Más de 381 cuerpos hallados en un crematorio de Ciudad Juárez. No es una fosa del narco, sino un macabro fraude. Conoce los detalles de la traición que sacude a México y el colapso institucional detrás.
El hallazgo de más de 381 cuerpos en un crematorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, ha destapado una trama de horror que no está ligada al crimen organizado, sino a un presunto fraude masivo y a un colapso total de la supervisión sanitaria, afectando a cientos de familias en duelo.
Lo que inicialmente parecía ser otro capítulo oscuro de la violencia de cárteles en la frontera, se ha transformado en una historia aún más perturbadora sobre la traición y la negligencia sistémica. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua ha aclarado que el establecimiento, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, operaba con permisos y que los cuerpos encontrados habían sido procesados legalmente por diversas funerarias, contando con sus respectivos certificados de defunción.
El núcleo del escándalo no es el homicidio, sino una macabra estafa: los cuerpos nunca fueron cremados. Las familias pagaron por un servicio que no se realizó, y durante años, los restos se acumularon en condiciones insalubres, violando todas las normativas. El descubrimiento se produjo después de que vecinos, hartos de los olores fétidos y de observar actividad sospechosa, alertaran a las autoridades. Para manejar la magnitud de la escena, se ha tenido que rentar un tráiler con caja refrigerante para resguardar los cadáveres mientras avanza la investigación.
El verdadero escándalo: Corrupción y falla ética
Este caso trasciende la narrativa habitual de la violencia en Juárez. El verdadero horror aquí radica en la falla ética y la corrupción sistémica que permitieron que esto ocurriera. La implicación de que múltiples funerarias participaron en este engaño durante años, entregando posiblemente cenizas falsas o simplemente mintiendo a clientes en su momento más vulnerable, revela una profunda crisis en la industria de servicios funerarios.
«Si alguien pagó por cremar a su familiar y recibió unas cenizas que no corresponden, o si el cuerpo nunca fue incinerado, estamos ante un hecho penal», subrayó un portavoz de la fiscalía, marcando la nueva línea de investigación.
El incidente es, en esencia, un caso de estudio sobre el colapso institucional. Para que más de 380 cuerpos se acumularan sin que ninguna autoridad se percatara, tuvieron que fallar múltiples capas de supervisión. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), responsable de las inspecciones, y las autoridades municipales, encargadas de los permisos de operación, quedan en el centro del escrutinio.
Este evento ha destrozado la confianza pública, no solo en un sector comercial, sino en la capacidad del Estado para ejercer sus funciones regulatorias más básicas. La historia de este crematorio no es una más sobre el narco; es un símbolo desolador de un sistema roto que ha fallado a sus ciudadanos de la manera más cruel imaginable.
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