Las peleas de gallos Tepic volvieron al centro del debate nacional luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la norma municipal que las prohibía desde 2022. El fallo no solo reactiva estos espectáculos en la capital de Nayarit, sino que también redefine los límites entre la autonomía municipal y la legislación estatal en materia de bienestar animal.
La decisión, tomada por seis votos contra tres, deja sin efecto artículos clave del reglamento de bienestar animal de Tepic, el cual prohibía de forma absoluta el uso de animales en espectáculos como peleas de gallos, corridas de toros, actos de magia e ilusionismo. Para la Corte, dicha prohibición entraba en conflicto directo con la ley estatal, que permite estas prácticas bajo ciertos lineamientos.
El origen del conflicto legal en Tepic
La prohibición municipal fue aprobada en mayo de 2022 como una respuesta a las crecientes demandas sociales para frenar el maltrato animal. Sin embargo, apenas un mes después, la Comisión Mexicana de Promoción Gallística impugnó la norma al considerar que el ayuntamiento excedió sus atribuciones.
Aunque un juez federal negó el amparo en primera instancia, el caso escaló hasta un tribunal colegiado y finalmente llegó a la Suprema Corte por su relevancia constitucional. El punto central no era solo el bienestar animal, sino la jerarquía normativa entre municipios y estados.
El criterio de la Suprema Corte
La SCJN concluyó que el ayuntamiento de Tepic vulneró el principio de subordinación jerárquica al imponer una prohibición absoluta en una materia ya regulada por la legislación estatal de Nayarit. En términos simples, el municipio no podía prohibir lo que la ley estatal permite, aun cuando lo haga bajo regulación.
Este razonamiento llevó a la declaratoria general de inconstitucionalidad de los artículos impugnados, abriendo la puerta para que las peleas de gallos Tepic y otros espectáculos con animales puedan realizarse nuevamente.
Voces en contra y el debate sobre maltrato animal
La resolución no fue unánime. La ministra Lenia Batres Guadarrama votó en contra y lanzó una crítica contundente al señalar que el fallo ignora la supremacía constitucional que prohíbe el maltrato animal.
Para Batres, eliminar una norma que impedía prácticas como las peleas de gallos representa un retroceso en la protección de los animales. Durante la sesión, subrayó que estos espectáculos implican sufrimiento y muerte con fines de entretenimiento, lo que, a su juicio, contradice los principios constitucionales en la materia.
Junto a ella, también votaron en contra el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y el ministro Irving Espinosa Betanzo, evidenciando la división interna en el máximo tribunal.
Un precedente con impacto nacional
Más allá de Tepic, este fallo establece un precedente relevante para otros municipios del país que han intentado prohibir espectáculos con animales mediante reglamentos locales. La decisión de la SCJN envía un mensaje claro: las prohibiciones municipales no pueden contradecir leyes estatales vigentes.
Esto podría frenar iniciativas similares en otras entidades y reactivar debates legislativos a nivel estatal, donde realmente se define la legalidad de prácticas como la tauromaquia o las peleas de gallos Tepic.
Tradición, legalidad y presión social
El regreso de estos espectáculos no significa el fin de la discusión. Por el contrario, reaviva una confrontación social entre quienes defienden estas prácticas como parte de la tradición cultural y quienes las consideran incompatibles con una visión moderna de bienestar animal.
En la práctica, el fallo obliga a replantear la estrategia de protección animal: el camino no pasa por reglamentos municipales aislados, sino por reformas legislativas estatales y federales que armonicen tradición, regulación y derechos de los animales.
Un fallo que reabre la polémica
La resolución de la SCJN sobre las peleas de gallos Tepic no solo reactiva estos espectáculos, sino que deja una lección jurídica clara sobre los límites del poder municipal. Al mismo tiempo, expone la tensión entre legalidad y ética social, un debate que seguirá creciendo en México.
Mientras la ley estatal lo permita, estos eventos podrán realizarse. Pero la presión social y el cambio cultural apuntan a que la discusión está lejos de terminar, y que el verdadero campo de batalla será el legislativo.
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