En un acto conjunto, la presidenta Claudia Sheinbaum y el exministro de la SCJN Arturo Zaldívar pidieron al Congreso de la Unión realizar precisiones en la reforma a la Ley de Amparo. Su objetivo: evitar cualquier interpretación que implique efectos retroactivos y garantizar certeza jurídica a los ciudadanos.
La preocupación por la retroactividad
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Zaldívar explicó que el artículo primero transitorio aprobado por el Senado “carece de claridad suficiente” y ha generado debate y críticas legítimas. Subrayó que la Constitución prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes en perjuicio de las personas, y que la reforma debe respetar este principio.
«No estamos de acuerdo con ninguna violación a la Constitución ni con ninguna aplicación retroactiva. Si este precepto no es claro, pedimos respetuosamente su aclaración», señaló el exministro.
Ajustes propuestos a la reforma
Zaldívar planteó tres precisiones concretas para el texto de la Ley de Amparo:
- Reconocer explícitamente que se trata de una norma procesal.
- Garantizar que las etapas procesales concluidas generen derechos adquiridos que no se modifiquen.
- Asegurar que solo las actuaciones posteriores a la entrada en vigor de la reforma estén sujetas a las nuevas disposiciones.
Según explicó, esto garantiza que suspensiones ya otorgadas y resoluciones previas no se vean afectadas, aplicando cambios únicamente a etapas futuras, como notificaciones electrónicas o plazos procesales más ágiles.
Debate en el Congreso
El Senado aprobó la reforma con un transitorio ambiguo que podría aplicarse a juicios en curso. Esto provocó la intervención de Sheinbaum y Zaldívar, quienes buscan proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar transparencia en la ley.
Ahora, corresponde a la Cámara de Diputados decidir si mantiene el texto original o incorpora los ajustes sugeridos.
Sheinbaum refuerza la certeza jurídica
La presidenta recalcó que su gobierno no avalará actos contrarios a la Constitución y que la intención es fortalecer la confianza en el sistema judicial, asegurando que los cambios respeten los derechos adquiridos y la legalidad.
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