A menos de una semana del cierre de registros para las elecciones judiciales de 2025, el panorama muestra avances y desafíos en la búsqueda de una verdadera paridad de género en el Poder Judicial de México. Si bien la legislación establece principios de igualdad, los mecanismos para garantizarlos siguen siendo insuficientes.
Un análisis realizado por Impunidad Cero revela brechas preocupantes en las convocatorias de los tres poderes. Estas inconsistencias podrían limitar la pluralidad y la inclusión, especialmente para mujeres de sectores vulnerables como indígenas, afromexicanas y mujeres con discapacidad.
¿Cómo están estructuradas las convocatorias?
Las convocatorias de los distintos poderes muestran diferencias significativas en la implementación del principio de paridad:
- Poder Judicial de la Federación (PJF):
Es el único que garantiza paridad para todos los cargos, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral (TEPJF), Tribunales Colegiados, Juzgados de Distrito y Tribunales de Justicia. En total, esto abarca 850 puestos. - Poder Ejecutivo y Legislativo:
Aunque aseguran paridad para los cargos más altos como la SCJN y el TEPJF, no establecen reglas claras para los Tribunales Colegiados y los Juzgados de Distrito. Dejan la responsabilidad a los comités evaluadores, lo que abre la puerta a criterios inconsistentes.
Participación femenina: avances insuficientes
Hasta el momento, de las 3,145 personas inscritas, solo el 30% son mujeres. Además, no hay datos claros sobre la representación de otros grupos vulnerables.
Factores como la carga desproporcionada de trabajo doméstico no remunerado y las dobles jornadas laborales limitan la participación femenina. Estas barreras estructurales reflejan una desigualdad persistente que va más allá de las leyes y las convocatorias.
La reforma judicial y su impacto en la paridad
La reforma judicial ha tenido efectos negativos en la ya limitada representación femenina. Según datos del INEGI, hasta 2022 solo 3 de cada 10 titulares de magistraturas y juzgados eran mujeres.
Además, entre 2025 y 2027, muchas mujeres en cargos judiciales enfrentan el retiro obligatorio o la necesidad de someterse al voto popular para mantener sus posiciones, lo que podría disminuir aún más su presencia en el sistema judicial.
Acciones necesarias para garantizar la inclusión
La presidenta Claudia Sheinbaum lo resumió con su emblemática frase: “Llegamos todas”. Pero lograr una representación efectiva va más allá de las palabras. Es imprescindible implementar acciones concretas:
- Establecer mecanismos claros:
Todas las convocatorias deben incluir reglas específicas para garantizar paridad en cada etapa del proceso de selección. - Incluir perspectiva interseccional:
Es fundamental considerar las necesidades de mujeres indígenas, afromexicanas y con discapacidad, asegurando accesibilidad y representación efectiva. - Fortalecer la transparencia:
Publicar información detallada sobre las candidaturas registradas, incluyendo datos de género y otros indicadores de inclusión. - Promover políticas de corresponsabilidad:
Reducir las barreras estructurales, como la desigualdad en las tareas de cuidado, mediante políticas públicas que permitan una participación equitativa.
Paridad, más allá del discurso
Las elecciones judiciales de 2025 representan una oportunidad histórica para transformar el Poder Judicial en un espacio más inclusivo y representativo. Sin embargo, garantizar la paridad de género requiere algo más que menciones superficiales en las convocatorias: es necesario un compromiso real que elimine las barreras estructurales y fomente la participación activa de las mujeres en todas sus diversidades.
El éxito de este proceso no solo depende de cumplir con las normas, sino de generar las condiciones para que las mujeres puedan acceder, permanecer y liderar en el ámbito judicial.
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