En México, el Poder Judicial se encuentra en el centro de una controversia que podría costar a los ciudadanos más de 13 mil millones de pesos. Esto se debe a una reforma impulsada por Morena para elegir a jueces, magistrados y ministros a través del voto popular en las elecciones de junio próximo. Sin embargo, este costoso proceso no solo ha despertado dudas sobre su viabilidad y efectividad, sino que, además, ha generado una confrontación con el Instituto Nacional Electoral (INE) por el presupuesto requerido para llevarlo a cabo. ¿Realmente traerá beneficios al sistema judicial o se trata de un error que México pagará con años de rezagos?
¿Por qué esta reforma judicial cuesta tanto?
La cifra de 13 mil millones de pesos, casi equiparable al presupuesto de grandes proyectos públicos, se asignará al INE para organizar estos comicios judiciales. A modo de comparación, este monto podría destinarse a construir 13 mil viviendas de interés social, mejorar los sistemas de salud y educación o incluso apoyar a sectores afectados por la inflación.
Lo que subyace detrás de esta costosa elección es la disolución del servicio profesional de carrera judicial, un sistema que hasta ahora aseguraba la preparación, experiencia y compromiso de los jueces con la legalidad.
Con la reforma, el proceso de selección de jueces y magistrados se basa en la elección popular, algo sin precedentes que preocupa a expertos y ciudadanos, ya que en lugar de fortalecer la justicia, podría politizar las decisiones judiciales, afectando la imparcialidad.
Luisa María Alcalde y su crítica al INE: ¿Un reclamo justo o infundado?
Luisa María Alcalde, quien fue secretaria de Gobernación y ahora lidera Morena, ha criticado abiertamente al INE por la solicitud de un presupuesto que considera «excesivo». Sin embargo, este reclamo pierde fuerza cuando recordamos que fue el mismo partido Morena el que impulsó y aprobó la reforma sin prever el costo de su implementación.
Alcalde, así como otros funcionarios, insiste en que los costos son injustificados, pero ¿acaso la legislatura no debió considerar estos gastos antes de aprobar una reforma tan ambiciosa?
Además, el INE se enfrenta a un posible recorte presupuestal que podría afectar sus operaciones. En este contexto, el reclamo de Alcalde parece no reconocer que el INE ha sido el encargado de sostener la democracia en México y que el presupuesto solicitado responde a la magnitud de una elección sin precedentes.
Los riesgos de politizar el Poder Judicial
Con la desaparición del servicio de carrera judicial y la elección de jueces mediante el voto popular, surgen varios riesgos importantes. Uno de los más destacados es que el sistema de justicia podría estar a merced de intereses partidistas o grupos de poder, restando autonomía a los jueces y ministros, cuya función debería ser garantizar la justicia sin prejuicios políticos.
La preocupación principal es que las decisiones judiciales se vuelvan vulnerables a la influencia de actores externos que financien las campañas de los candidatos a jueces y magistrados. En lugar de responder a principios de justicia y equidad, la judicatura podría responder a intereses económicos o políticos. Este cambio, impulsado por la reforma, afectará tanto al sistema judicial como a los ciudadanos, quienes dependen de jueces preparados, imparciales y éticos.
¿Era necesaria esta costosa reforma judicial?
La respuesta no es sencilla. Muchos expertos en derecho y académicos han cuestionado la necesidad de elegir jueces, magistrados y ministros a través del voto popular. Lo que se considera una medida populista no necesariamente fortalece el sistema judicial, pues no resuelve los problemas de corrupción o ineficiencia.
La verdadera factura de las malas decisiones
El costo de esta reforma no se limita a los 13 mil millones de pesos que costará en dinero público. Su verdadera factura se pagará en los años por venir, cuando los ciudadanos enfrenten un sistema de justicia debilitado, politizado y posiblemente corrupto. El tiempo y el dinero invertidos en estos comicios judiciales podrían haber tenido un impacto más positivo en el país si se hubieran destinado a fortalecer los pilares del Poder Judicial ya existentes.
Las elecciones judiciales impuestas por Morena no resolverán los problemas de corrupción y desconfianza que enfrenta el sistema judicial. Por el contrario, podrían agravarlos y convertir a los jueces en personajes susceptibles a influencias políticas. Las elecciones no crecen en los árboles, y los costos de estas malas decisiones tendrán que pagarlos todos los mexicanos.
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