Un cambio institucional de gran alcance
La reciente reforma al Artículo 21 de la Constitución representa un cambio radical en la arquitectura de la seguridad pública en México. Con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), liderada por Omar García Harfuch, asumiendo poderes ampliados, esta “supersecretaría” concentra atribuciones previamente distribuidas entre diferentes niveles de gobierno.
El objetivo es claro: mejorar la coordinación y eficacia del sistema de seguridad pública. Sin embargo, la medida ha despertado interrogantes sobre los riesgos de concentrar tanto poder en una sola entidad, especialmente en un contexto de controles y contrapesos débiles.
Centralización: un arma de doble filo
Fortalezas del modelo centralizado:
- Mayor coordinación: La fragmentación de responsabilidades entre niveles de gobierno ha sido una de las principales causas de operativos ineficaces y duplicación de funciones.
- Estrategias integrales: La SSPC tendrá la capacidad de liderar desde la planeación de la Estrategia Nacional de Seguridad hasta la coordinación con fuerzas armadas y la Guardia Nacional.
Riesgos inherentes:
- Abusos de poder: La experiencia en países como Colombia muestra que, aunque los modelos centralizados pueden ser efectivos en la lucha contra el crimen organizado, también son propensos a violaciones de derechos humanos.
- Dependencia de liderazgos individuales: Concentrar funciones estratégicas en una sola persona o entidad puede generar dependencia excesiva de figuras carismáticas, limitando la sostenibilidad de los avances.
¿Qué pasa con los estados y municipios?
La reforma debe evitar que la centralización sea un pretexto para desentenderse del apoyo regional. La realidad de México es que los estados y municipios son los primeros en enfrentar la violencia cotidiana, y sin fortalecimiento de capacidades locales, cualquier esfuerzo centralizado será insuficiente.
Propuestas clave:
- Capacitación policial homologada: Crear estándares nacionales que fortalezcan a las policías estatales y municipales.
- Tecnología e innovación: Invertir en herramientas para la prevención e investigación del delito.
- Participación comunitaria: Incluir a las comunidades en el diseño de soluciones de seguridad que se adapten a sus realidades específicas.
Transparencia y rendición de cuentas: un desafío urgente
El poder concentrado en la SSPC plantea preguntas críticas sobre cómo se garantizará la transparencia en sus decisiones.
- Vigilancia ciudadana: Es imperativo establecer mecanismos externos independientes que supervisen el uso de recursos y la implementación de estrategias.
- Militarización de la seguridad: La incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional ya ha generado críticas por el enfoque militarizado de la seguridad pública, un modelo que podría consolidarse con la nueva reforma.
Lecciones internacionales: aprendiendo del pasado
La experiencia internacional ofrece lecciones valiosas. En Colombia, la centralización permitió avances significativos contra el narcotráfico, pero también derivó en:
- Dependencia excesiva del liderazgo central.
- Violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
México debe evitar estos errores mediante:
- Fortalecimiento de contrapesos democráticos.
- Enfoque integral que priorice derechos humanos.
- Estrategias regionales adaptadas a contextos específicos.
Una oportunidad con riesgos latentes
La reforma al Artículo 21 tiene el potencial de transformar la seguridad pública en México. Sin embargo, el éxito dependerá de la implementación cuidadosa y de garantizar que la concentración de poder no se traduzca en abuso o ineficacia.
- Es esencial mantener un enfoque en el fortalecimiento regional y en la construcción de un sistema de seguridad sostenible.
- La transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos deben ser pilares fundamentales en esta nueva etapa.
Esta reforma no sólo redefine el presente de la seguridad en México, sino que también sienta las bases para el futuro. Es responsabilidad de todos los actores involucrados garantizar que sea un cambio positivo, funcional y justo para el país.
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