El Senado mexicano aprobó recientemente una reforma al artículo 19 de la Constitución, ampliando el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Esta decisión, tomada con la mayoría de Morena y sus aliados, ha desatado un intenso debate sobre los derechos humanos, la presunción de inocencia y los riesgos de consolidar un Estado autoritario.
La advertencia de la ONU y el vacío en el debate legislativo
Desde Ginebra, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación ante la reforma. Según Türk, la prisión preventiva oficiosa es una medida que viola principios fundamentales, como la presunción de inocencia, y afecta desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables.
Sin embargo, estas advertencias fueron ignoradas. Morena y sus aliados cumplieron la instrucción de aprobar la reforma sin realizar una discusión integral. Se omitió analizar los resultados reales de la prisión preventiva en México, una práctica que históricamente no ha logrado reducir la delincuencia ni fortalecer el sistema de justicia.
El impacto real: Un sistema penitenciario al límite
México enfrenta una crisis en su sistema penitenciario. Según datos oficiales, las cárceles están sobresaturadas, y la mayoría de los reclusos son personas en prisión preventiva, muchas veces sin sentencia. Este panorama no sólo refleja una ineficiencia estructural, sino también una vulnerabilidad mayor para las poblaciones de bajos recursos.
Al imponer prisión preventiva sin juicio, se perpetúa la desigualdad en el acceso a la justicia. Aquellos con recursos económicos pueden obtener representación legal para evitar esta medida, mientras que las personas con menos recursos quedan desprotegidas, incluso si son inocentes.
La sombra de un sistema judicial politizado
Otro aspecto preocupante es el contexto político que rodea a esta reforma. La reciente captura política del Poder Judicial por parte del partido en el gobierno deja en evidencia un riesgo latente: el uso de la prisión preventiva como herramienta de represión política.
Las listas de aspirantes a jueces y magistrados revelan que muchos tienen una militancia política abierta en Morena. Esto plantea dudas legítimas sobre la imparcialidad de los futuros dictámenes judiciales. ¿Qué sucederá cuando las decisiones de encarcelamiento estén influenciadas por motivos políticos?
¿Realmente beneficia a los ciudadanos?
La justificación oficial para ampliar la prisión preventiva radica en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, expertos coinciden en que esta medida no resuelve de raíz los problemas de seguridad. Por el contrario, puede agravar el descontento social al fortalecer un sistema judicial que funciona más como una maquinaria punitiva que como una herramienta de justicia.
Prisión preventiva: una condena sin sentencia
La prisión preventiva oficiosa, en términos sencillos, es una condena anticipada. Sin juicio ni pruebas concluyentes, las personas acusadas son encarceladas, lo que contradice el principio básico de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Para los ciudadanos comunes, esto significa quedar a merced de decisiones judiciales que pueden estar sesgadas por intereses políticos o personales. Este panorama, lejos de brindar seguridad, deja en la incertidumbre a miles de personas.
El papel de la oposición: Un debate que debe continuar
A pesar de las críticas y argumentos presentados por los senadores de oposición, la mayoría oficialista aprobó la reforma sin modificaciones. Esto subraya la necesidad de seguir alzando la voz. La oposición política, la sociedad civil y los organismos internacionales deben mantener el debate vivo para garantizar que el enfoque en seguridad no sacrifique los derechos humanos.
Hacia un futuro incierto
Con esta reforma, México enfrenta un parteaguas en su sistema de justicia. El camino tomado por Morena y sus aliados no solo aumenta la desconfianza en las instituciones, sino que también amenaza con consolidar prácticas autoritarias bajo el disfraz de medidas de seguridad.
La ciudadanía debe estar alerta y exigir transparencia y justicia real, no solo leyes que perpetúen la desigualdad y vulneren los derechos fundamentales.
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