La reciente reforma constitucional impulsada por Claudia Sheinbaum marca un giro histórico en la política mexicana. La llamada simplificación orgánica, aprobada con 86 votos a favor en el Senado, extingue varios organismos autónomos creados durante la era neoliberal y transfiere sus funciones al gobierno federal.
¿Qué implica esta decisión para la democracia, la transparencia y la eficiencia del gobierno? Aquí lo analizamos.
La austeridad republicana como eje rector
Desde su campaña presidencial, Claudia Sheinbaum planteó que su gobierno estaría guiado por una política de austeridad republicana, buscando eliminar lujos y gastos innecesarios para redirigir los recursos hacia el combate a la desigualdad social. La reforma de simplificación orgánica es una extensión de este compromiso, consolidando el poder en el Ejecutivo y reduciendo la fragmentación administrativa.
Organismos eliminados: ¿Qué desaparece con esta reforma?
Entre los organismos autónomos y reguladores que serán eliminados destacan:
- Inai: Encargado de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública.
- Cofece: Promotora de la libre competencia económica.
- IFT: Regulador de las telecomunicaciones.
- Coneval: Evaluador de las políticas de desarrollo social.
- CRE: Enfocado en la regulación de la energía.
- CNH: Responsable del monitoreo del sector de hidrocarburos.
- Mejoredu: Encargado de mejorar la calidad educativa.
Las funciones de estos organismos serán absorbidas por secretarías del gobierno federal, en un esfuerzo por reducir duplicidades y fortalecer la acción estatal.
Argumentos detrás de la eliminación
El gobierno sostiene que estos organismos, creados bajo el modelo neoliberal, no solo eran costosos y redundantes, sino que también favorecían intereses privados sobre el bienestar público. Por ejemplo:
- Cofece: Aunque su misión era garantizar la competencia, en múltiples ocasiones protegió a corporaciones y transnacionales, reforzando prácticas monopólicas que perjudicaron a consumidores y pequeños empresarios.
- Inai: Se le cuestiona por ser ineficaz en garantizar la transparencia y permitir opacidad en procesos clave.
La narrativa oficial subraya que estas instituciones fortalecieron estructuras de poder elitistas, dejando a comunidades vulnerables y al gobierno en desventaja.
¿Qué sigue tras la reforma?
Centralización y eficiencia
Con la eliminación de estos organismos, el gobierno federal promete mayor eficiencia y austeridad en la administración pública. Según el Decreto, los recursos ahorrados se destinarán a programas sociales y al desarrollo de infraestructura que beneficie a los sectores más vulnerables.
Reto de la transparencia
Uno de los mayores desafíos será garantizar que la centralización no derive en opacidad. El gobierno debe implementar sistemas robustos para mantener la rendición de cuentas y evitar prácticas de corrupción.
Impacto en derechos ciudadanos
La desaparición del Inai, por ejemplo, plantea preguntas sobre el acceso a la información pública y la protección de datos personales. El reto será mantener estas garantías a través de las dependencias del Ejecutivo.
Opiniones divididas: ¿Una decisión visionaria o un retroceso?
Mientras algunos sectores aplauden la eliminación de estos organismos como un paso hacia un gobierno más funcional y austero, otros critican la medida como un retroceso democrático que centraliza el poder y debilita los contrapesos institucionales.
Organismos internacionales y expertos en políticas públicas han manifestado su preocupación por los riesgos de concentrar tantas funciones en el Ejecutivo, advirtiendo que podría comprometer la independencia de decisiones clave.
Una oportunidad para rediseñar el gobierno
A pesar de las críticas, esta reforma representa una oportunidad única para repensar cómo el gobierno mexicano puede operar con mayor eficacia. La clave estará en garantizar que las funciones absorbidas por las secretarías se desempeñen con el mismo rigor y transparencia que se esperaba de los organismos autónomos.
Conclusión: ¿Un México más justo?
La reforma de simplificación orgánica tiene el potencial de transformar la administración pública mexicana. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para equilibrar austeridad con transparencia, eficiencia con inclusión, y centralización con rendición de cuentas.
El futuro de México está en juego, y el verdadero impacto de esta reforma solo podrá evaluarse en los años venideros.
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