Pagar con tarjeta de crédito o débito no debería costar más. Sin embargo, en México aún persisten los casos donde los comercios que cobran una “comisión” o “recargo” adicional al cliente por usar este medio de pago. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) adviertió que este cobro es ilegal y vulnera los derechos de los consumidores.
De acuerdo con la autoridad, se ha detectado que algunos establecimientos aplican cargos de entre 3% y 5% sobre el total de la compra cuando el pago se realiza con tarjeta, una acción que no solo afecta el bolsillo de los usuarios, sino que también viola la ley y los contratos firmados con las instituciones bancarias.
¿Por qué es ilegal cobrar comisión por pagar con tarjeta?
La Condusef explica que los comercios que cuentan con una terminal punto de venta aceptan, mediante contrato, absorber el costo del uso de la TPV. Dicho gasto no puede trasladarse al consumidor ni reflejarse en el precio final del producto o servicio.
Esta práctica incumple la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual establece que el precio exhibido debe ser el total a pagar, sin cargos ocultos ni adicionales por el medio de pago utilizado. Condicionar la venta o encarecerla por pagar con tarjeta es una falta que puede ser sancionada.
El organismo advierte que, si tan solo el 2% de las operaciones diarias fueran afectadas por este tipo de recargos, alrededor de 73 mil usuarios resultarían perjudicados cada día. El impacto económico superaría los 2 millones 261 mil pesos diarios, monto que representa ganancias indebidas para comerciantes que aplican estos cobros.
Además del daño económico, esta conducta desalienta el uso de medios electrónicos de pago y frena la inclusión financiera, al transmitir la idea errónea de que pagar con tarjeta es más caro que hacerlo en efectivo.
Beneficios que los comercios obtienen al aceptar pagos con tarjeta
Aunque los establecimientos pagan una comisión al banco por el uso de la terminal, también reciben beneficios importantes. Aceptar tarjetas amplía su potencial de ventas, reduce los riesgos asociados al manejo de efectivo y disminuye costos relacionados con traslados o depósitos bancarios.
Asimismo, operar con menos efectivo incrementa la seguridad del negocio y facilita el control administrativo de ingresos, razones por las que no está justificado trasladar este costo al consumidor.
¿Qué hacer si un comercio te cobra comisión al pagar con tarjeta?
Si al momento de pagar con tarjeta un establecimiento intenta cobrarte un recargo adicional, puedes cancelar la compra y acudir a otro negocio. También es recomendable reportar el hecho a la institución bancaria propietaria de la terminal, ya que el comercio estaría incumpliendo su contrato.
Si la situación persiste, la Condusef puede brindarte orientación y apoyo para iniciar una queja formal. En paralelo, la Profeco también tiene facultades para sancionar este tipo de prácticas.
¿Cómo denunciar ante la Profeco y la Condusef?
Para denunciar, es importante conservar el ticket o comprobante donde se refleje el cargo adicional. Debes contar con el nombre o razón social del establecimiento y su domicilio completo.
La Profeco recibe denuncias a través del Teléfono del Consumidor, en los números 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como por correo electrónico y mediante la plataforma Concilianet. En casos graves, la autoridad puede imponer multas o incluso colocar sellos de suspensión al negocio.
La Condusef también ofrece asesoría directa en el teléfono 55 53 400 999, donde orienta al usuario sobre los pasos a seguir y el proceso de reclamación.
Multas por cobrar comisión al pagar con tarjeta
La legislación vigente contempla sanciones económicas severas para los comercios que incurran en esta práctica. Las multas pueden ir desde 701 pesos hasta 2 millones 243 mil 671 pesos, dependiendo de la gravedad y reincidencia.
Desde la Cámara de Diputados se ha reiterado que está expresamente prohibido cobrar comisiones, cargos adicionales o montos equivalentes cuando el consumidor utiliza tarjetas de débito, crédito u otros medios electrónicos de pago, reforzando así la protección de los derechos financieros de los usuarios.
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