En una decisión que reconfigura el poder sobre las comunicaciones en México, el Senado de la República ha aprobado la nueva Ley de Telecomunicaciones. La reforma disuelve al autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y crea una nueva agencia gubernamental con la facultad de solicitar la geolocalización de celulares en tiempo real.
La nueva legislación, que ahora pasará a la Cámara de Diputados para su revisión, representa uno de los cambios más significativos en el sector desde la reforma de 2013. El pilar de la propuesta es la extinción del IFT, un órgano constitucional autónomo creado para regular el sector de manera independiente al poder ejecutivo, y su reemplazo por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una entidad que operará bajo una mayor influencia gubernamental.
El argumento del partido en el poder y sus aliados se centra en la «simplificación orgánica» y la eficiencia, asegurando que la nueva estructura eliminará obstáculos burocráticos y permitirá al Estado expandir el acceso a internet a poblaciones vulnerables y zonas desconectadas.
Sin embargo, la oposición, conformada por el PAN y el PRI, ha votado en contra, denunciando la reforma como un retroceso autoritario y un intento de centralizar el poder. Han surgido comparaciones con un estado de «Big Brother», advirtiendo sobre los riesgos de censura y vigilancia masiva.
Geolocalización en tiempo real
Más allá de la reestructuración institucional, el elemento más polémico y de mayor impacto directo para los ciudadanos es el Artículo 183. Esta disposición obliga a las empresas de telecomunicaciones a colaborar con las autoridades de seguridad y justicia para la geolocalización en tiempo real de cualquier dispositivo móvil.
«Nada puede ser más contrario a la censura que expandir el internet», defendió un senador de la coalición gobernante, argumentando que la ley busca la inclusión digital y no el control.
Esta medida se presenta como una herramienta para combatir el crimen. No obstante, en la práctica, otorga al Estado una capacidad de vigilancia sin precedentes sobre la población. La disolución de un órgano autónomo como el IFT, que actuaba como contrapeso, y la simultánea concesión de este nuevo poder de rastreo, es vista por críticos como una toma de poder estratégica disfrazada de reforma administrativa.
La medida ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos civiles, periodistas y activistas, quienes ven un riesgo inminente para la privacidad y la libertad de expresión. El debate sobre la geolocalización en tiempo real se perfila como un nuevo y crucial campo de batalla por las libertades civiles en México, afectando potencialmente a cada persona que posee un teléfono celular.
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