La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México ha abierto una nueva etapa en la política mexicana. Con una mayoría de gobernadores alineados con Morena, el partido en el poder, surge la incógnita sobre el tipo de relación que mantendrá Sheinbaum con las y los mandatarios estatales. ¿Será un retorno a la sumisión presidencial de la era priista, o logrará establecer un equilibrio de poder que respete la autonomía de los estados?
La historia de la relación entre el poder presidencial y los gobernadores en México ha sido un péndulo que oscila entre el control absoluto y la independencia relativa. Durante el periodo priista del siglo XX, el presidente ejercía un poder centralizado, con gobernadores completamente subordinados.
Con la llegada de la democracia, los gobernadores cobraron más independencia, aunque muchas veces en detrimento de la cohesión política nacional. En la actualidad, Sheinbaum enfrenta el reto de definir su estilo en esta compleja relación de poder.
De la sumisión del PRI a la independencia panista: una historia de altibajos
En el pasado, los gobernadores eran piezas clave del poder presidencial. Con Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, el PRI empezó a perder gubernaturas, pero la lealtad y control presidencial se mantuvieron. Con la alternancia democrática en el año 2000, los presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón tuvieron que lidiar con gobernadores priistas y perredistas, quienes gozaban de una autonomía inédita.
El retorno del PRI en 2012 con Enrique Peña Nieto trajo consigo un resurgimiento del poder de los gobernadores priistas, aunque no por sumisión, sino por el apoyo financiero y político que estos mandatarios otorgaron al presidente. Sin embargo, el sistema nunca consolidó un equilibrio pleno, sino que se movió entre alianzas y conflictos internos que dificultaron una estructura política verdaderamente plural y federalista.
El regreso del poder centralizado con Morena
La elección de Andrés Manuel López Obrador en 2018 marcó un retorno al centralismo, con un gobierno federal que buscaba retomar el control absoluto. Durante su administración, Morena logró acumular un número histórico de gubernaturas, y la relación entre el presidente y los mandatarios estatales de su partido fue de sumisión casi total.
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) perdió relevancia, y las diferencias entre el Ejecutivo y los gobernadores de oposición se hicieron evidentes, con varios de ellos siendo ignorados o incluso enfrentados públicamente.
El desafío de Claudia Sheinbaum: construir una relación de respeto y autonomía
Con la llegada de Sheinbaum al poder, el reto se intensifica. Al igual que López Obrador, Sheinbaum cuenta con el respaldo de la mayoría de los gobernadores, pero ahora estos mandatarios tienen un poder regional consolidado que les permite influir en sus estados con una autonomía considerable. Para Sheinbaum, el desafío será encontrar un balance entre el control presidencial y el respeto a la autonomía de los gobernadores.
En este sentido, la reforma judicial que Sheinbaum planea promover podría ser un primer punto de fricción. Si los gobernadores de Morena buscan aprovechar esta reforma para fortalecer sus propias bases de poder a nivel estatal, esto podría llevar a una fragmentación del control presidencial y al surgimiento de líderes regionales fuertes. Así, Sheinbaum podría enfrentar un escenario donde la lealtad de los gobernadores no sea automática, sino condicionada a sus propios intereses locales.
¿Un regreso a la “cargada” o un modelo federalista moderno?
Con el PRI, la figura presidencial solía recibir apoyo incondicional en todas sus decisiones, en una práctica conocida como “la cargada”. Esta tradición, que consiste en un respaldo masivo y sin cuestionamientos, parece haber revivido bajo Morena, con gobernadores que frecuentemente expresan su lealtad al presidente y respaldan sus políticas sin críticas.
Sin embargo, una relación así podría volverse inestable. La presidenta Sheinbaum tendrá que decidir si optará por continuar esta práctica de respaldo incondicional o si fomentará un modelo federalista más respetuoso de la diversidad política, donde los gobernadores puedan expresar sus propias prioridades e inquietudes sin temor a represalias.
Posibles escenarios: Autonomía controlada o un federalismo limitado
Existen diversos escenarios que podrían definir el rumbo de la relación entre Sheinbaum y los gobernadores:
- Autonomía controlada: Sheinbaum podría permitir una cierta autonomía a los gobernadores siempre que estos no se opongan directamente a sus políticas nacionales. Esto implicaría una relación en la que los gobernadores tienen libertad de acción en temas locales, pero con límites en asuntos clave.
- Centralismo autoritario: En un escenario más centralizado, Sheinbaum podría optar por un control directo sobre los gobernadores, limitando su autonomía y exigiendo lealtad absoluta en todas las decisiones. Este modelo arriesga tensiones internas y podría llevar a conflictos entre el Ejecutivo y los mandatarios estatales.
- Federalismo negociado: Sheinbaum podría buscar un modelo donde se establezcan negociaciones claras con los gobernadores, en el que cada estado tenga cierta libertad de acción, pero también compromisos específicos con el gobierno federal. Este enfoque requeriría un trabajo diplomático y una habilidad para conciliar intereses diversos.
Un futuro incierto para la relación entre Sheinbaum y los gobernadores
La relación entre Claudia Sheinbaum y los gobernadores de Morena representa un aspecto fundamental en su administración. Con una mayoría de mandatarios estatales de su partido, Sheinbaum tiene el poder de consolidar una base sólida de apoyo, pero también enfrenta el riesgo de perder autoridad si estos líderes regionales comienzan a actuar de manera independiente.
Este equilibrio entre sumisión y autonomía definirá la forma en que México avance en los próximos años. Para Sheinbaum, el reto es construir un modelo de colaboración que permita el crecimiento y desarrollo de los estados sin que eso implique una pérdida de control.
Al final, el éxito de su administración dependerá de su capacidad para establecer un balance entre el poder central y la autonomía regional.
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