Un proceso marcado por la improvisación y las irregularidades
El sistema judicial en México enfrenta una de las crisis más graves en su historia. Lo que se vendió como una reforma para democratizar la elección de jueces y magistrados, hoy se percibe como una maniobra política para controlar el Poder Judicial.
Las irregularidades han sido evidentes y constantes, desde la selección de candidatos hasta la forma en la que se llevará a cabo la votación. ¿Estamos realmente frente a una elección transparente o ante una simulación?
Insaculación en el Senado: el azar por encima de la profesionalización
Uno de los mayores despropósitos de este proceso ha sido la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de permitir que el Senado realice la insaculación de los candidatos.
¿Por qué es preocupante?
- El Comité de Evaluación del Poder Judicial había detenido el proceso por orden judicial, lo que demuestra la falta de claridad en las reglas.
- Se prioriza el azar sobre la meritocracia, lo que deja en duda la idoneidad de los futuros jueces y magistrados.
- Se viola la reforma judicial aprobada en septiembre, ya que se ignoran sus principios y se privilegia la política sobre la legalidad.
En pocas palabras, el Poder Legislativo se ha atribuido funciones que no le corresponden, con el único objetivo de controlar la designación de jueces.
Candidatos sin requisitos: el golpe a la equidad en la elección
El Tribunal Electoral también aprobó una resolución que permite la inscripción de candidatos que no cumplen con los requisitos de elegibilidad e idoneidad.
¿Qué significa esto?
Se vulnera el principio de equidad en la contienda.
Los jueces y magistrados que realmente cumplen con la ley competirán en condiciones desiguales.
Se abre la puerta para que personas sin experiencia o afines al régimen accedan a la SCJN.
En lugar de un proceso basado en méritos, estamos viendo un sistema en el que las reglas se modifican para favorecer a ciertos candidatos.
INE y los distritos judiciales: ¿una estrategia para acomodar candidaturas?
Otra irregularidad preocupante es la decisión del INE de dividir los circuitos judiciales en distritos electorales, permitiendo que los ciudadanos solo voten por ciertos candidatos.
¿Por qué es polémico?
No todos los ciudadanos podrán votar por la totalidad de los cargos.
Se genera un efecto desproporcionado del sufragio, acomodando las candidaturas a conveniencia.
Se viola el principio de igualdad en el voto, favoreciendo la estructura política del partido en el poder.
El propósito de esta reforma era dar mayor legitimidad a los jueces y magistrados, pero con estas decisiones, el resultado será todo lo contrario.
Boletas en papel común: una vulnerabilidad electoral grave
Como si las irregularidades anteriores no fueran suficientes, también se ha anunciado que las boletas de votación podrían imprimirse en papel común si se agota el papel de seguridad.
¿Por qué esto es alarmante?
Aumenta el riesgo de manipulación y fraude electoral.
Elimina garantías básicas de transparencia en el proceso.
Reduce la confianza en la elección y su legitimidad.
Esta decisión demuestra la falta de planeación y el desinterés en garantizar un proceso limpio y confiable.
¿Es realmente una democratización del Poder Judicial?
Con todas estas irregularidades, la pregunta clave es: ¿se trata realmente de una reforma para democratizar el Poder Judicial o de una estrategia para tomar el control de los jueces y magistrados?
Los cambios en las reglas han favorecido al partido en el poder.
Se han ignorado los principios de igualdad y equidad.
Se ha privilegiado la improvisación sobre la transparencia.
En lugar de fortalecer la independencia judicial, este proceso parece estar diseñado para destruirla y someterla a intereses políticos.
La democracia y el Estado de derecho en riesgo
La elección de jueces y magistrados se ha convertido en una maniobra política.
Las reglas se han modificado para acomodar candidaturas afines al régimen.
El INE y el Senado han aplicado estrategias que ponen en duda la transparencia del proceso.
Lejos de democratizar la justicia, este proceso debilita la independencia del Poder Judicial, poniendo en riesgo los derechos de los ciudadanos y la estabilidad democrática del país.
¿El resultado? Un sistema judicial al servicio del poder político, en lugar de los ciudadanos.¿La solución? Exigir transparencia, equidad y respeto por la Constitución en cada paso del proceso.
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