La Fiscalía de Chihuahua cambia el rumbo de la investigación del crematorio en Juárez. No se indaga como fosa clandestina, sino como un complejo fraude. Descubre el nuevo enfoque y quiénes están en la mira.
La investigación sobre el macabro hallazgo de 381 cuerpos en un crematorio de Ciudad Juárez ha dado un giro fundamental. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua ha descartado, por ahora, la línea de una fosa clandestina ligada al crimen organizado, para centrarse en un complejo caso de fraude, violaciones a las normas sanitarias y delitos contra el respeto a los muertos.
Carlos Manuel Salas, Fiscal de la Zona Norte, ha sido claro: al no tratarse de un sitio clandestino y al tener los cuerpos un origen legal proveniente de funerarias, el enfoque penal es distinto. «No existe hasta el momento un delito penal que perseguir en el sentido de homicidios múltiples», precisó, abriendo la puerta a una nueva y compleja pesquisa.
La clave de la investigación radica en dos hechos contundentes. Primero, todos los cuerpos encontrados presentaban un tratamiento de embalsamamiento, una práctica estándar en servicios funerarios pero atípica en las fosas clandestinas del narcotráfico, donde las víctimas suelen ser enterradas sin preparación alguna. Segundo, el crematorio contaba con permisos de operación, aunque evidentemente incumplía con todos los protocolos.
La nueva línea de investigación: Fraude y engaño a familias
El foco de la FGE se centra ahora en las funerarias que enviaron los cuerpos y en los operadores del crematorio. La principal hipótesis es un fraude a gran escala. Las familias pagaron por un servicio de cremación que nunca se llevó a cabo. La pregunta que guía a los investigadores es si estas familias fueron engañadas, recibiendo cenizas que no correspondían a sus seres queridos o simplemente siendo informadas falsamente de que el procedimiento se había completado.
«Si alguien pagó por cremar a su familiar y recibió unas cenizas que no corresponden, o si el cuerpo nunca fue incinerado, estamos ante un hecho penal», ha reiterado la fiscalía, definiendo el corazón del posible delito.
Esta clasificación legal es crucial. Al no catalogarlo como una «fosa clandestina», las autoridades manejan el caso a nivel estatal y lo desvinculan de la narrativa de la violencia de los cárteles, evitando así la posible atracción del caso por parte de la federación y el impacto político que ello conlleva. Sin embargo, esto no disminuye la gravedad del hecho.
El caso ha destapado la vulnerabilidad de un sector con poca regulación y que opera en la opacidad del duelo. La investigación, que ahora implica la titánica tarea de identificar cada uno de los 381 cuerpos y rastrear su procedencia a través de los registros de múltiples funerarias, forzará una conversación nacional sobre la necesidad de supervisar y regular una industria que ha demostrado ser capaz de las más profundas y crueles estafas.
TE PODRÍA INTERESAR