La elección judicial: un proceso de confrontación y resistencia
El camino hacia la elección de jueces y magistrados en México ha estado marcado por la controversia, la resistencia y la confrontación entre distintas fuerzas políticas y judiciales.
Lo que debería ser una transición ordenada hacia un nuevo modelo de justicia, basado en la voluntad popular, se ha convertido en una batalla en la que el Poder Judicial parece negarse a ceder el control.
La renuncia del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación ha sido un golpe al proceso. Su salida, lejos de aclarar el camino, expuso una crisis de liderazgo y la falta de estrategia para enfrentar las acciones legales emprendidas para frenar la elección judicial.
Los miembros del comité no asumieron una postura firme ante la avalancha de amparos y recursos interpuestos para obstaculizar la reforma. En lugar de defender el mandato constitucional, tomaron una actitud pasiva que solo debilitó la imagen de la justicia frente a la sociedad.
¿Una resistencia legítima o una defensa de privilegios?
El fondo del problema no es solo jurídico, sino político e institucional. El Poder Judicial se enfrenta a una transformación sin precedentes, pero dentro de sus filas hay quienes se aferran al viejo régimen, argumentando que la elección de jueces y magistrados por voto popular pone en riesgo la independencia judicial.
Sin embargo, esta oposición también puede interpretarse como una defensa de los privilegios y el control que la cúpula judicial ha ejercido por décadas.
México ha pasado por distintas transiciones políticas:
- 75 años de un régimen de centro izquierda con el PRI
- 36 años de gobiernos neoliberales
- Ahora, una nueva era bajo la 4T
El cambio en el Poder Judicial es parte de esta transformación. La reforma busca poner fin a una estructura que, en muchas ocasiones, ha servido a intereses políticos y económicos más que a la justicia misma.
El voto popular, lejos de ser una amenaza, es un intento de democratizar la justicia y devolverle la confianza de la ciudadanía.
La Constitución es clara: el cambio es inevitable
Más allá del debate sobre si la elección de jueces es la mejor solución, lo cierto es que la Constitución ya lo establece.
El proceso electoral de 2024 reflejó el respaldo de la mayoría a esta reforma, y los esfuerzos por desacreditarlo parecen ignorar la voluntad popular.
El artículo 96 de la Constitución establece que la Suprema Corte de Justicia debe postular candidatos en el marco de esta reforma. La gran incógnita es si la SCJN asumirá su responsabilidad o se sumará a la resistencia interna.
El nuevo sistema de elección judicial no busca desestabilizar el Estado de derecho, sino fortalecerlo a través de un proceso más transparente y representativo.
Críticas y descalificaciones: ¿debate o desgaste político?
La oposición a la elección judicial ha sido feroz. Hay quienes advierten que este modelo puede generar una politización excesiva de la justicia, y que los jueces estarán sujetos a la influencia de partidos y grupos de poder.
Sin embargo, la crítica sin propuestas solo genera incertidumbre y desconfianza.
Si bien es cierto que el modelo puede mejorar, descalificarlo sin ofrecer alternativas solo debilita la credibilidad del Poder Judicial y refuerza la idea de que hay sectores interesados en mantener el status quo.
La solución no es frenar el proceso, sino encontrar mecanismos que perfeccionen el nuevo andamiaje legal.
El reto de la SCJN: asumir su papel o ceder ante la presión
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en una encrucijada histórica.
Por un lado, tiene la responsabilidad de postular a los candidatos para la elección judicial, como lo marca la Constitución.
Por otro, enfrenta presiones internas y externas de aquellos que ven en esta reforma una amenaza a la autonomía del Poder Judicial.
La pregunta clave es: ¿la SCJN cumplirá con su función constitucional o intentará frenar el cambio?
De su postura dependerá en gran medida la estabilidad y legitimidad del nuevo modelo judicial en México.
El desafío de transformar la justicia en México
La elección judicial no es solo un tema de leyes y procedimientos. Es un cambio profundo que definirá el futuro de la justicia en el país.
El proceso ha sido caótico y polarizante, pero es una realidad que ya está en marcha.
México necesita un Poder Judicial más transparente, accesible y comprometido con la justicia social.
La resistencia al cambio es natural, pero los principios democráticos deben prevalecer. La sociedad exige una transformación en la impartición de justicia, y el Estado debe garantizar que el proceso se lleve a cabo con legitimidad y sin interferencias.El reto es enorme, pero el mandato es claro: la Constitución ordena el cambio, y México no puede permitirse seguir anclado en un sistema judicial que no responde a su pueblo.
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