.
El gobierno mexicano promueve activamente esta relocalización, ofreciendo un entorno favorable para los negocios a través de portales como la Ventanilla Única de la Secretaría de Economía. Pero la pregunta que se hacen los inversores en sus salas de juntas es si el Estado puede garantizar la seguridad más allá de los trámites burocráticos.
El “Nearshoring delictivo”: Un negocio paralelo y sofisticado
La amenaza no proviene de una delincuencia común y desorganizada. Aldo Fasci Zuazua, exsecretario de Seguridad de Nuevo León, acuñó un término revelador: el «nearshoring delictivo». Según Fasci, los cárteles llevan décadas aplicando la misma lógica empresarial que ahora atrae a las multinacionales: acercar su producción, logística y personal a su principal cliente, el mercado estadounidense.
Esta perspectiva es crucial: el crimen organizado en México no es solo un problema de seguridad pública, es un actor económico con una estructura y una estrategia. Cuando ven llegar una nueva fábrica, no ven un motor de desarrollo, sino un nuevo cliente potencial para su principal producto: la extorsión.
“Están cerca del cliente, llegan ahí los criminales con su dinero, su equipo, sus sicarios, su logística para acercarse a su cliente y abaratar los costos. Es el ‘nearshoring’, pero delictivo”, explicó Fasci Zuazua.
El costo real de invertir: La extorsión como impuesto criminal
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) han sido claros: «la inseguridad pública detiene la inversión». Para una empresa que se instala en México, los riesgos son múltiples y tangibles:
- Cobro de «piso»: La exigencia de pagos periódicos a cambio de «protección» para poder operar.
- Robo de transporte: El secuestro de camiones con mercancía en las carreteras del país.
- Control de sindicatos: La infiltración de grupos criminales en los sindicatos locales para controlar la contratación y exigir cuotas.
- Violencia: Ataques directos contra instalaciones o personal si las empresas se niegan a pagar.
La crítica del sector privado apunta a una aparente contradicción en la política gubernamental. Mientras se promueve la inversión, el gasto público en seguridad y protección ciudadana se contrajo un 28.6% en términos reales entre 2019 y 2022, según el CEESP. Esta reducción de recursos crea un vacío de autoridad que el crimen organizado está llenando con eficacia.
La encrucijada de México
El futuro económico de México depende de su capacidad para resolver esta colisión entre dos fuerzas económicas masivas. Si el Estado no puede proporcionar un entorno seguro, la ola de nearshoring podría tener dos desenlaces nefastos. El primero, que la inversión se detenga o se desvíe a otros países. El segundo, y quizás más peligroso, es que las empresas, por pragmatismo, decidan pagar la extorsión, creando «zonas narco-industriales» donde los cárteles se conviertan en los proveedores de facto de seguridad y logística.
Este último escenario no solo representaría un fracaso del Estado de derecho, sino que consolidaría el poder del crimen organizado, integrándolo de manera permanente en el corazón de la nueva economía industrial de México y en las cadenas de suministro globales.
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