El Poder Judicial enfrenta un momento histórico en México. Trabajadores de este sector, liderados por la abogada Marisol Rivas, buscan promover una consulta popular que permita a la ciudadanía decidir cómo deben ser seleccionados jueces, magistrados y ministros: a través del voto popular, insaculación o mediante la carrera judicial.
Este esfuerzo implica recolectar al menos 2 millones de firmas, equivalentes al 2% de la lista nominal, antes del 30 de noviembre. De lograrse, el Instituto Nacional Electoral (INE) estaría obligado a organizar este ejercicio democrático.
¿Por qué una consulta popular?
El método de selección de los juzgadores ha sido objeto de debate. Actualmente, algunos llegan a sus cargos a través de insaculación (sorteo) o mediante voto popular, mientras que otros lo hacen tras años de preparación y concursos de selección.
Rivas señaló que esta consulta busca garantizar que los juzgadores estén suficientemente preparados para sus funciones:
«Queremos que la ciudadanía decida si nuestros juzgadores deben tener una carrera judicial o si preferimos continuar con métodos como el sorteo.”
Esta decisión tiene implicaciones profundas para el futuro de la justicia en México, ya que un cambio en el proceso de selección podría redefinir la confianza y la percepción pública sobre el Poder Judicial.
Retos para la consulta
Aunque la meta es ambiciosa, el proceso de recolección de firmas ha sido lento. Hasta ahora, solo se han registrado 17,000 apoyos, un número lejano a los 2 millones requeridos.
Para facilitar el proceso, los promotores han impulsado el uso de la plataforma virtual Apoyo Ciudadano, del INE. Esta herramienta permite a los interesados firmar digitalmente utilizando su credencial electoral.
Si no se alcanzan las firmas necesarias este año, los organizadores planean posponer el ejercicio para que se lleve a cabo en 2026.
La postura del TEPJF: blindaje al proceso electoral
En paralelo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó un proyecto que protege al INE y al Senado ante posibles sanciones derivadas de la organización del proceso electoral.
El magistrado Felipe Fuentes Barrera presentó una propuesta que blinda a estas instituciones de violar suspensiones provisionales, argumentando que detener el proceso electoral afectaría la legitimidad democrática del país.
Con tres votos a favor y dos en contra, este proyecto fue aprobado, generando un debate sobre la constitucionalidad de dichas medidas y el rol del Tribunal en garantizar procesos libres de interferencias legales.
¿Qué implicaciones tiene esta consulta?
De concretarse, esta consulta no solo marcará un precedente en la democratización del Poder Judicial, sino que también permitirá a los ciudadanos participar activamente en decisiones clave para el país.
Los dos enfoques principales en debate son:
- Carrera judicial: Garantizar que los juzgadores cuenten con experiencia y formación especializada.
- Voto popular o insaculación: Un método más directo y democrático, pero con riesgos de inexperiencia.
Ambos modelos tienen ventajas y desafíos, pero la consulta popular permitiría a la ciudadanía decidir qué sistema es más adecuado para el futuro de México.
¿Qué sigue para el Poder Judicial?
La primera elección popular del Poder Judicial está programada para 2025. Sin embargo, si la consulta avanza, su resultado podría transformar el sistema de justicia para futuras generaciones.
Los próximos meses serán decisivos para definir si esta consulta se lleva a cabo y, de ser así, cómo impactará en la estructura judicial del país.
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