El Gobierno de México identificó diferencias por 8 mil 824 millones de litros de combustibles, equivalentes a 61 mil 700 millones de pesos, en las operaciones declaradas durante 2025. El hallazgo apunta a irregularidades en distintos eslabones de la cadena de suministro y coloca a las empresas comercializadoras en el centro de la revisión contra el huachicol fiscal.
Durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el trabajo coordinado entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía (Sener), Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras dependencias busca cerrar espacios al contrabando de combustibles y a las prácticas que permiten evadir impuestos.
La mandataria también abrió la posibilidad de modificar las leyes para reducir los riesgos asociados con la figura del comercializador, un intermediario que puede intervenir entre la importación y la venta final de hidrocarburos.
“Estamos viendo incluso si es necesario cambiar leyes para disminuir esta figura del comercializador que es el que puede generar mayores desbalances”, señaló.
El objetivo, explicó, es detectar las operaciones irregulares, exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitar que continúen las prácticas que alimentan el huachicol fiscal.
¿Cuánto dinero representan las irregularidades detectadas en combustibles?
La secretaria de Energía, Luz Elena González, presentó los resultados del análisis de las facturas y los registros de compra y venta correspondientes a 2025. El ejercicio identificó un desbalance de 8 mil 824 millones de litros, equivalente a 61 mil 700 millones de pesos anuales.
La cifra representa una diferencia detectada al comparar la información declarada por las empresas que participan en la cadena de suministro. No significa, por sí sola, que todo ese volumen haya sido robado o que cada operación identificada constituya un delito acreditado.
El cruce de información permitió ubicar los segmentos donde se concentran las inconsistencias. De acuerdo con la titular de Energía, 72% de los desbalances correspondió a la comercialización y 13% a los expendios, es decir, las estaciones de servicio.
La distribución de las diferencias es relevante porque muestra que el problema no se limita a la entrada de combustibles al país o a su traslado por carretera. También puede manifestarse en los registros de compra, venta y facturación que acompañan el recorrido del producto hasta su comercialización final.
Para las autoridades, identificar esas discrepancias es un paso para combatir el huachicol fiscal, determinar qué empresas deben aclarar sus operaciones y establecer las posibles responsabilidades administrativas o penales.
¿Cómo funciona el huachicol fiscal y qué delitos se investigan?
Sheinbaum explicó que las irregularidades pueden involucrar tanto el contrabando de combustibles como prácticas relacionadas con la facturación.
Una empresa puede declarar que vendió un volumen mayor al que realmente comercializó y emitir facturas por esa operación. También puede reportar una cantidad inferior a la efectivamente importada o proporcionar información incorrecta sobre el producto que ingresó al país.
Estas diferencias pueden utilizarse para ocultar el origen de los hidrocarburos o alterar los registros que permiten determinar las obligaciones fiscales correspondientes.
La presidenta señaló que entre las conductas que se busca combatir están el contrabando de combustible y el llamado delito facturero. En este contexto, la revisión busca detectar inconsistencias entre las cantidades importadas, comercializadas, distribuidas y vendidas.
El huachicol fiscal se relaciona con esquemas de contrabando o irregularidades fiscales en el mercado de hidrocarburos. Es distinto del robo físico de combustible a ductos, aunque ambas modalidades forman parte de los problemas que las autoridades buscan enfrentar.
La distinción es importante: una diferencia en los registros constituye una señal que debe aclararse. Para atribuir responsabilidades se necesitan las actuaciones correspondientes de las autoridades competentes y, cuando proceda, los procesos legales respectivos.
¿Por qué la comercialización concentra 72% de los desbalances?
La comercialización fue el segmento con mayor proporción de inconsistencias, según los resultados presentados por la Sener. Los expendios concentraron otro 13%, mientras que el resto se distribuyó entre los demás participantes de la cadena de suministro.
La presidenta señaló que el Gobierno analiza si es necesario modificar las leyes para disminuir los riesgos relacionados con la figura del comercializador.
El planteamiento busca revisar una etapa que conecta a distintos participantes del mercado y en la que las autoridades identificaron la mayor parte de las diferencias entre los registros declarados.
El esquema de monitoreo contempla la trazabilidad de las operaciones desde la importación hasta la venta en gasolineras. Esto permite contrastar información de permisos, volúmenes y facturas para identificar discrepancias entre las cantidades que cada participante reporta.
En el combate al huachicol fiscal, esta trazabilidad es clave para que las autoridades no dependan únicamente de decomisos o inspecciones físicas. La comparación de datos también puede revelar operaciones que requieren una revisión fiscal o regulatoria.
La información presentada por el Gobierno no implica que todos los comercializadores o expendios hayan incurrido en conductas ilegales. La responsabilidad debe establecerse caso por caso, con base en los registros y las investigaciones correspondientes.
¿Qué hará el Gobierno contra el huachicol fiscal?
González explicó que el análisis de 2025 permitió identificar a los participantes de la cadena cuyas operaciones presentan inconsistencias. Según la funcionaria, ahora las autoridades cuentan con información para determinar qué importadores, comercializadores, distribuidores y gasolineras reportaron combustibles sin un origen declarado en sus facturas.
La secretaria sostuvo que las empresas que utilizaron sus permisos de manera inadecuada deberán rendir cuentas ante las autoridades competentes y regularizar el pago de impuestos que corresponda.
Sheinbaum, por su parte, indicó que el trabajo coordinado busca sancionar a quienes participaron en el contrabando de combustibles y evitar que esas prácticas continúen.
El Gobierno también reportó resultados del control de importaciones. Entre enero y septiembre de 2026, el volumen de combustibles declarado en importaciones aumentó 10.54% respecto del mismo periodo de 2025, al pasar de 23 mil 933 a 26 mil 455 millones de litros. La presentación de la Sener también reportó más de 500 multas por información errónea, tardía o inexacta y ocho agentes aduanales con procesos administrativos y legales.
Estos datos forman parte del balance de las medidas de vigilancia. No obstante, las cifras de importación, las sanciones administrativas y los procedimientos legales corresponden a indicadores distintos y no deben interpretarse como si todos acreditaran por sí mismos un caso de huachicol fiscal.
¿Cómo busca el Centro de Monitoreo cerrar la puerta al contrabando?
El Centro de Monitoreo permite comparar la información que generan los distintos participantes del mercado de combustibles. La estrategia integra datos de varias dependencias para identificar diferencias entre los volúmenes reportados en cada etapa de la cadena.
El esquema contempla importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio. Al revisar los registros de cada etapa, las autoridades buscan detectar operaciones que no coincidan con las cantidades facturadas o declaradas.
En la presentación oficial también se informó que se rectificaron volúmenes en pedimentos de importación y se verificaron cargamentos en 14 aduanas. Además, se reportó la recuperación de volúmenes de combustible que se pretendían internar ilegalmente y su equivalencia en términos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La meta es que las discrepancias puedan detectarse con mayor rapidez y que las empresas involucradas sean requeridas para explicar sus operaciones. Si se confirman incumplimientos, las autoridades podrán determinar las sanciones fiscales, administrativas o penales que correspondan.
El alcance de la estrategia dependerá de que el intercambio de información se traduzca en investigaciones concluidas, cobro efectivo de impuestos y sanciones sustentadas en pruebas.
Por ahora, el Gobierno afirma que ya identificó diferencias millonarias en la cadena de combustibles y que busca cerrar los espacios utilizados para el contrabando y la evasión fiscal. El siguiente paso será conocer qué casos se acreditan, cuánto dinero se recupera y si las medidas logran impedir que el huachicol fiscal vuelva a operar mediante facturas y declaraciones inconsistentes.
