El próximo 1 de junio, México enfrentará un evento que marcará un antes y un después en la historia de su sistema judicial. Ese día, millones de ciudadanos serán llamados a las urnas para elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, este proceso ha sido calificado por expertos como un golpe mortal al Estado de derecho.
La promesa de “el pueblo elige, el pueblo manda” parece más un recurso propagandístico que una verdadera intención democrática. Analicemos por qué este proceso, lejos de fortalecer la justicia, podría ser el paso definitivo hacia su desmantelamiento.
Un proceso diseñado para el control absoluto
Desde que se abrió la convocatoria, han surgido dudas legítimas sobre la transparencia del proceso. Según cifras oficiales, más de 18 mil 447 aspirantes han presentado su documentación para ser evaluados por el Comité del Ejecutivo.
¿Cómo evaluar lo inabarcable?
- 971 expedientes diarios: Este sería el ritmo que el comité tendría que revisar, incluyendo entrevistas, para cumplir con el plazo.
- Documentación imposible de verificar: Entre cartas de recomendación, firmas vecinales y otros documentos, el volumen de trabajo resulta inverosímil.
- Falta de infraestructura electoral: Al día de la votación, ciudadanos de lugares como la Ciudad de México enfrentarán boletas con hasta 1,179 candidatos para elegir a 187 jueces.
Nadie puede discernir entre cientos de nombres, y todo apunta a que Morena será quien determine a los seleccionados.
¿Votar o legitimar un fraude?
La pregunta que ronda a muchos ciudadanos es si participar en estas elecciones es un acto de responsabilidad democrática o una forma de avalar un proceso viciado.
¿Qué implica votar?
- Legitimidad para Morena: Una alta participación daría a las autoridades argumentos para presentar el proceso como democrático.
- El control total del Poder Judicial: Los jueces y magistrados seleccionados responderán a la agenda del partido en el poder.
- Un ataque al INE: La complejidad del proceso será usada para justificar una narrativa de “fallas del sistema”, abonando a la campaña de Morena contra el Instituto Nacional Electoral.
La amenaza de la prisión preventiva automática
Con las recientes reformas aprobadas, el panorama es aún más sombrío. La prisión preventiva por presuntos delitos fiscales o de contrabando coloca en riesgo a cualquier ciudadano.
- Ejemplo 1: Una factura cuestionada puede llevar a un contribuyente directamente a prisión.
- Ejemplo 2: Un artículo mal clasificado en la aduana podría derivar en encarcelamiento automático.
El problema radica en que los jueces, ahora bajo control del partido en el poder, tendrán la última palabra en casos donde los derechos humanos deberían ser la prioridad.
Un Estado de derecho en declive
Diego Valadés, destacado constitucionalista, ha sido enfático: “Esto es una burla que México no se merece”. Sin contrapesos efectivos, el sistema judicial mexicano podría convertirse en una herramienta de persecución política y control social.
Los ciudadanos tienen hasta junio para reflexionar sobre las implicaciones de participar en este proceso. Pero una cosa es clara: el sistema judicial, como garante de justicia imparcial, está en riesgo de desaparecer tal como lo conocemos.
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