Alejandro Solalinde, conocido por su labor con migrantes y su activismo religioso, fue una figura clave al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bajo su bandera de “humanidad y justicia social”, facilitó el tránsito de caravanas migrantes, ganándose el apodo de “el pollero de Dios” por parte de algunos críticos, incluido Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).
En 2018, Solalinde promovió la creación de “visas humanitarias” y una política de fronteras abiertas, iniciativas que generaron simpatía entre los migrantes pero que también desataron conflictos diplomáticos con Donald Trump. Este último amenazó con aranceles a los productos mexicanos si el flujo migratorio no era controlado.
De pieza clave a peso muerto: el conflicto con el INM
A medida que las presiones de Trump aumentaron, López Obrador endureció su postura migratoria. Esto marcó el inicio del distanciamiento entre Solalinde y las instituciones de la 4T. Francisco Garduño, nombrado comisionado del INM en 2019, recibió instrucciones de reducir los flujos migratorios. Desde entonces, la relación entre Solalinde y el INM se volvió cada vez más tensa.
El clérigo buscó la desaparición del INM para crear una Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. Su propuesta incluía a iglesias, ONG, y representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), entre otros. Sin embargo, el plan fracasó, alimentando aún más su rencor hacia el INM y sus nuevos líderes.
Las críticas de Solalinde: ¿Justicia o vendetta?
En una entrevista reciente, Solalinde arremetió contra Sergio Salomón Céspedes, el nuevo comisionado del INM, y Ardelio Vargas Fosado, subsecretario de Desarrollo Político, a quienes acusó de inexperiencia y represión. Estas declaraciones reflejan su frustración por la pérdida de influencia en un contexto donde el endurecimiento de las políticas migratorias es prioritario para el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Trump, Sheinbaum y el nuevo panorama migratorio
Con el regreso de Trump al poder y sus amenazas de sanciones económicas si México no controla la migración, la estrategia de Sheinbaum parece seguir la línea dura adoptada en el último tramo del sexenio de López Obrador. Esto incluye acuerdos con Estados Unidos para detener flujos migratorios a cambio de fondos económicos, como los 176 millones de dólares que México recibió desde 2019 para tal fin.
Solalinde, quien antes tenía acceso directo a Palacio Nacional, ahora se encuentra marginado. Su enfoque humanitario ya no encaja en un contexto donde la prioridad es evitar las caravanas que puedan incomodar a Trump.
¿Qué significa esto para el futuro de la política migratoria?
El caso de Solalinde ilustra un cambio en la dinámica de la 4T. De ser una figura útil para el movimiento, ahora es visto como un obstáculo para las nuevas prioridades del gobierno. Este ajuste responde no solo a las presiones internacionales, sino también a la necesidad de consolidar la política migratoria bajo un enfoque más pragmático.
Mientras tanto, Claudia Sheinbaum deberá encontrar el equilibrio entre cumplir con las demandas de Trump y evitar una fractura mayor al interior de Morena. En este escenario, Solalinde parece destinado a quedar en un segundo plano, a menos que adapte su estrategia a las nuevas realidades políticas.
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