Las leyes que prometen cambiar el rumbo del agua en México hoy se encuentran bajo una lupa social que no perdona omisiones. El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados y enviado al Senado encendió una nueva confrontación entre discurso institucional y exigencia ciudadana.
En el centro de la discusión no sólo está el futuro del recurso hídrico, sino la credibilidad de un marco legal que, según colectivos y académicos, nace sin dientes para frenar el acaparamiento, la sobreexplotación y la marginación que por décadas han definido el acceso al agua en vastas regiones del país.
Desde el primer análisis público, organizaciones como Agua Para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua advirtieron que el texto aprobado no incorpora un solo artículo que obligue a desmontar los mecanismos estructurales del acaparamiento. Para estos colectivos, las Leyes en materia hídrica no pueden limitarse a declaraciones de principios sin instrumentos efectivos de cumplimiento.
La crítica se volvió aún más severa cuando se confirmó que, pese a la presentación de 18 reservas durante la discusión legislativa, el proyecto avanzó “sin mover ni una coma”. Para investigadores y activistas, insistir en este modelo de Leyes (2) significa perpetuar una herencia normativa incapaz de responder al estrés hídrico que atraviesa el país.
El origen de un dictamen que profundizó la polémica
El proceso de aprobación exprés fue descrito por los colectivos como atropellado y cerrado a la deliberación pública. La Coordinadora Nacional Agua para Todos denunció que la Conagua impuso su iniciativa sin una revisión abierta, ignorando la participación de más de 90 organizaciones que durante años han documentado abusos, irregularidades y vacíos legales.
El resultado, aseguran, es un proyecto de Leyes que no establece obligaciones directas para desmontar el sobreconcesionamiento ni para garantizar la distribución equitativa del agua en comunidades históricamente marginadas.
El fondo de reservas y la sombra del sobreconcesionamiento
Uno de los puntos más cuestionados es la creación del Fondo de Reservas del Agua, mecanismo que reemplaza a los antiguos Bancos del Agua. De acuerdo con las organizaciones, este fondo permite la reasignación de volúmenes sin reducir el número real de concesiones activas, lo que en la práctica conserva intacta la estructura de privilegios.
Para los críticos, este modelo de Leyes convierte la redistribución en una simulación administrativa que no combate la raíz del problema: un sistema saturado por concesiones acumuladas durante décadas bajo criterios poco transparentes.
El derecho humano al agua, ausente en la práctica
Aunque el dictamen invoca el derecho humano al agua como principio general, las organizaciones sostienen que no se establecen obligaciones concretas sobre su cumplimiento. No existe, dicen, un vínculo directo entre la gestión de las aguas nacionales, el presupuesto federal y la prioridad de los sistemas de agua potable para uso doméstico.
Esta omisión refuerza la percepción de que las Leyes (5) avanzan más en el plano discursivo que en la construcción de garantías exigibles para millones de personas que hoy padecen marginación hídrica.
Corrupción estructural y concesiones opacas
Otro de los ejes más delicados de la crítica se centra en la falta de reformas que cierren la puerta a las prácticas de corrupción dentro de la Conagua. No se obliga a transparentar las listas de solicitudes por cuenca y acuífero, ni a ordenar las concesiones por prelación y fecha de presentación.
En términos prácticos, señalan los colectivos, este vacío en las Leyes (6) mantiene viva la discrecionalidad que por años ha permitido el tráfico de influencias y el uso político del acceso al agua.
Tampoco se contempla la publicación obligatoria de las solicitudes aprobadas con fechas claras de notificación. Esta práctica ha permitido, según denuncian, que bufetes gestionen concesiones sin notificar durante años para evitar el pago de derechos hasta encontrar un comprador.
Recaudación mínima y un sistema que favorece abusos
La Coordinadora Agua Para Todos reveló que la Conagua solo cobra alrededor del 20 por ciento de los derechos que deberían cubrir los usuarios industriales y de servicios. Esta cifra, alarmante por sí misma, convierte la recaudación en un terreno fértil para la corrupción.
Desde la óptica ciudadana, las Leyes (7) sin un sistema firme de cobro y sanción refuerzan un modelo donde los grandes consumidores de agua operan con márgenes de impunidad, mientras las comunidades enfrentan restricciones severas en su acceso cotidiano.
Las propuestas ciudadanas que nunca llegaron al dictamen
Uno de los aspectos que mayor indignación generó fue la exclusión de más de 500 propuestas surgidas de las Audiencias Públicas organizadas por el Poder Legislativo. Entre ellas se encontraban la prohibición de la privatización de obras hidráulicas y de los sistemas de agua y saneamiento, así como el reconocimiento explícito de los derechos de los pueblos indígenas al agua.
Para los colectivos, la omisión de estas demandas en las Leyes (8) representa una ruptura entre el proceso participativo y la decisión final, debilitando la legitimidad del nuevo marco normativo.
El mandato constitucional frente a la realidad legislativa
El artículo constitucional que obliga al Estado a garantizar equidad, sustentabilidad y participación ciudadana en materia de agua es una de las principales banderas del movimiento social. Sin embargo, aseguran, el dictamen aprobado se aleja de ese mandato.
Las Leyes (9) que hoy se discuten en el Senado distan, según los expertos, de ofrecer una base jurídica sólida para enfrentar los momentos críticos que vive México en materia hídrica, marcados por sequías prolongadas, contaminación de acuíferos y conflictos comunitarios.
El agua como territorio de disputa social
En muchas regiones del país, el agua ya no es sólo un recurso natural, sino un territorio de disputa donde convergen intereses económicos, derechos colectivos y decisiones políticas. Comunidades enteras dependen de sistemas autogestionados que operan al margen de los grandes esquemas de concesión.
Ahí, las Leyes (10) adquieren una dimensión concreta: determinan si una comunidad tendrá agua suficiente para vivir o si deberá competir con industrias, desarrollos inmobiliarios y proyectos extractivos.
La narrativa oficial contra la experiencia cotidiana
Mientras desde el discurso institucional se habla de modernización y eficiencia, en el territorio la experiencia cotidiana es radicalmente distinta. Familias que reciben agua una vez por semana, pueblos que dependen de pipas y regiones donde los ríos han sido literalmente absorbidos por intereses privados.
En este contexto, las Leyes (11) son percibidas por amplios sectores como instrumentos lejanos, incapaces de transformar una realidad marcada por la desigualdad hídrica.
La presión social que no se detiene
Las organizaciones no han bajado la guardia. A través de comunicados, foros, movilizaciones y acciones legales, han dejado claro que el dictamen no cierra el debate. Por el contrario, lo intensifica en un momento en el que el estrés hídrico amenaza la estabilidad social y económica de regiones enteras.
La exigencia central es que las Leyes (12) incorporen mecanismos verificables, transparentes y sancionables, capaces de romper con la lógica de privilegios que domina el sector desde hace décadas.
El Senado como último escenario de disputa
Con el dictamen ya en manos del Senado, el proceso entra en una fase decisiva. Legisladoras y legisladores enfrentarán la presión de organizaciones, académicos, comunidades y sectores productivos que observan con atención cada movimiento.
Para muchos, este es el momento en que las Leyes (13) pueden transformarse en una herramienta real de justicia hídrica o quedar registradas como una oportunidad perdida.
Agua, poder y futuro
Hablar de agua es hablar de poder. De quién decide, quién accede, quién paga y quién se queda sin el recurso más básico para la vida. El debate sobre este dictamen ha dejado claro que la política hídrica no es un asunto técnico, sino un campo de disputa profundamente político.
Las Leyes (14) que surjan de este proceso marcarán el rumbo no sólo de la gestión del agua, sino de la relación entre el Estado, los grandes usuarios y las comunidades más vulnerables.
Un país en cuenta regresiva hídrica
México entra en una cuenta regresiva marcada por el agotamiento de acuíferos, el crecimiento urbano desordenado, el cambio climático y un modelo de consumo que presiona cada vez más al sistema. En ese escenario, la legislación no puede permitirse medias tintas.
Las Leyes (15) del agua que se definan en este momento serán recordadas como el punto de quiebre entre la continuidad de un modelo desigual o el inicio de un nuevo pacto social alrededor del recurso más vital.
Lo que está en juego más allá del dictamen
Más allá del texto legal, lo que se disputa es la posibilidad de construir un proyecto de país donde el acceso al agua no dependa del poder económico ni de la cercanía con los centros de decisión. El rechazo al dictamen actual no es sólo técnico, es profundamente político y ético.
En esa tensión se mueven hoy ciudadanos, académicos y comunidades que han convertido la defensa del agua en una forma de resistencia cotidiana, mientras el Estado intenta mantener el control de un recurso que ya no admite simulaciones.
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